La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se pronunciará este martes en un fallo clave que podría obligar a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado.
La decisión de este tribunal estadounidense de segunda instancia determinará si el país puede continuar su apelación sin desprenderse de este importante capital accionario o si deberá presentar otra garantía.
Las implicancias de este veredicto son vastas, con posibles consecuencias significativas para la economía y la política exterior de Argentina, especialmente si la justicia estadounidense considera que el país incurre en desacato.
El origen de la disputa millonaria
El conflicto judicial tiene sus raíces en la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
En una primera instancia, la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, ya condenó al Estado argentino a pagar U$S 16 mil millones por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de la petrolera.
Con los intereses acumulados desde entonces, la cifra se ha elevado a U$S 18 mil millones, una suma que representa una carga extraordinaria para un país que enfrenta serias dificultades para fortalecer sus reservas en el Banco Central.
Argentina apeló este fallo inicial, y la audiencia para dicha apelación está programada para fines de octubre, posterior a las elecciones legislativas nacionales.
La presión de Buford Capital
Mientras tanto, Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio y es el principal beneficiario del caso, ha intensificado su presión sobre Argentina.
Burford busca demostrar que el Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que le permitiría avanzar sobre otros activos estatales.
Con ese fin, solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, además de exigir la transferencia directa del 51% de las acciones estatales en YPF.
La jueza Preska ya había determinado previamente que las acciones debían ser entregadas, pero Argentina apeló esa decisión, solicitando un “stay” (suspensión de la medida) hasta que se resuelva la apelación en septiembre.
Los tres posibles escenarios en la Corte de Apelaciones
La inminente resolución de la Corte de Apelaciones podría materializarse en al menos tres caminos distintos:
- No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
- Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
- Concede la suspensión a Argentina, lo que pospondría la resolución final sobre la entrega de las acciones por un par de meses, hasta septiembre, cuando la Cámara decida sobre la procedencia de la orden de “turnover” de Preska.
Las consecuencias de un fallo adverso
Si la decisión resulta adversa para Argentina (es decir, cualquiera de los primeros dos puntos), el Estado estaría dispuesto a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esta medida es considerada “poco habitual” para un litigio administrativo, pero el país está dispuesto a intentarlo.
No obstante, en la mayoría de estos casos, el tribunal superior opta por no intervenir, lo que dejaría firme la decisión de la Cámara de Apelaciones.
En caso de que Argentina no acate un fallo adverso, el país incurriría en desacato, una situación que podría acarrear sanciones severas.
Las posibles penalidades no se limitarían a multas económicas.
Burford, encargado de solicitar a Preska que declare al país en desacato, podría impulsar consecuencias como trabas para la emisión de deuda o un aumento en la desconfianza de inversores internacionales.
Esto ocurre en un momento crítico, cuando la administración de Javier Milei busca activamente atraer capitales extranjeros.
Además, allegados a la causa han mencionado la posibilidad de medidas más extremas, como impedir el ingreso de funcionarios del Gobierno argentino a Estados Unidos o incluso la revocación de visas para ciudadanos argentinos, aunque tales medidas requerirían la firma de la jueza Preska.
