En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Justicia logró realizar en las últimas horas la extracción forense del celular de Diego Spagnuolo, el titular del organismo señalado como el protagonista de los audios que desataron la causa, y ahora busca pruebas que corroboren las graves acusaciones.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal, fue la encargada de la compleja tarea de abrir el dispositivo de Spagnuolo, quien había entregado sus dos celulares sin la respectiva contraseña.
Esta información será entregada al fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación.
La clave para dilucidar la verdad
Los teléfonos son considerados una “prueba determinante” en la causa.
La Justicia tiene como principal objetivo probar la veracidad de lo planteado por Spagnuolo en los audios difundidos, donde se habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y/o droguerías a la firma Suizo Argentina.
Según los dichos de Spagnuolo, un porcentaje cercano al 3% de esos pagos supuestamente iba a funcionarios de alto nivel, como Lule Menem y Karina Milei.
La pregunta central que ahora buscará responder la fiscalía es si hay en el interior de estos dispositivos información que corrobore los dichos de Spagnuolo, o si existen mensajes con Karina Milei que afirmen algún posible circuito de sobornos.
Fuentes judiciales señalaron que también hay tareas en trámite sobre los demás dispositivos celulares.
Los teléfonos que investiga la Justicia
La tarea de recolectar los dispositivos no fue sencilla. La Justicia también había puesto el foco en los teléfonos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
En el caso de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, se había escapado cuando fueron a buscarlo a su casa, y recién entregó su teléfono celular en la Justicia días después, apagado y sin la contraseña.
La trama de corrupción que sigue la Justicia
La denuncia original, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, apuntaba directamente contra Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
La sospecha inicial es que todos “habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.
Los presuntos delitos bajo investigación incluyen cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, e incluso se plantea la posibilidad de una asociación ilícita entre los actores indicados.
El juez Casanello, con celeridad, ordenó los allanamientos un día después de la denuncia.
Para el fiscal Franco Picardi, existe “sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”.
La fiscalía concentra su investigación en dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen a un organismo público (la Andis) con una droguería (Suizo Argentina), que a su vez es una de las principales proveedoras de medicamentos para la Agencia.
El escrutinio sobre Suizo Argentina es cada vez mayor, especialmente tras conocerse que sus contratos con el Estado se dispararon exponencialmente bajo la administración actual, pasando de $ 3.898 millones en 2024 a $ 108.299 millones en lo que va de 2025, un incremento del 2678% que ya había encendido las alarmas.
El resultado del análisis de los celulares de los implicados será crucial para determinar el futuro de esta compleja y sensible investigación.
