La Justicia de EE.UU. le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación. Así lo reclamó la jueza Loretta Preska, aunque el fallo puede ser apelado.
Las acciones de YPF comenzaron a marcar un pronunciado rojo durante la tarde del lunes, tanto en Wall Street como en el Merval.
La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X.
Qué dispuso la jueza Preska sobre YPF
En el fallo, la jueza Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones.
En marzo pasado, la misma jueza había rechazado un pedido para investigar cómo fue la nacionalización de la petrolera.
El fallo de Preska
“Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”, cierra el fallo de Preska.
“Desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló el escrito.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado.
También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”. Es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EE.UU.
Jueza Preska también ordenó entregar acciones de YPF a Fondo Buitre
La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York dictó un segundo fallo en el mismo día contra el Estado nacional, ordenando la transferencia de sus acciones de YPF al fondo Bainbridge. Esta decisión se enmarca en una sentencia vinculada a deuda soberana en default.
La resolución establece la entrega de las acciones como una forma de resarcimiento parcial en una causa separada pero relacionada con el incumplimiento de títulos de deuda. El fondo Bainbridge, uno de los litigantes, cuenta con un fallo favorable en un juicio por la reestructuración de deuda en default que asciende a U$S 95 millones.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en demandas contra el Estado argentino, advirtió en la plataforma X sobre este doble golpe, señalando que las acciones de YPF ya habían caído casi un 6% en Nueva York durante el día, y este nuevo fallo podría profundizar esa situación.
Bainbridge ya había manifestado su intención de hacerse con acciones de YPF para cubrir la sentencia firme a su favor, lo que lo llevó a iniciar un proceso de discovery para encontrar activos del Estado que pudieran ser embargados. El fondo había solicitado previamente información sobre el oro en las reservas del Banco Central que había sido sacado del país, y también había pedido embargar una propiedad de la Cancillería argentina en Washington, alegando su uso comercial.
El argumento central utilizado por Bainbridge, similar al de otros fondos como Burford y Eton Park, es que el Tesoro nacional es el alter ego del Banco Central, lo que permitiría apuntar a los activos de ambos para cubrir las compensaciones.
Esta doble decisión marca una jornada “especialmente compleja” para el país, con consecuencias potenciales sobre el control accionario estatal en la principal compañía energética argentina. El gobierno, por su parte, se encuentra en “conmoción” y estudia las primeras medidas legales a tomar.
