Desde hace tiempo, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los cordobeses y es el problema central de jurisdicción provincial.
El Estado cordobés no sólo tiene una complicación con la creciente, variada y compleja manera como el delito azota a la población, algo que el gobernador Martín Llaryora relacionó con el crecimiento de la pobreza, sino que tiene severas falencias institucionales que lo debilitan para dar combate ante el flagelo.
Hay un triángulo que resulta central en la prevención, en la persecución y en el castigo del delito: la Policía, la Justicia y el Servicio Penitenciario. La prevención y represión; la persecución penal y el juzgamiento; el cumplimiento de la condena de quienes deben ser apartados de la sociedad para que no sigan delinquiendo.
En Córdoba, hoy crujen los tres vértices del triángulo. Llaryora no les encuentra la vuelta a los dos que dependen del Ejecutivo, mientras que se mantienen los altos niveles de cuestionamiento social hacia un Poder Judicial lento y a veces más afecto a la puerta giratoria que a la persecución en serio de la actividad delictiva.
El gobernador intenta mandar mensajes para encauzar a su principal fuerza de seguridad, pero tiene una situación de colapso interno, producto, entre otras cosas, de las falencias en la conducción política de la Policía.
Un subjefe preso y una larga lista de oficiales detenidos por los más diversos delitos, casi un oficial por día involucrado en algún escándalo, disputas internas que se hacen externas, una plana mayor de perfil entre bajo y difuso.
La tenida partidaria entre los líderes opositores, Luis Juez y Rodrigo de Loredo, con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se torna casi anecdótica ante la magnitud del problema.
Funcionarios presos
La Policía y la Justicia son los vértices más visibles y expuestos del triángulo que debe velar por la seguridad de los cordobeses. El tercero, el Servicio Penitenciario, tiene una situación límite, rayana con el descontrol.
Además de superpobladas, las cárceles cordobesas están transidas por la corrupción interna. No se puede pensar en mecanismos eficientes para luchar contra la delincuencia si no hay un sistema penitenciario medianamente adecuado.
Hay una vasta trama de corrupción en las cárceles de Córdoba, que se remonta a varios años y que llevó al fiscal Enrique Gavier a detener a toda la cúpula del Servicio Penitenciario, entre ellos a Juan Bouvier, quien se desempeñó 15 años en ese cargo y fue apresado mientras aún estaba en funciones.
El fiscal ya le avisó al Gobierno que, aun preso, Bouvier le sigue manejando las cárceles. Pero el Ejecutivo no tomó nota y nunca evaluó su traslado a un establecimiento fuera de los límites de la provincia.
No sólo eso: nombró en cargos clave del Servicio Penitenciario a funcionarios de Bouvier que ya venían sospechados y que desde esta semana le hacen compañía en el cada vez más poblado pabellón destinado a miembros de las fuerzas de seguridad de Bouwer.
El ministro de Justicia, Julián López, puso en el importante puesto clave de jefe de Seguridad del Servicio Penitenciario a Cristian Namur, quien ahora fue imputado y detenido por supuestamente participar de esa trama de corrupción de venta de celulares, de drogas, de permisos, de favores y de salidas.
El mismo caso para Marcelo Chávez, quien era nada más ni nada menos que titular del Tribunal de Conducta interno, es decir, el responsable de analizar los desvíos en las conductas de los carceleros.
Ya son 18 los presos en esta causa, y el fiscal siempre ha dejado claro que son hechos que vienen desde hace mucho tiempo y sigue sin estar claro si continúan sucediendo.
La gran duda en esta causa es si se avanzará hacia arriba en las responsabilidades políticas. Quienes conocen el funcionamiento del Servicio Penitenciario aseguran que Bouvier no pudo haber montado esa estructura sin la aquiescencia de sus superiores.
