Los números pocas veces reflejan la realidad de una gestión. Pero, por diversos motivos, la cifra de la inflación de diciembre fue muy esperada, tanto en la Casa Rosada como en el Centro Cívico.
Dicen que el presidente Javier Milei les dijo a sus íntimos, cuando el jueves conoció la inflación del mes pasado, que a nivel nacional fue del 25,5%: “Es un numerazo. Si me decían el 10 de diciembre de esta cifra, firmaba con las dos manos. Deberían llevar en andas al ministro (Luis) Caputo”, habría exagerado el presidente libertario, con un optimismo difícil de descifrar.
El nuevo mandatario trata de vender que si no hubiera tomado las medidas de ajuste que muchos sectores le cuestionan, la suba de los precios hubiera sido superior al 45%.
Un argumento difícil de contrastar con la realidad. El “éxito” que los libertarios intentan instalar no es percibido por una sociedad que sufre las consecuencias de un proceso inflacionario que, hay que decirlo, es casi toda responsabilidad del anterior gobierno.
La devaluación del 54%, a dos días de haber asumido, que seguramente alimentó la inflación, es lo único achacable a esta nueva gestión ultraliberal.
A más de 700 kilómetros de la Casa Rosada, Martín Llaryora no se sorprendió con el 24,2% que midió en Córdoba la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia, el “Indec local”.
El gobernador ya tenía el dato de que la inflación “rondaría” el 25% en la provincia. La cifra es apenas menor que a nivel nacional, pero generó zozobra en el Centro Cívico. Es exactamente lo que los gremios estatales le exigirán de aumento salarial para el corriente mes.
En los próximos días, el secretario General de la Gobernación, David Consalbi, convocará a los gremios para discutir el incremento para los sueldos públicos.
Antes de sentarse a negociar, las diferencias son tan grandes que cobra fuerza una posibilidad concreta: aumento por decreto, ante la posible falta de acuerdo.
Los estatales se aferran al acuerdo paritario firmado por el anterior gobernador Juan Schiaretti, en septiembre pasado.
En los papeles figura que para los meses de noviembre, diciembre y enero, la inflación medida en Córdoba se transforma automáticamente en aumento salarial.
Llaryora ya denunció ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia que ese acuerdo “está caído”. Su argumento es la inflación desbocada.
Los gremios no se dan por enterados. “Para nosotros la paritaria sigue vigente. El secretario de Trabajo no nos comunicó que el acuerdo homologado esté caído”, coinciden los referentes de los estatales.
Según los gremios, Omar Sereno, el secretario de Trabajo, aún no comunicó la novedad de que aquella paritaria no corre más.
Es probable que lo haga en los próximos días. El oficialista Sereno no continúa –precisamente– al frente de la cartera de Trabajo (perdió el rango de ministerio para pasar a ser secretaría) para darle malas noticias al Gobierno.
La estrategia de los gremios es conocida: reclamarán un aumento del 24,2%, igual a la inflación del mes pasado.
Llaryora no muestra sus cartas, pero en privado brinda algunas pistas. Les adelantó a sus negociadores con los gremios que no puede ofrecer ni la mitad de lo que marcó la inflación.
Un funcionario llaryorista paladar negro, fue más allá. “Si es por los ingresos, que cayeron un 17% el mes pasado, no estamos en condiciones de ofrecer nada de aumento”, sentenció.
Pocas veces hubo tantas diferencias antes de negociar. En el Centro Cívico barajan algunas alternativas. Todas les caerán mal a los estatales: una posibilidad es un aumento no remunerativo, con suma fija, de acuerdo a lo que la Provincia pueda pagar, según sus ingresos.
La otra alternativa es más drástica y no tiene casi antecedentes en la historia reciente: que el gobernador otorgue un aumento por decreto.
“Dije que íbamos a ir a fondo desde el principio. No se puede prometer lo que no estamos seguros de poder pagar, en un contexto económico nacional cargado de incertidumbre”, argumentó el nuevo gobernador ante quienes lo escucharon en los últimos días.
Los gremios pondrán el grito en el cielo si hay un decretazo pero, en el fondo, no es el camino más espinoso: la Provincia asumiría el costo de dar un aumento sin acuerdo.
De este modo, los líderes de los gremios estatales quedarían cubiertos ante sus afiliados de no tener que explicar un incremento salarial que seguramente estará muy lejos de cubrir el fogonazo inflacionario.
Durante este mes, con la administración pública paralizada y las aulas cerradas por el receso veraniego, los gremios tienen las manos atadas para hacer sentir sus reclamos.
“El mes que viene será otra historia”, graficó uno de los gremialistas, apuntando a que con la actividad normalizada tendrán más herramientas de presión. Sobre todo, en las escuelas y en los hospitales, los sectores más sensibles para la sociedad cuando se afecta la actividad normal.
El pasado reciente
Llaryora afronta una realidad complicada en tres cuestiones socialmente delicadas: salud, educación y seguridad.
El nuevo gobernador no puede hablar del pasado reciente. Menos instalar un debate público en estas tres áreas de gestión, porque desnudaría una herencia no deseada recibida de Juan Schiaretti, su principal socio político.
En la pasada campaña provincial, el nuevo mandatario se benefició por ser el candidato oficialista. Tuvo la posibilidad de disponer de todas las herramientas que le brindó el poder.
Ahora, en su primer mes de gestión como gobernador padece la situación de tener que afrontar una dura realidad, alimentada por la crisis económica nacional, sin poder hablar del Gobierno anterior. Y ni hablar de la deuda de casi 2.300 millones de dólares que ahora debe afrontar.
Un oficialista con buena lectura política describió el presente de Llaryora. “Si Martín fuera (Maximiliano) Pullaro, todas las medidas que impulsa serían las adecuadas. Pero, es el heredero del “Gringo” (Schiaretti) y se tiene que hacer cargo en silencio de lo que recibió, que no es la Córdoba reluciente de la que se habló en la campaña presidencial”.
El experimentado peronista se refería a que Pullaro es un dirigente radical, que desde la oposición se convirtió en el nuevo gobernador de Santa Fe en reemplazo del peronista Omar Perotti.
El nuevo mandatario santafesino puede apelar a discutir el inventario. Llaryora no tiene esa posibilidad.
Los propios funcionarios llaryoristas admiten por lo bajo que hay motivos para declarar la emergencia en salud, en educación y en seguridad. Pero políticamente es inviable para Llaryora, porque sería mojarle la oreja al schiarettismo duro.
