Desde hace tres años y medio, Argentina tiene la anomalía institucional de carecer de un jefe de los fiscales federales designado de acuerdo con lo que dispone la Constitución.
Esa brecha que divide a lo que hoy son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sumada a las divergencias internas en el actual oficialismo, determinan que no se haya logrado cubrir desde diciembre de 2017 el cargo de procurador General de la Nación.
En aquel momento, la gestión de Mauricio Macri logró desplazar a Alejandra Gils Carbó, que ocupaba el cargo desde el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Gils Carbó, de activa militancia kirchnerista, renunció no sólo por la presión del macrismo, sino por denuncias en su contra por la compra de un inmueble.
Macri, que estaba en minoría en el Senado, no pudo ni siquiera arrimarse a los consensos que necesitaba para llegar a los dos tercios exigidos para la designación. Quedó así como provisorio Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo cuestiona desde el primer momento, tal como lo hacía el macrismo con Gils Carbó.
Con la llegada de Alberto Fernández al poder, pareció destrabarse la posibilidad de tener los dos tercios de la Cámara Alta para tener un procurador General de acuerdo con lo que exige la Constitución, que consagra al Ministerio Público Fiscal como un órgano autónomo del Poder Judicial y con la responsabilidad de la persecución penal y de la representación de la sociedad en los procesos judiciales.
Fernández nominó al juez federal Daniel Rafecas, un magistrado que había tenido gestos importantes hacia el kirchnerismo en dos causas clave: Ciccone y el atentado contra la Amia. En la primera, fue apartado luego de mandar mensajes contando detalles de las actuaciones que involucran al hoy condenado Amado Boudou; en la segunda, archivó en pocas horas la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento a los autores del ataque.
Pese a ello, Cristina, vicepresidenta y titular del Senado, nunca vio con buenos ojos a Rafecas, al que no considera confiable, y eso demoró el tratamiento en la Cámara Alta, donde sectores de la oposición estaban dispuestos a acompañar el pliego.
Fue así como surgió la idea de cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal y de que su titular, en vez de ser elegido por los dos tercios, sea aprobado por mayoría simple, con lo cual esa figura perdería consensos políticos amplios.
La ley quedó empantanada esta semana después de que el Frente de Todos no logró reunir los votos necesarios, ni siquiera de sus aliados, para aprobarla, en medio de múltiples reacciones en contra de la modificación. Y Rafecas ratificó que, si bajan la cantidad de votos necesarios, no aceptará ser designado.
Cordobeses
El presidente del bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que, si bajan la cantidad de votos exigidos para la nominación, se pierde “la autonomía e independencia que plantea la Constitución”. “El kirchnerismo actúa, una vez más, de forma facciosa. Va por la Justicia a cualquier costo y a cualquier precio, es la obsesión de tapar la impunidad”, agregó.
Desde el Frente de Todos, la diputada por Córdoba Gabriela Estévez describió el proyecto como un intento de “normalizar, democratizar y modernizar al Ministerio Público”.
“No se puede tener cargos vitalicios en pleno siglo 21”, se quejó Estévez, en alusión a que actualmente el cargo de procurador se equipara al de un juez y sólo se termina por edad (75), renuncia o juicio político, mientras que el proyecto oficialista quiere bajar a cinco años el mandato. “Nunca es bueno que alguien se atornille a un cargo”, completó la legisladora kirchnerista.
Y agregó que intentan “una modernización institucional, como la creación de procuradurías contra la violencia de género o en defensa del ambiente y la biodiversidad”.
Pero el mayor énfasis lo puso en el carácter de interino del actual procurador Casal. “Nadie aceptaría tener tres años y medio a un presidente interino a cargo de la Corte o del Gobierno, es impensado”, dijo Estévez, que interpretó el rechazo de Juntos por el Cambio como un intento de “tapar el desastre económico, social e institucional que dejaron”.
Para Negri, “el mandato de Casal proviene de una subrogancia establecida en la ley. No lo puso ni lo mantuvo Juntos por Cambio, sino el orden de subrogancia legal, ya que era el que seguía a Gils Carbó según lo establece la ley”.
El legislador radical indicó que la vacancia “es responsabilidad de la supermayoría peronista del Senado, que no activó el tratamiento del pliego que mandó Macri primero (Inés Weinberg de Roca) y Alberto Fernández después”. “Se escandalizan por el interinato de Casal y resulta que tienen un tercio de los juzgados federales y fiscalías vacantes”, sostuvo.
Los que también rechazan cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal son los cuatro diputados de Hacemos por Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti. “Todas las reformas que hacemos en Córdoba se hacen por consenso, por lo que no vamos a aceptar estos cambios”, explicó Carlos Gutiérrez, jefe de la bancada.
Respecto del cuestionamiento del Frente de Todos de que en Córdoba el fiscal General requiere mayoría simple y no agravada, Gutiérrez dijo que la Constitución provincial no coloca al Ministerio Público Fiscal como “un extrapoder, sino dentro del Poder Judicial”.
“Tanto el exgobernador José Manuel de la Sota como el gobernador Juan Schiaretti han renunciado a la facultad constitucional de enviar pedidos de acuerdo para designar jueces y funcionarios judiciales que no estén en los primeros lugares del orden de mérito del Consejo de la Magistratura”, remarcó Gutiérrez.
Sobre qué pasará ahora y si se tratará o no el pliego de Rafecas si se cae la ley que impulsa el oficialismo, Negri ratificó que están dispuestos a acompañar, Gutiérrez dijo que lo van a analizar y Estévez evitó responder.
