En una semana el gobernador Martín Llaryora dará su mensaje a la Legislatura de Córdoba. El tercer año de gestión ya está en marcha, y en pocos meses comenzará la cuenta regresiva para las elecciones 2027, en las que buscará su reelección. Estas son, tal vez, las únicas certezas políticas que ofrece hoy el escenario cordobés: casi todo lo demás por ahora es incierto.
La oposición a Llaryora tomó vacaciones en bloque en enero. Entre los que van volviendo, predomina por ahora la inquietud por marcar diferencias entre ellos, antes que por buscar coincidencias.
Los libertarios mantienen la cautela, a sabiendas de que cualquier anticipación puede activar los fusiles de Karina Milei. Gabriel Bornoroni es quien mejor interpretó esos códigos y confía en el sistema de reconocimiento a la subordinación que le viene dando frutos y generando altas expectativas de ser el candidato a gobernador de Javier Milei.
Luis Juez lo imita: profundiza su total alineamiento con La Libertad Avanza a nivel nacional, y también potencia la capacidad de obstrucción a la gestión provincial que le brinda el hecho de controlar a la mayoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La UCR tiene tres ramas dispuestas a dar combate: un sector que avanza hacia la incorporación al mileísmo, otro que que en los hechos juega con Provincias Unidas –invocando al santafesino Maximiliano Pullaro, se acerca cada vez más a Llaryora– y un tercer sector que pretende resucitar las banderas partidarias.
Nadie se descuida. Nadie queda afuera del clima de época que indica que puede irrumpir un liderazgo atípico de cualquier lado y cuando menos se lo espere.
De momento, la principal idea aglutinante de todos esos sectores es la de impedir la reelección de Llaryora y el octavo período consecutivo del peronismo cordobés en el poder. Todo lo demás está por discutirse: quién, con cuántos, para hacer qué cosas en la administración provincial. Lo cierto es que tienen tiempo y consideran que tienen a su favor la disposición social al cambio, el factor que por sí solo –y con independencia de quién sea el candidato– puede transformar la lógica política que dominó durante un cuarto de siglo en Córdoba.
Es probable que sea ese factor el que más complica a Llaryora. La decodificación del nuevo escenario es una tarea ciclópea para toda la dirigencia tradicional y en el peronismo cordobés no hay nadie que no pertenezca a esa categoría. El tema es que en la oposición tradicional tampoco son tantos: el uso avezado de redes sociales no exime a nadie de las décadas que se acumulan viviendo del Estado.
Impacto por doble vía
Claramente el peronismo cordobés se encuentra entre las fuerzas más impactadas en el país por esos cambios sociales que llevaron a Javier Milei a la Presidencia de la Nación. Del mismo modo que las cuentas provinciales son ahora exigidas al extremo por las políticas libertarias: al desafío del cambio de todas las reglas de la dinámica política, los gobernadores le suman las dificultades de la gestión amenazada por el desfinanciamiento simultáneo que supone el abrupto recorte de fondos nacionales, la parálisis de la economía y la presión mileísta por la reducción de impuestos.
Llaryora resistió ese mandato en 2024 y 2025. En 2026 bajó los impuestos patrimoniales y sigue al pie de la letra el manual del ministro Luis Caputo, que le facilita los avales para compensar con endeudamiento los fondos que ya no transfiere la Nación y celebra que las empresas y las provincias tomen deuda en el mercado internacional, ya que eso ingresa dólares.
Mañana la Provincia de Córdoba concretará la colocación del bono 2035. Hace 10 días el equipo económico de la Provincia partió a Nueva York con el objetivo de conseguir U$S 500 millones. La emisión primero se frenó por la inestabilidad que Donald Trump generó en los mercados y luego se potenció por la caída del riesgo país, que está en el nivel más bajo desde 2018. El protocolo de la emisión, publicado el viernes en al Boletín Oficial, amplía a U$S 800 millones el límite de la colocación, que se destinará a la recompra de deuda para despejar el 2027 y a infraestructura.
Llaryora apuesta a capear la incertidumbre política con gestión –es el manual tradicional del PJ cordobés– y para eso necesita recursos: los tendrá con más endeudamiento si la coparticipación sigue en baja y los recursos propios se planchan.
Los intentos del Ejecutivo provincial por acelerar en materia de gestión se topan ahora con un freno potente en el Tribunal de Cuentas. Tras dos años de pulseadas permanentes pero discretas, la conflictividad escaló hasta presagiar un inminente conflicto de poderes entre el organismo que debe controlar a legalidad del gasto provincial y el Ejecutivo.
Es habitual que los expedientes que envía el Ministerio de Seguridad sean tratados con especial detenimiento y todas las dilaciones posibles por los ex socios juecistas del ministro Juan Pablo Quinteros. Esta vez, bloquearon una licitación que el Panal considera estratégica: la compra de un sofisticado sistema de drones patrulla para la Policía de Córdoba, una operación de U$S 6,8 millones que tuvo un único oferente y que los juecistas reprobaron por motivos que el Panal considera insuficientes e impropios del control de legalidad que deben llevar a cabo.
En el llaryorismo predomina el convencimiento de que el juecismo avanzará en el bloqueo de la gestión en el año clave de la administración y se disponen a resistir las objeciones a la puesta en marcha del sistema de drones “más potente del país”. También resulta evidente el impuso político a Quinteros, el ministro más popular del Gabinete y un muy posible candidato a intendente de la ciudad de Córdoba.
La inseguridad y la presión impositiva son las principales fuentes de críticas de la oposición cordobesa. Llaryora bajó los impuestos patrimoniales y en 2025 también pudo exhibir una reducción del 23% en la tasa de homicidios de la provincia: 2,28 cada 100 mil habitantes. La Nación celebró días después la media de 3,7 a nivel país.
Esto no quita la gravedad de la inseguridad en lo que hace a robos y arrebatos, pero desacredita las versiones opositoras de que “Córdoba es un baño de sangre”. La inquina contra Quinteros crece, y sus posibilidades políticas también.
Luego de años de denuncias por la supuesta “puerta giratoria” de la Justicia cordobesa, la estadística también desacredita las dudosas verdades que genera la politización extrema de todos los temas. Córdoba es, por lejos, la provincia con más presos del país.
Ya lo era en 2024 –antes de que encarcelar “naranjitas” fuese una costumbre cotidiana de la Policía– cuando tenía una tasa de 377 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, mientras que la media del país es de 258 detenidos. Y eso que los datos son de fin de 2024, cuando había 14.736 personas presas en Córdoba. En la actualidad hay unas 17 mil.
Hacer política con la seguridad nunca es buena idea. Ni cuando lo hace el oficialismo, ni cuando lo hace la oposición.
