La deuda bruta pública de la Argentina asciende a U$S 397.788 millones, lo que implica un aumento de U$S 74.723 millones durante la presidencia de Alberto Fernández.
El dato corresponde al corte al 31 de marzo de este año e implica que la nueva administración endeudó al país a un ritmo de U$S 60 millones por día.
El dato se conoce en medio de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la renegociación de un crédito por U$S 44 mil millones que le otorgó en 2018 al por entonces presidente, Mauricio Macri. Aunque fue parte de una restructuración en 2022, cabe aclarar que ese monto ya estaba computado en los pasivos cuando Fernández llegó a la Casa Rosada.
De este modo, la deuda contraída por la actual administración es 1,7 veces superior a la asumida por el gobierno de Cambiemos.
De acuerdo a la información que publicó este lunes el Ministerio de Economía el 33% de la deuda se encuentra nominada en moneda local mientras que el 67% restante en moneda extranjera.
El 70% del total de la deuda es a través de títulos públicos, el 20% corresponde a organismos multilaterales, un 5% a Letras del Tesoro, un 4% a adelantos transitorios del BCRA y un 1% a otros instrumentos.
Al 31 de marzo la deuda computada con el FMI es de U$S 46.041.
Pese a esta situación, el Gobierno continúa buscando más préstamos para poder financiar la economía hasta las elecciones.
Durante su última visita a Washington, el ministro de Economía, Sergio Massa, anudó una serie de acuerdos que implicarían ingresos en los próximos meses por unos U$S 500 millones.
Mientras tanto, negocia que se revierta el flujo negativo que Argentina tendrá con el FMI en 2023, que representaría una nueva deuda de unos U$S 2.000 millones.
La UBA avaló el canje
El dato positivo en la jornada para el equipo económico fue el aval que otorgó la UBA al canje de deuda sobre títulos en manos de organismos públicos.
La Facultad de Economía dictaminó que “tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización”.
Este respaldo institucional es un fuerte respaldo al ministro de Economía, Sergio Massa, ya que la operación de canje dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 164/2023 había sido rechazado en forma contundente por la oposición, que acusó al gobierno de “saquear” la caja de jubilaciones.
Si bien la operación se planteó sobre todos los organismos del Estado, sin dudas el tema más sensible era el efecto sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra ANSES, ya que es el mayor tenedor de esos papeles.
Con el visto bueno de la UBA y del FMI se espera que en los próximos días comience efectivamente el swap.
La UBA entendió que el “FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes que realiza ANSES, por ello las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional”.
Y yendo a los números precisó que “en el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial es de casi 46% producto de la venta y posterior suscripción del bono dual 2036 por el 70% del producido. Complementariamente, los organismos reciben el 30% restante en efectivo”. A su vez, “el canje de los bonos globales implica una revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos en torno al +104% promedio. Si bien esta valorización se reduce si tomamos precios de mercado potenciales de los títulos a canjear, el resultado sigue siendo positivo para los organismos alcanzados por esta medida (+23,4%)”.
La UBA enfatizó que “las operaciones de canje tienen efecto neutro sobre la deuda total del sector público consolidado ya que solo implican un cambio de activo al interior de los organismos que lo conforman”.
No obstante, advirtió que “debe considerarse el efecto relacionado con el aumento de la deuda pública nominada en moneda extranjera en manos del sector privado, que resultaría como parte de la operación bajo análisis de la eventual venta de títulos públicos en el mercado a precios muy por debajo de la par”.
“Dólar agro”
La Secretaría de Agricultura publicó este lunes el listado de 1700 productos de economías regionales que podrán acceder a una cotización del dólar de $ 300.
La medida incluye a las actividades vitivinícola, olivícola, apícola, pesquera, forestoindustrial, lanera, como así también de la producción de legumbres, ajo, té, maní, tabaco, limón, frutas –tales como la cereza, la ciruela y el arándano– y productos especiales que se destinan al mercado externo casi con exclusividad como el maíz pisingallo, el girasol confitero y los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos debidamente certificados y autorizados por el organismo competente.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario el volumen operado este lunes en “dólar agro” fue de U$S 146.307.956. El total acumulado en seis jornadas trepó a U$S 961.673.753.
Frente a este nivel, el BCRA compró U$S 73 millones y de esta forma el rojo del mes se reduce a U$S 47 millones.
