La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Verónica Analía Fabro (49), exjefa del Pami de La Falda, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Los camaristas avalaron de este modo la medida dispuesta por el juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, quien la había procesado en junio pasado. Fabro –quien recientemente fue limitada en sus funciones en el Pami y es además presidenta del PJ de Huerta Grande– quedó bajo investigación federal hace tiempo.
Denuncia y sospechas
La causa comenzó a partir de la denuncia que presentaron los dueños del local donde funcionaba por entonces la sede del Pami La Falda (en calle España 263), ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos del Pami.
El fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, acusó a Fabro de haberse interesado presuntamente en la negociación del alquiler de un inmueble que es propiedad de Mario Decara, defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, y de José Luis Decara y su esposa, Claudia Clara Gontero.
A favor del inmueble de los Decara, Fabro resaltó que el costo de alquiler era inferior respecto del que ocupaban en ese momento y que, además, contaba con mayores dimensiones y mejor ubicación.
Según la acusación, Fabro “tenía un vínculo previo” con Decara, pero no puso “en conocimiento dicha situación que podía involucrar falta de objetividad en la negociación”.
El 18 de junio de 2014 Fabro remitió al director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III del Pami una solicitud de cambio del inmueble. Le informó la posibilidad de alquilar la propiedad de Decara, la describió como más favorable y remarcó las deficiencias del lugar por entonces alquilado: problemas funcionales, de instalaciones y de confort, etcétera.
El primer llamado a concurso fracasó a finales de 2015 porque la Comisión Evaluadora dictaminó que José Decara había alterado la oferta, al presentar inicialmente un precio por el alquiler y luego modificar los términos.
En enero de 2016 comenzaron nuevamente las gestiones para la búsqueda del nuevo inmueble. Fabro actualizó los datos requeridos e incluyó en la nueva propuesta aspectos que diferían de la anterior respecto de requerimientos para las especificaciones técnicas.
La funcionaria solicitó mayor superficie del inmueble para depósito y archivo, a pesar de que la cantidad de personal era la misma y se registraba una disminución de la cantidad de afiliados, según la acusación.
De esta manera, pasó de pedir 190 metros cuadrados a solicitar 300 m2. “Precisamente, la oferta anterior presentada por los postulantes Decara y Gontero ofrecía 310 metros”, advirtió el fiscal. La UGL III adjudicó así a los Decara y a Gontero la contratación del local (ubicado en Meinke 32) como nueva sede.
Hairabedian señaló que durante el proceso, Fabro habría tenido un vínculo con Mario Decara (exintendente de Huerta Grande), quien había pedido al Pami el pase de esta a la Defensoría. “La capacidad y la experiencia de la señora Verónica Fabro son de suma importancia para el desarrollo de diversos programas que se llevan a cabo en esta Defensoría del Pueblo”, justificó Decara. Sin embargo, el Pami rechazó su solicitud.
Al ser indagada, Fabro negó el hecho y se abstuvo de declarar.
El juez Vaca Narvaja la procesó al sostener que intervino en el procedimiento de contratación con un interés distinto al de su rol como funcionaria. “Fabro tuvo actuaciones en el trámite de locación incluso luego de presentada la nota de Decara para solicitar su pase. Esto permite entender que existía un grado de relación entre Fabro y Decara, al punto tal que este intentó llevarla a trabajar al organismo que dirige”, señaló el magistrado.
El Código Penal establece que será reprimido con prisión “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Los defensores de Fabro pidieron la revocación del procesamiento. Afirmaron que no había sido ella quien había adjudicado la contratación, porque no le correspondía.
Manifestaron, además, que no se demostró que Fabro hubiera tenido un interés distinto al de su rol como funcionaria y que el vínculo con Decara no se demostró, ya que sólo se basó en dos notas de traslados fundados en la capacidad y la experiencia de Fabro.
También plantearon que el oferente había sido José Decara, no el defensor del Pueblo de la Provincia, y explicaron que el primero y la esposa poseían el 66% de la propiedad, mientras que Mario Decara tenía una porción minoritaria.
Fallo de la Cámara
La Sala B, no obstante, confirmó el procesamiento. El camarista Abel Sánchez Torres (con la adhesión de su par Liliana Navarro) sostuvo que la funcionaria “habría intervenido con un interés distinto al de su calidad de funcionaria en el proceso de contratación”.
Resaltó que Fabro “no se limitó a justificar el porqué de la necesidad de mudar la sede (…) sino que también informó que había tomado conocimiento de un local que presentaría mejores condiciones (…), detallando extensamente sus superiores características y señalando el valor”.
“Además, (Fabro) resaltó que el hecho de la habitual falta de inmuebles con las particularidades requeridas (…) para el normal funcionamiento de la agencia hacía a esta oferta relevada excepcional, por lo que la ponía a conocimiento”, afirmó el vocal.
Para Sánchez Torres, por su carácter de funcionaria, “no resulta dable interpretar que este direccionamiento a favor del inmueble” de los Decara “haya sido efectuado por Fabro en el desconocimiento del régimen existente en materia de contratación de inmuebles”.
“La irregularidad cometida por Fabro –que podría interpretarse como una propuesta de contratación directa para alquilar ese inmueble– fue detectada por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la UGL III, que recalcó cuál era el trámite administrativo por seguir en caso de que el requerimiento de búsqueda de nuevo local efectuado por la funcionaria tuviese acogida favorable”, agregó.
En el concurso fracasado de 2015, la propiedad que se ofreciera debía tener, entre otras especificaciones, una superficie mínima de 190 metros cuadrados cubiertos. La única invitación girada a una persona física fue la dirigida a José Decara, ya que las demás fueron enviadas a inmobiliarias.
Decara ofreció (oferta N° 1) un inmueble de 310 m2. Los otros bienes tenían 190 m2 (oferta N° 2), 333 m2 (oferta N° 3), 220 m2 (oferta N° 4) y 190 m2 (oferta N° 5). Sin embargo, sólo quedaron vigentes la N° 1 (de los Decara), la N° 2 y la N° 4, porque las propiedades ofrecidas en las ofertas N° 3 y N° 5 ya habían sido alquiladas al momento de la inspección técnica.
El informe emitido por Arquitectura indicó que las ofertas N° 2 y N° 4 resultaban inapropiadas por su ubicación, con lo que concluyó que la N° 1 era la de mayor interés. Sin ser vinculante ese dictamen, la Comisión Evaluadora advirtió que la propuesta inicial de José Decara se realizó por un canon locativo de $ 22.500 mensuales. Pero luego aclaró que ese sería el precio por el primer año, con un incremento anual del 20%.
La comisión observó que al modificarse la oferta, se vulneró la resolución 135/03 (alteración de la oferta), por lo que el director ejecutivo de la UGL resolvió dar por fracasado el concurso y realizar un nuevo llamado.
Al actualizar los datos para el cálculo de metraje del futuro local, Fabro detalló nuevamente los aspectos y solicitó que el inmueble tuviera más espacio físico, lo que llevó a Arquitectura a estimar que, como mínimo, contara con 300 m2.
Esa era, “llamativamente, la cantidad de metros ofrecidos por José Decara, Mario Decara y Gontero en la oferta N° 1 del concurso declarado fracasado”, advirtió el camarista, y mencionó que dos días antes de que Fabro especificara las presuntas nuevas necesidades de la sede, Mario Decara solicitó al Pami el pase de la funcionaria a la Defensoría. El pedido finalmente fue denegado.
El local de los Decara fue adjudicado en 2017. “La funcionaria se habría apartado de las reglas cardinales de imparcialidad que debió resguardar, violando, de tal modo, en su dimensión funcional la fidelidad pública exigida en el manejo de la actividad propia de su función y, en particular, de la dependencia”, afirmó Sánchez Torres.
“Puede inferirse (…) que, en su carácter de funcionaria, habría efectuado acciones con la ultraintención de que el local por ocupar para el funcionamiento de la agencia la Falda (…) resulte un inmueble de Mario Decara”, agregó. Y aludió a que el interés del agente público en la contratación “debe ser particular, pero no necesariamente de carácter patrimonial, pudiendo incluso encontrarse motivado en un beneficio político o partidario”.
“Limitación” como jefa
El Pami resolvió “limitar” las funciones de Fabro como jefa, como así también el adicional jerárquico por “modificaciones en el flujo administrativo y prestacional” en la sede. Eso “conlleva la necesidad de llevar adelante la reorganización funcional” de la agencia, justificó.
En la resolución de la semana pasada se detalló que pasó a ser administrativa.
