El profundo conflicto que enfrenta a las universidades nacionales con el gobierno de Javier Milei y que resonó en las calles de las capitales y grandes ciudades de toda la Argentina deja expuestos los límites del discurso presidencial como ningún otro de los muchos frentes que abrió la gestión libertaria.
La idea del topo que vino a destruir el Estado desde adentro todavía recibe aplausos de buena parte de los votantes de La Libertad Avanza cuando se aplica al cierre de algunas áreas del Estado a las que casi nadie les conocía alguna utilidad y hasta genera ovaciones del sector más radicalizado cuando se aplica al despido de miles de empleados públicos. En ese sector aún se celebra el cierre del Ministerio de la Mujer, del Inadi o del recientemente desaparecido Instituto Argentino del Transporte.
Pero la moraleja de esta fàbula es la del topo que quedó encerrado en su propio discurso de demolición frente a un sistema universitario que, además de ser la institución estatal más respetada por los argentinos, representa la más cercana perspectiva de futuro para las familias de buena parte de los más de dos millones de estudiantes universitarios del sistema público y gratuito.
La unanimidad de los rectores, la inmensa mayoría de los docentes y buena parte de los estudiantes perciben que Milei planea destruir las universidades y por esa razón volvieron a protestar. Ni el Presidente ni la ministra de Capital Humano, ni el secretario de Educación, ni el de Políticas Universitarias –verdaderos desconocidos de la gestión libertaria– hablaron hasta ahora de mejorar el sistema, y la comunidad universitaria hace meses que se pregunta qué más sabe hacer un topo que romper desde adentro. La respuesta quedó a la vista en las calles.
También están a la vista la falta de gestión del sistema universitario y un desinterés por la educación superior que no resulta compatible con ningún proyecto de desarrollo. El gobierno libertario no da respuesta a los sectores gremiales que denuncian una caída histórica de los salarios, y tampoco a los rectores que advierten que el Presupuesto 2025 prevé apenas la mitad de los recursos necesarios para sostener el sistema universitario.
Pero la gestión de Milei y Pettovello tampoco da respuesta alguna a los sectores que defienden la universidad pública aunque consideran que el sistema tiene históricos vicios de opacidad y ausencia de controles efectivos, tanto a nivel presupuestario como académico. Ni a quienes denuncian manejos corporativos o consideran una afrenta a la eficiencia el hecho de que haya 65 universidades –y que el año pasado se crearan cinco más– o que la “productividad” de egresados sea bajísima. El Gobierno exagera el número de extranjeros que se forman gratuitamente en las universidades argentinas, pero tampoco hizo nada por lograr una salida racional a esa situación que comprende a casi el 5% de la matrícula.
La única receta aplicada hasta ahora es la denostación en masa de las universidades –se sigue hablando de adoctrinamiento– y un hachazo de casi un tercio de los recursos de todo el sistema.
La indolencia con la que actúa frente a la pérdida de clases por paros y a la cada vez más cercana interrupción del ciclo lectivo es proporcional a la sistemática búsqueda de desprestigio que La Libertad Avanza evidencia respecto de la universidad pública. No hubo paritaria, las negociaciones fueron casi nulas excepto ante la inminencia de las dos marchas federales y, ante la imposibilidad de evitar las protestas, el Gobierno apeló a la tergiversación: llegó a plantear que el 38% de la matrícula universitaria es inventada.
No hay racionalidad alguna en esa negociación, y ya casi no hay negociación. Queda el Congreso: es ahí donde se define mucho de lo que estuvo en juego en las calles de todo el país.
