El dirigente justicialista Guillermo Ceferino Kraisman (61) está privado de la libertad desde el mediodía del pasado sábado por el presunto intento de robo de mercadería en el supermercado Mariano Max, ubicado en Vélez Sársfield al 4.100, barrio Las Flores (Irupé).
Las cámaras de seguridad del centro comercial lo detectaron en una actitud irregular a las 13.25 y, al ser interceptado por guardias, se habría generado un altercado que terminó con presuntos insultos, amenazas y resistencia a la acción de los policías de adicional que trabajan allí. Además, desde la Policía y la Justicia provinciales indican que Kraisman habría arrojado a un uniformado un frasco de vidrio de uno de los productos que habría intentado sustraer ocultándolos entre sus ropas.
El exconcejal, asesor legislativo y hasta el momento de su aprehensión funcionario municipal, habría sustraído -según fuentes policiales- un pack de jamón crudo, otro de bondiola, un pote de mermelada y un frasco de vidrio con cerezas (que resultó roto).
El procedimiento terminó con Kraisman conducido al Establecimiento Penitenciario 9 - Unidad de Contención del Aprehendido (EP9, UCA), donde quedó a disposición del fiscal de Distrito 1, Turno 3 de Córdoba, José Mana. El funcionario lo imputó como supuesto autor de tres delitos: “robo en grado de tentativa”, “amenazas” y “resistencia a la autoridad”.
Sólo 24 horas después de conocerse el episodio que terminó con el funcionario sorprendido “en flagrancia”, el domingo el intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini echó a Kraisman de su cargo de director de Asuntos Comunitarios, de la Secretaría de Deportes que comanda Héctor “Pichi” Campana.
La condición de “aprehendido” se mantenía hasta la tarde del lunes, cuando se esperaba la planilla prontuarial en la oficina del fiscal Mana. Más tarde, desde la misma defensa de Kraisman informaron a La Voz que ya estaba técnicamente “detenido”.
En esa fiscalía están tomando “los últimos testimonios”, entre empleados, policías y clientes del supermercado ubicado en el extremo sur de la capital provincial.
Una vez que se concluya con ese trámite, el jueves o viernes se le tomará la declaración indagatoria al imputado, algo que informaron desde la fiscalía y de la defensa.
Los abogados que asumieron para representar al dirigente político son Diego Casado y Humberto Margara. El primero de ellos habló con este diario y comentó que solicitará que se muestren otras cámaras de seguridad para apreciar con mejor detalle cómo ocurrió la escena del supuesto robo. Para el penalista, no se aprecia con claridad lo que se le adjudica a Kraisman.
Otro punto que controvierte Casado es el de la figura penal de “robo” en grado de tentativa. Para él, en caso de confirmarse, se trataría de un “hurto” porque no se ejerció violencia sobre la cosa para la supuesta sustracción.
De todos modos, los defensores entienden que una vez que se tome la indagatoria avanzarán sobre un pedido de morigeración de la medida de sujeción. Casado se inclinó por varias alternativas para que su cliente continúe el proceso en libertad: bajo caución (fianza) de tipo real (dinero), personal o juratoria.
Causa Kraisman: extinguir la persecución penal
Si bien Casado no quiso pronunciarse al respecto, trascendió de fuentes judiciales que los abogados se inclinarían por una estrategia defensiva que se asiente sobre una conciliación o reparación integral del perjuicio.
Esto está contemplado desde hace pocos años con la aparición del inciso 6 del artículo 59 del Código Penal que contempla la extinción de la acción (o persecución) penal cuando el autor de un delito logra conciliar con la víctima y/o resarcirla en su totalidad.
El artículo 59 del Código Penal establece una serie de incisos (7) en los que prevé que la Justicia deja de perseguir al autor de un delito por diferentes motivos: su muerte, una amnistía, la prescripción, entre otras. Introducido en junio de 2015 por la ley 27.147, el inciso 6 contempla esta solución al proceso penal con la conciliación o con la reparación integral del perjuicio ocasionado. En este caso, la mercadería y algún daño que pudiere haberse provocado.
Casado resaltó que de ninguna manera puede adjudicarse a Kraisman que esto tenga vinculación con la función pública y que fue detenido en un acto de su vida de ciudadano.
No es la primera vez que Kraisman (o su defensa) apela a una salida de esta manera. A mediados de la década del 2000 fue apartado del cargo de concejal (Unión por Córdoba) luego se soportar denuncias penales que finalmente se resolvieron con una probation judicial.
