La cúpula del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, encabezada por Gabriel Suárez (62) y Jorge Molina Herrera (64), sufrió un nuevo revés judicial al ser procesada como presunta líder de una asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y defraudación. Los dirigentes también fueron embargados por 50 millones de pesos en total.
La medida fue resuelta por el juez federal N°1, Ricardo Bustos Fierro (secretaría Penal de Facundo Troncoso) en medio de un voluminoso expediente que comenzó hace dos años con el requerimiento de acción penal impulsado por el entonces fiscal Gustavo Vidal Lascano, hoy jubilado, y proseguida actualmente por el titular de la Fiscalía Federal N°2, Carlos Casas Nóblega.
El procesamiento también alcanza al secretario de Actas Fernando Navarro (54), parte integrante de la cúpula con Suárez y Molina Herrera. “Los tres (por Suárez, Molina Herrera y Navarro) se habrían valido de sus funciones para realizar una serie de movimientos financieros en perjuicio del sindicato y en beneficio propio, lo que se pudo ver reflejado del análisis realizado a los informes e-fisco acompañados de cada uno de ellos y de la denuncia de Procelac, la que tiene su fundamento en los informes de inteligencia de la UIF y de las pruebas”, indicó el juez.
La medida del juez, sin prisión preventiva (aunque no pueden salir del país), implica a Alexis Daniel Fidelbo (38), José Ramón Galván (60), Oscar Fabio Guzmán (52), Daniel Edgardo Lozano (57), Roque Daniel Tapia (56) y Yanina Victoria Molina (33, hija de Molina Herrera).
Se incluyó en la nómina, por otro lado, a Justiniano Oscar Arce (70), Fernando Delfor Delgado (25), Gisela Dalinda Tahan (40), Liza Rocío Loyola (25), Rita Ivana Carranza (35), Juan Bernardo Benito Farías (72), Valentín Estanislao Figueroa (83) y Cecilia Ivone Pérez (28), Enrique Lorente (75), Emilio Ricardo Chaer (70) y Martín López (39).
Procelac y cheques
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de inteligencia emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos”, desde 2012, por parte de integrantes del sindicato.
Las suspicacias estaban vinculadas a cuentas bancarias de sus representantes que podrían haber ocasionado perjuicios económicos al propio gremio. En la denuncia figuraban Suárez, reelecto en 2019, y su “N°2”, Molina Herrera- y otros integrantes del sindicato.
Del análisis preliminar realizado por Investigación de Lavado de Activos, Gendarmería y dos expertos se revisaron las copias de cheques librados contra la cuenta corriente del sindicato en el Banco Nación.
Tres presuntas formas
Según la investigación de Vidal Lascano, la defraudación se habría llevado adelante de tres formas. Una, mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción. Los cheques se cobraban directamente por ventanilla o se endosaban a favor de los empleados sindicales Fidelbo, Galván y Guzmán (sin conocer su destino).
La segunda manera consistía aparentemente en librar cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. En la presunta mecánica delictiva, un supuesto apoderado o autorizado de esa persona jurídica endosaba el cheque a favor de un tercero sin aparente vinculación con esa persona y/o a favor de los autorizados de la cuenta. En ese caso, tampoco subyace dónde terminaron los fondos.
El juez puso de relieve la declaración testimonial de un eximprentero y exsocio de Tahan (imputada), quien proveía servicios al gremio.
El excomerciante dijo: “Los negocios que realiza el sindicato con los proveedores, según conoce, son a través de cheques en su totalidad. Son cheques a largo plazo, entre 90 y 120 días. Normalmente fraccionan el total de la operación en varios cheques y, según conoce, solicitarían a los proveedores que uno de esos cheques sea devuelto a ellos a través de endoso por parte del proveedor. Que, según conoce, esto es una condición que impone el sindicato para poder trabajar con ellos. Que estas exigencias, por lo que sabe, se realizan a través de Jorge Molina Herrera. Que las operaciones con los proveedores eran sobrefacturadas utilizando muchas veces facturas truchas (…) o también usaban facturas modificadas donde agregaban ítems de productos para hacer montos inflados y así poder justificar las salidas de dinero”.
“Algunas de las maniobras descriptas en los hechos de defraudación quedarían corroborados los dichos del testigo en cuanto al modo en que operaba el sindicato y el método utilizado para hacerse con el dinero en efectivo”, afirmó el juez.
La tercera modalidad, a su vez, habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados, que tenían como beneficiarios, mayormente, a Fidelbo, Galván y Guzmán o personas que registraban inconsistencias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) o que no registran ninguna actividad comercial o que resultan beneficiarios de planes sociales o jubilaciones.
Montos
De la investigación de la Fiscalía Federal N°2 surgió que libraron cheques por diferentes cantidades a cobrar en el Banco Nación y Bancor. La particularidad es que las cifran en muchos casos eran redondas (por ejemplo, surgen montos reiterados de 50 mil pesos) y disímiles en valor: algunos fueron librados por cifras desde los 6 mil, 10 mil, 18.400, 26 mil, 35 mil, 40 y 50 mil pesos hasta cheques por 300 mil, 350 mil, 470 mil, 700 mil y 950 mil.
“De los hechos se pueden observar que todos coinciden en algo: los montos de los cheques librados no superan los 50 mil pesos (situación ésta que no generaría alertas en el banco), todos son endosados a terceras personas que no tienen actividad económica alguna registrada ante Afip, pero que, en su mayoría, son empleados o jubilados de la Asociación Mutual para Profesionales Técnicos y Personal superior de la Administración (Ampes)”, indicó.
Esa entidad “tampoco guarda relación con el sindicato a excepción de que sus empleados eran los que cobraran en efectivo los montos de los cheques, que como bien podría explicarse serían los famosos ‘coleros’ (…). Otro tema es que los cheques fueron cobrados el mismo día en el Banco Nación o con pocos días de diferencia, generando de esta forma un retiro de dinero en efectivo importante y perdiendo su trazabilidad”.
Las operaciones, a las que calificó de “dudosa licitud” sobre el destino del dinero, generó una situación “permeable a posibles desvíos de fondos” hacia los patrimonio personales de la cúpula sindical (Suárez, Molina Herrera y Navarro) como organizadores de una asociación ilícita con la participación de Fidelbo, Galván y Guzmán como autorizados al retiro en efectivo de sumas importantes de las cuentas del Nación y Bancor.
Estos últimos manifestaron que el dinero que retiraban era entregado a las autoridades o los que ellos les indicaban. Para la Fiscalía, tanto Guzmán como Galván habrían manejado cheques como endosantes y beneficiarios por 3.335.000 de pesos y 6.150.000 de pesos, respectivamente.
Por lo tanto, consideró que Suárez, Molina Herrera, Navarro, Fidelbo, Galván y Guzmán habría perpetrado una defraudación por administración fraudulenta, ya que como empleados del sindicato y apoderados/firmantes de sus cuentas “contaban con el poder para lograr la materialización del dinero a través del endoso y posterior cobro de los cheques en ventanilla del banco”.
También apuntó contra la presunta participación necesaria de los “coleros” sin vinculación con el gremio o quienes habrían sido beneficiarios de algún cheque, porque los cobraron.
En los casinos
De acuerdo con Procelac, Molina Herrera habría realizado apuestas “considerables” en la ruleta. Al parecer, ingresaba a los casinos de Villa Carlos Paz, Río Ceballos, Villa María y Rosario con fichas y/o dinero y se retiraba con fichas pero sin pasar por las cajas públicas.
Al parecer, intermediaros realizaban el cambio de fichas. Para la UIF, la operatoria mencionada por Procelac podría considerarse como “inusual” y tendiente a “eludir normativas en materia de prevención de lavado de activos”.
Los más de 13 millones al parecer no guardarían “relación ni justificación” con los ingresos de Molina Herrera, a quien en los pasillos de Tribunales se lo conoce como “lucky player” (jugador con suerte). Los montos, según el fiscal, provendrían de la supuesta defraudación al propio gremio.
Ampliación
En su momento, Vidal Lascano resolvió ampliar las imputaciones por supuesta defraudación en contra de Suárez (seis nuevos hechos), Molina Herrera (seis nuevos hechos) y Fernando Navarro, secretario de Organización y Actas (11 nuevos hechos). A este último se le suma un hecho por presunto lavado de activos de origen delictivo.
Con los elementos recabados, el fiscal también imputó a tres empleados sindicales: Roque Daniel Tapia (secretario de Previsión Social), Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera).
Los papeles, en algunas ocasiones, habrían terminado a su nombre como de terceros sin vinculación de acreencia aparente con el sindicato (jubilados, sin actividades comerciales declaradas o sin conexión con el gremio).
La sospecha de la fiscalía es que, en el caso de Navarro, habría comprado un vehículo y dos departamentos con las presuntas maniobras ilegales sin poder justificarlo con sus ingresos como empleado de Epec. La declaración de bienes personales de 2016 arrojó que el total de bienes llegaba a más de 3,2 millones de pesos. Entre los bienes y sus ingresos declarados, su patrimonio aumentó 550%.
Vidal Lascano destacó que, como en los otros casos, al parecer se cambiaban cheques a largo plazo (de cinco a siete meses), sin ser corrientes en el circuito comercial. A eso se sumaba, según sospecha el fiscal, que los cheques se cobraran en un mismo día. Las “sumas no eran destinadas al cobro de servicios sino que eran dadas a los efectos de desviar los fondos y luego hacerse de ellos”, planteó.
Posteriormente, en la causa aparecieron nuevos actores que habrían intervenido en las maniobras de defraudación: Tapia, Lozano y Victoria Molina. Entre julio de 2015 y junio de 2016, los tres y Navarro habrían intentado conseguir un “lucro indebido” en perjuicio de los intereses de los destinatarios del Fondo Compensador y el remanente creado destinado a jubilados y pensionados de Epec.
Las operatorias aparentemente ilícitas involucrarían dos maniobras sostenidas en el tiempo y mecanizadas.
La primera habría consistido en darle al remante el Fondo Compensador un destino diferente al legal. La segunda, habría incluido otorgar préstamos de dinero desde el área de Fondo Compensador a otras áreas del gremio (Administración Central, Vivienda, Préstamo, Turismo, Cultura, Acción Social y Deportes).
“Teniendo en cuenta que el nuevo reglamento (…) dispone que no puede dársele al Fondo Compensador un destino distinto al legalmente establecido (distribuir la diferencia entre el haber jubilatorio y el 82% de su remuneración en el caso de jubilados y la diferencia entre los haberes que percibe y el 75%, en el caso de pensionados) puede inferirse (…) que las personas señaladas, violando sus deberes y valiéndose de las facultades legales que se les confirieron, habrían realizado préstamos desde el Fondo (…) a distintas áreas del sindicato (…) perjudicando patrimonialmente a los destinatarios del Fondo: los jubilados y pensionados”, señaló por entonces Vidal Lascano.
Lo que dijo Suárez
Tras conocer el procesamiento, Suárez dijo a La Voz que apelarán le medida ante la Cámara Federal: “Vamos a apelar el procesamiento. No existe la pericia contable. Todavía no ha comenzado, así que menos ha finalizado. Para poder identificar las cosas de las que se nos acusan, identificar con la veracidad de los papeles, y poder aportar en nuestra defensa todo lo que tenemos para decir…, que lo que se está diciendo -a nuestro entender- no es real”.
“Se hablan de cifras de las que realmente, por ahí, no las entiende uno, pero bueno... son parte de la situación política gremial y debemos esclarecer. Para que la Justicia pueda explayarse con tranquilidad, debemos transparentar ante la sociedad todo el funcionamiento necesario para que nuestra organización vuelva a contener el contagio historia sobre la sociedad”, afirmó.
“No podemos ensuciar la historia de nuestra organización sindical. Por eso fuimos los primeros en ponernos a disposición de la Justicia cuando la Procelac hizo esta investigación y nos enteramos por La Nación. Automáticamente fuimos y nos pusimos a disposición de la Justicia, como lo estamos al día de hoy”, agregó.
Para el líder sindical, sin el peritaje contable, le “está faltando una pata a la mesa. Es una cuestión real que es importante tenerla en claro”.
“Si no –comparó- vamos a estar con lo que pasó con el tema de la obra pública. Decir: ‘Hubo sobreprecios’. Cuando llegás a la instancia final de un juicio, dicen ‘no hubo pericia contable’. Entonces, ¿de qué sobreprecio me hablaste? Entonces se cae por su propio peso (la acusación).
El eximprentero mencionado denunció una “sobrefacturación” impuesta presuntamente por el mismo sindicato a partir del uso de cheques. Dijo que el gremio habría solicitado a proveedores que uno de los cheques les fuera devuelto a través de un endoso, haciéndose con la suma del cheque.
De ese modo, al monto total de la operación le habrían agregado una “sobrefacturación” de la que habrían obtenido una suma que retornaba a ellos a través de endoso del proveedor. Esto al parecer habría sido una condición que habría impuesto el sindicato para poder trabajar con ellos, de acuerdo con el fallo.
“Pero, mientras tanto -señaló Suárez- hay una denigración al personal, al conjunto de la organización sindical y acusaciones que no son lógicas ni, en algunos casos, reales”, se quejó y dijo que a partir del peritaje contable, van a aportar a la “Justicia todo lo que se necesita para aclarar esto, que algún matiz político, indudablemente, tiene”.
Los 20 procesamientos y los embargos:
Gabriel Suárez (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.
Jorge Molina Herrera (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.
Fernando Navarro (sin preventiva): supuesto organizador de asociación ilícita, autor de lavado de activos de origen delictivo y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 10 millones de pesos.
Alexis Daniel Fidelbo (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.
José Ramón Galván (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.
Oscar Fabio Guzmán (sin preventiva): presunto miembro responsable de asociación ilícita y coautor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 1 millón de pesos.
Daniel Edgardo Lozano (sin preventiva): supuesto autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.
Roque Daniel Tapia (sin preventiva): supuesto autor de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.
Yanina Victoria Molina (sin preventiva): supuesta autora de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 5 millones de pesos.
Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez (sin preventivas): como presuntos partícipes necesarios defraudación por administración fraudulenta. Embargos sobre ellos por 500 mil pesos.
Enrique Lorente (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500 mil pesos.
Emilio Ricardo Chaer (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500 mil pesos.
Martín López (sin preventiva): supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta. Embargo por 500 mil pesos.
