La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) repudió este lunes la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra Cristina Kirchner y otros funcionarios en la causa conocida como Vialidad. Para la organización, la Justicia busca “proscribir” a Cristina y todo se trata de “una burda acusación de asociación ilícita”. Además, amenazaron con salir “a las calles” si se “atentara contra la libertad” de la vicepresidenta.
Así lo expresó en un comunicado la entidad dirigida por Hugo Yasky, que advirtió que “no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta” en caso de que este “proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución”.
Pese a la abrumadora evidencia, afirmaron que “no hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como Néstor, Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular’”.
Y agregaron: “Esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico”.
“No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular”, advirtieron.
Cristina Kirchner
La causa conocida como “Vialidad” entró en una fase decisiva: la Fiscalía que lleva adelante la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por un fraude al Estado calculado en casi 1.000 millones de dólares.
Al concluir la novena jornada de alegatos, el fiscal Diego Luciani formalizó el pedido de condena contra Cristina por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, a través del direccionamiento de la obra pública entre los años 2007 y 2015.
Además, el fiscal pidió también 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien se habría favorecido con la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz.
En tanto, para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, el fiscal solicitó una condena de 10 años.
Luciani también pidió el decomiso de los 5.321 millones de pesos que según el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, totalizan el fraude contra el Estado.
