La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el cierre definitivo de tres causas judiciales iniciadas por presuntos hechos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos en la provincia de Córdoba, durante las administraciones de los exgobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó los archivos dispuestos por la Justicia provincial y rechazó los recursos extraordinarios interpuestos por los denunciantes.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los planteos de los querellantes por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Acordada 4/2007, que regula la presentación de recursos ante la Corte.
De esta forma, quedó firme la resolución que dispuso el archivo de los expedientes, en línea con los dictámenes previos del Ministerio Público Fiscal.
Los denunciantes eran los exlegisladores provinciales Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Quinteros, quienes actuaron en representación de la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA).
El grupo había solicitado ser reconocido como parte querellante en los tres procesos, algo que también fue rechazado en instancias anteriores y ahora quedó definitivamente cerrado.
Hoy, Montero y Quinteros son ministros de la gestión peronista, ahora a cargo del gobernador Martín Llaryora.
Los casos
Las denuncias apuntaban a distintas obras y decisiones administrativas ejecutadas durante los gobiernos peronistas que dominaron la política cordobesa en las últimas dos décadas. En todos los casos, la Justicia provincial había dispuesto el archivo por entender que no existían elementos suficientes para configurar delitos.
1) Gasoductos troncales
La primera causa giró en torno a la licitación y adjudicación de la obra de los gasoductos troncales, un megaproyecto de infraestructura con el que la Provincia extendió la red de gas natural al 98% del territorio cordobés.
Los denunciantes sostenían que había existido un circuito irregular de retornos económicos ligados a la adjudicación.
Según su presentación, una de las maniobras investigadas involucraba la venta de acciones de la constructora Madero Urbana S.A., pertenecientes a la firma Iecsa, en favor de Gestión Desarrollo Inmobiliarios S.A. (GDI S.A.). La operación, según se sostuvo, habría sido parte de un entramado financiero para canalizar beneficios hacia empresas vinculadas a sectores del poder político provincial.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido la denuncia, pero no surgieron elementos suficientes para impulsar una investigación penal. El fiscal interviniente pidió el archivo del expediente y los tribunales cordobeses lo avalaron. Los querellantes apelaron hasta llegar a la Corte, que finalmente desestimó su presentación.
2) Denuncia contra un fiscal
El segundo expediente tuvo como protagonista al entonces fiscal de instrucción Gustavo Hidalgo, actual juez de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción. Los mismos legisladores lo denunciaron por supuesto encubrimiento de hechos de corrupción vinculados a obras públicas ejecutadas durante la gestión de José Manuel de la Sota.
El planteo sostenía que Hidalgo había solicitado el archivo de causas sensibles —entre ellas, las conocidas como Kolektor, Camino del Cuadrado y Gasoductos Troncales— sin analizar el material probatorio que los denunciantes aseguraban haber aportado.
Según ellos, ese proceder implicaba una omisión intencional que favorecía al Poder Ejecutivo provincial.
La Justicia local rechazó los cargos y dispuso el cierre de la investigación. Los intentos por revertir la medida llegaron hasta la Corte Suprema, que ahora ratificó las decisiones anteriores y dio por concluido el caso.
3) Licitación bajo sospecha
El tercer proceso apuntaba a un presunto direccionamiento en una licitación pública durante el mandato de Schiaretti. Según la denuncia, la comisión de preadjudicación habría manipulado el proceso para beneficiar a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A.
El contrato en disputa estaba vinculado con la optimización de la gestión de recursos de la Administración Tributaria de Córdoba (ATC). Los denunciantes alegaban que se había favorecido a esa UTE mediante un proceso irregular y que la maniobra podía configurar un delito contra la administración pública.
Sin embargo, la investigación también fue archivada. El fiscal interviniente concluyó que no había pruebas que permitieran acreditar la existencia de ilícitos. El cierre fue confirmado en instancias superiores y, finalmente, convalidado por la Corte Suprema.
Las tres decisiones del máximo tribunal consolidan el cierre de un capítulo judicial que, durante más de una década, fue utilizado por sectores opositores al peronismo cordobés como argumento político para cuestionar el manejo de la obra pública provincial.
Las causas habían sido impulsadas en su mayoría entre 2016 y 2018, en el tramo final de la segunda gestión de Schiaretti, y atravesaron distintas etapas procesales sin lograr avances sustantivos.
El fallo de la Corte no se pronuncia sobre el fondo de las denuncias —es decir, no analiza si hubo o no irregularidades—, sino sobre cuestiones de admisibilidad formal. En particular, señala que los denunciantes no cumplieron con las condiciones exigidas para la interposición de recursos extraordinarios, lo que impide al tribunal nacional revisar el contenido de las decisiones provinciales.
En términos prácticos, la resolución implica que las causas quedan cerradas de manera definitiva. No existe otra instancia judicial a la que los querellantes puedan recurrir. El archivo, al ser confirmado por la Corte Suprema, adquiere carácter firme e inapelable.
Réplica de García Elorrio
El exlegislador Elorrio salió de inmediato a cuestionar la decisión de la justicia. “El TSJ no nos dejó acceder al expediente ni al dictamen del fiscal general, y ahora la Corte dice que no acompañamos esa copia. Es un círculo perfecto de impunidad: no nos admiten como querellantes, no nos dejan ver el expediente y después nos rechazan porque falta un documento que no podíamos conseguir”, afirmó.
