La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este martes anular la sentencia de la Cámara de Casación Federal que había confirmado la absolución de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, en el caso por haber defraudado al Estado a través de la firma Oil Combustibles.
En marzo de este año, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había emitido un duro dictamen en el que pedía revocar esas absoluciones.
El máximo tribunal hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal y revocó la decisión de Casación que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Sousa en el marco de la causa “Oil Combustibles”.
“Que esta Corte entiende, de conformidad con los argumentos y conclusiones expresados por el señor Procurador General de la Nación interino en el dictamen que antecede que asiste razón al recurrente en cuanto alega que el fallo apelado dio un tratamiento aparente a los agravios que oportunamente planteara en el recurso de casación deducido contra la absolución de los imputados Carlos Fabián De Souza y Cristóbal Manuel López y por los que sostuvo la arbitraria -por dogmática y fragmentaria valoración de las pruebas incorporadas a este proceso”, indica el fallo que reproduce Clarin.com.
El Procurador General de la Nación había señalado, al analizar el caso, que toda esta estructura tuvo otro elemento central, “una trama densa de relaciones personales y comerciales de mutuo beneficio entre los imputados y los que eran en aquel momento altos funcionarios de la administración pública”.
Ahora el caso volverá a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá revisar el caso y dictar una nueva sentencia contra los empresarios kirchneristas.
La medida de la Corte revoca una decisión del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que en diciembre de 2021 absolvió a los dueños del Grupo Indalo y condenó al extitular de la Afip Ricardo Echegaray por haber permitido una maniobra de corrupción que facilitó ue la petrolera no pagara al fisco más de 5.600 millones de pesos, a pesar de que tenía recursos para hacer frente a sus obligaciones fiscales.
En esa sentencia, el TOF 3 condenó a 4 años y 8 meses de prisión a Echegaray y absolvió a los empresarios beneficiados (por la duda) por esa operatoria, a pesar de que los tres habían sido procesados y enviados a juicio por defraudación al Estado.
El caso
Según sostuvo la fiscalía en ese caso, Oil les cobraba a los clientes que cargaban nafta en sus estaciones de servicio el ITC (Impuesto a las Transferencias de Combustible), pero no giraba esa plata a la AFIP.
La acusación sostiene que de esa manera y con ese dinero, el Grupo Indalo financió la compra de otras empresas, entre ellas el grupo de medios encabezado por el canal C5N y Radio 10 que se usó para apuntalar el gobierno de Cristina Kirchner.
Ante la apelación del criterio de los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos (Andrés Basso votó por la condena para todos los investigados), la Sala I de la Cámara de Casación revisó la sentencia, pero confirmó lo resuelto por el Tribunal.
Por ese motivo el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, fue hasta la Corte Suprema con el fin de revertir el criterio que dejó afuera de la maniobra delictiva a los empresarios y dueños del Grupo Indalo.
¿Qué había dicho el voto mayoritario en el juicio? Los jueces Machado Pelloni y Ríos señalaron que en este tipo de maniobras “López y de Sousa no revisten la calidad especial requerida por la norma, pues no son infractores del deber (u obligación) de fidelidad en la gestión de administración, que sí recaía completamente en cabeza del ex Administrador Federal”. Para estos dos magistrados, sólo eran contribuyentes que pedían planes de facilidad de pago ante la Afip.
Cuando la Corte Suprema pidió la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, éste sostuvo que la conducta de López y De Sousa “no se limitó a la mera solicitud de facilidades de pago”, como habían dicho dos de los jueces del TOF 3, y que ese criterio se trató de “un recorte arbitrario de una trama mucho más compleja”.
Dando sustento a su postura, el jefe de todos los fiscales había señalado que esa selección “se reflejó indudablemente en el razonamiento probatorio”, donde se valoraron de manera “individual, aislada y fuera de contexto los plurales indicios que probaban la acusación, y con ello se prescindió de la visión de conjunto indispensable para la realización de inferencias razonables”.
