La Corte Suprema de Justicia comenzó el proceso para transferir al Estado más de 60 millones de dólares y varios bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín. Se trata de activos recuperados en la causa conocida como la ruta del dinero, cuyo fallo quedó firme en mayo de 2025.
La decisión se comunicó por oficio al Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juez Néstor Costabel, y apunta a concretar la inscripción de esos bienes a nombre del Poder Judicial.
El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, informó que ya se dispuso avanzar con la adjudicación definitiva del dinero decomisado y de los fondos obtenidos en las subastas realizadas durante el proceso.
También se instruyó inscribir los inmuebles a nombre de la Corte, tal como permiten los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal, que regulan el destino de bienes provenientes de delitos.
Como paso inicial, el máximo tribunal pidió al TOF 4 la transferencia del dinero decomisado a dos cuentas judiciales, una en pesos y otra en dólares.
También solicitó toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente. Según la sentencia dictada en abril de 2021, se encuentran decomisados montos por U$S 54.872.866,69, U$S 5.000.000, U$S 307.994,17 y U$S 950.000, lo que suma un total de U$S 61.130.860,86.
Además, existen sumas en pesos por cerca de $4.174.697, actualizables por el índice de precios.
El TOF dejó claro en su fallo que, una vez firme la condena, debía ejecutarse el decomiso total y mantenerse los embargos aplicados durante la investigación.
La Cámara de Casación confirmó esa decisión en febrero de 2023 y finalmente la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos en mayo de 2025, dejando todo firme.
Cuando ese proceso estaba en marcha, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 575/2025 y creó el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para administrar los bienes recuperados en causas penales.
La medida generó un conflicto institucional porque trasladaba al Poder Ejecutivo la gestión de activos sobre los cuales la Justicia tenía competencias exclusivas.
Frente a esto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una demanda denunciando afectación a la independencia judicial.
En octubre, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto.
Consideró que la norma cambiaba de forma integral el sistema de administración de bienes provenientes de delitos y que no podía implementarse por decreto de necesidad y urgencia, ya que impactaba de manera directa en la estructura y autonomía del Poder Judicial.
El escenario quedó así condicionado por esa medida judicial. En este marco, la Corte Suprema avanzó en un criterio ya fijado este año: son los jueces de cada causa quienes deben ejecutar las sentencias, dictar medidas sobre los bienes y concretar los decomisos.
La decisión de activar el operativo para registrar los bienes de Báez a nombre del tribunal se inscribe en esa línea y retoma la ejecución de un proceso que había quedado demorado por las discusiones sobre quién debía administrarlos.
El operativo, que comenzó a ponerse en marcha esta semana, marca el inicio formal del traspaso definitivo de uno de los decomisos más importantes de los últimos años, tanto por su volumen como por su impacto institucional.
