El discurso de Javier Milei en el evento de la Fundación Mediterránea, el miércoles pasado, fue interrumpido por 23 ciclos de aplausos. La mayor parte de esas sonoras aprobaciones surgieron y se sostuvieron desde el sector ocupado por cientos de jóvenes libertarios convocados por La Libertad Avanza. Pero los empresarios cordobeses también aplaudieron a rabiar.
Muchos de ellos tienen sus empresas muy afectadas por la caída del consumo e igual aplaudieron. Otros que por años cuestionaron a la Nación por las retenciones, ahora pagan las mismas retenciones y aplauden. Y también quienes fueron tratados de delincuentes por el solo hecho de hacer obras públicas. Todos aplaudieron.
El Presidente dijo que en Córdoba juega de local y tal vez sea el único punto de su discurso que no admite discusión. Toda la política cordobesa asumió hace rato esa circunstancia, lo que no significa que haya logrado salir del laberinto en el que sumió a toda la dirigencia la irrupción y consolidación del excéntrico presidente anarco-libertario.
La realidad muestra a la dirigencia cordobesa cada vez más enredada en ese laberinto.
El senador Luis Juez es el único que sonríe en la Córdoba mileísta: como ocurrió alguna vez con Néstor Kirchner y luego con Mauricio Macri, Juez logró una cercanía con Milei que envidian los libertarios. Invitaciones a la Rosada, chats permanentes con el Presidente y gestos elocuentes, como se pudo apreciar el miércoles pasado en la Mediterránea. Pero ni siquiera Juez está tranquilo con Milei.
El Presidente se dedica con especial ímpetu a atacar al radicalismo, que es el socio más estable que logró conseguir Juez, y que además es el partido que le aporta la estructura territorial de la que el juecismo carece. Milei no oculta jamás su desprecio por la UCR y eligió a Córdoba para tratar de golpista a Raúl Ricardo Alfonsín, el símbolo de la recuperación de la democracia en el país. A Rodrigo de Loredo no le quedó otra alternativa que salir a repudiar los dichos de Milei: ya había perdido un tercio del bloque que lidera en Diputados por su cercanía con un Gobierno que no deja nunca de agredirlo.
Milei necesita a Juez para 2025, pero Juez necesita a Milei y al radicalismo cordobés para 2027.
Faltan tres años para la elección provincial, pero la política cordobesa no piensa en otra cosa. Juez logró en los últimos días acercar a la coalición opositora a Aurelio García Elorrio con su partido Encuentro Vecinal Córdoba, el único cabo suelto de 2023. Pero es Milei quien más conspira –al denostar a tiempo completo al radicalismo– contra la estrategia juecista, que no cambió: aglutinar a toda la oposición en un gran frente contra el peronismo cordobés para ganar la provincia.
Demás está decir que esa es la única política libertaria que entusiasma en el Centro Cívico cordobés. El gobierno de Martín Llaryora sufre a Milei a nivel político, ideológico, administrativo y económico, pero tiene expectativas en una ruptura opositora si el Presidente sigue, en simultáneo, su romance con Juez y su guerra contra el radicalismo.
Cada vez más lejos
Todo lo demás son problemas para Llaryora en la era libertaria. Ocurre en Córdoba como en todas las demás provincias, pero pesa mucho más en la Gobernación cordobesa, porque no hay otra provincia donde Milei haya obtenido el 74% de los votos en el balotaje ni donde tenga mejor imagen en la actualidad. Llaryora, además de sufrir las consecuencias de la política nacional, no puede quejarse.
El 15 de noviembre ingresará a la Legislatura un presupuesto provincial con nulas expectativas de recuperación de todo lo que la Nación le quitó a Córdoba. La Provincia llevará al límite de lo posible la suba de la presión tributaria y seguirá buscando crédito interno para pagar la deuda en dólares, y más crédito externo para hacer obras.
La baja del riesgo país y la buena conducta que distingue a Córdoba en el exterior facilitan las gestiones incansables de Llaryora en el mundo árabe: de ese financiamiento dependerá el sostenimiento de las obras públicas que pretende mantener Llaryora, en un país que le declaró la guerra a la inversión estatal en infraestructura.
Sostener las banderas del cordobesismo productivista se volvió una obsesión para el Centro Cívico. El gobernador entiende que la posibilidad de sobrevida del peronismo cordobés a la ola libertaria depende del sostenimiento de la institucionalidad y de la diferenciación política: para todo esto hace falta fortaleza administrativa, y eso comienza a ser un problema.
En el Panal están convencidos de que la Nación no pagará sus deudas con la Provincia si la Corte Suprema de Justicia sigue sin mover un dedo. Pero el paso de tres vocales del máximo organismo por Córdoba había generado alguna expectativa de reacción respecto de los fondos previsionales que retiene la Nación. Esa expectativa se derrumbó el jueves pasado.
Muy lejos de interpretar que el régimen de compensación de deudas anunciado por la Nación para las provincias puede representar alguna solución, Llaryora –como la inmensa mayoría de los gobernadores– considera que se trata de una estrategia nacional para dilatar por muchos meses esos pagos sin que la Corte Suprema intervenga. Córdoba tiene demandas por casi 700 millones de dólares, por la falta de actualización de los recursos previsionales y por obras que debía pagar la Nación y pagó la Provincia. Todavía no presentó la demanda por el corte total de los envíos a la Caja de Jubilaciones, que este año equivalen a otros 150 millones de dólares.
Difícilmente ese régimen ideado por el ministro Luis Caputo evite el conflicto institucional entre las 13 provincias que no transfirieron sus cajas y la Nación. Pero lo que es seguro es que la dilación complicará al extremo el pago de las jubilaciones.
Problema de las provincias, negocio de la Nación: así funciona la institucionalidad en la era Milei.
