Este viernes 25 de julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia clave para evaluar el uso de la prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
La convocatoria a esta instancia internacional responde a una denuncia formal presentada por los abogados penalistas Francisco Lavisse y Jorge Cardozo, quienes cuestionan el empleo “sistemático y abusivo” de esta herramienta procesal por parte del sistema judicial local.
Francisco Lavisse ha denunciado que la prisión preventiva en Córdoba se ha convertido en una “condena anticipada”. Subrayó que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada por periodos tan prolongados como tres años, situación que calificó de “demasiado”. La presentación ante la CIDH se dirige directamente contra el Estado argentino, dado que las denuncias a organismos internacionales se canalizan contra la República Argentina como responsable internacional, no directamente contra la provincia. Los denunciantes alegan que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el acceso a una defensa efectiva.
El núcleo del planteo gira en torno al uso de la prisión preventiva como un método de presión para conseguir juicios abreviados. Lavisse enfatizó: “El imputado no aguanta más la detención y termina reconociendo delitos que muchas veces no cometió. Es coacción pura“. Añadió que, en la práctica actual, “ya no se sabe quién es culpable y quién simplemente firmó un acuerdo porque no aguanta más. Hoy, todos son culpables; ya no hay espacio para discutir la inocencia“.
Fiscales cuestionan el uso de la asociación ilícita
Entre los recursos más cuestionados por los fiscales, Lavisse señaló la calificación de “asociación ilícita” como una estrategia para justificar detenciones prolongadas.
El abogado afirmó que esta figura se ha “generalizado” y se aplica a “todo tipo de delitos”, sin considerar la jurisprudencia de la Corte Suprema, como el caso Estancanelli, que exige una “verdadera alarma social” para su aplicación. Otro mecanismo problemático identificado es la práctica de fraccionar un mismo hecho en varias causas para imponer múltiples prisiones preventivas, lo que puede significar que una persona esté presa por tres años por un delito y luego otros tres por otro relacionado.
La denuncia también destaca una singularidad institucional de Córdoba: junto con Cuba, son “los únicos lugares de América Latina donde la prisión preventiva la dicta un fiscal”. A pesar de que una ley de 2017 dispuso que este rol debía pasar a los jueces de Control, el Tribunal Superior de Justicia lo “bloqueó mediante una acordada”, alegando que no estaban preparados. Lavisse consideró esta situación “inaceptable en un Estado de derecho”, ya que convierte al fiscal en “juez y parte”.
Los abogados no piden cambiar las leyes, sino “cumplirlas”. Según Lavisse, “no hace falta modificar leyes, lo que hace falta es cumplirlas. Que se aplique el rigor cuando corresponde, y el principio de inocencia cuando no”.
Critica que, en la actualidad, “somos todos culpables hasta que demostremos lo contrario, lo cual es una locura a nivel mundial”. También lamentó la desigualdad de condiciones entre acusadores y defensores, describiéndola como un “frontón” donde las acciones de la defensa son constantemente rechazadas, sin una “igualdad de armas” que la Justicia debería garantizar.
La denuncia se sustenta en “datos alarmantes” e informes del Comité contra la Tortura, que participará en la audiencia como observador. Según los datos relevados por este organismo, el uso de la prisión preventiva en Córdoba superó el 60% entre 2018 y 2020, una cifra considerablemente superior a la media nacional, que ronda el 44,6%. Lavisse afirmó que la “coacción para que una persona se declare culpable también es una forma de tortura”.
El Comité también ha visitado Córdoba en dos ocasiones, advirtiendo sobre el hacinamiento carcelario, con celdas para una persona que albergan a cuatro y pabellones desbordados.
Respecto a la audiencia, Lavisse reconoció que el espacio será breve, pero espera que sea “contundente”. Cada parte dispondrá de 20 minutos para exponer, y se contará con la intervención del Comité contra la Tortura y del Estado nacional. El abogado expresó su expectativa de que la Justicia cordobesa “tome conciencia de que no puede seguir haciendo lo que está haciendo”, ya que considera que se están “violando derechos humanos, garantías constitucionales y principios elementales del derecho penal”.
