Si fuera un hecho aislado sería preocupante, pero todo apunta a que sería sistémico y eso le da una gravedad difícil de dimensionar.
Las revelaciones que van surgiendo de la denominada “causa Bomberos” sacuden a las estructuras del poder provincial, cuestionan una manera de administrar la cosa pública y un área tan sensible como la seguridad e interpelan hasta dónde llega la protección para los que actúan al margen de la ley.
De acuerdo con la investigación, estamos ante una banda que habría sido liderada por una pieza clave en la estructura de la Policía de la Provincia durante unos 10 años e importante funcionario municipal otros cuatro.
Gustavo Folli no es un uniformado más que está acusado de cometer delitos. Es, entre otras cosas, el ideólogo de buena parte de la reciente Ley de Seguridad aprobada en la provincia.
Cuando dejó la subjefatura de la Policía en 2019, ya salpicado de sospechas, y pasó a formar parte del equipo del flamante intendente capitalino Martín Llaryora, le vendió al ahora gobernador la idea de una fuerza municipal que actuará en coordinación con la provincial.
Cuatro años después, esa idea se convirtió en ley con la denominación de guardias locales de prevención y convivencia.
Folli se quedó hasta el último día de la gestión municipal de Llaryora como director de Seguridad, Defensa Civil, Capacitación y Emergencia Urbana, pese a que hacía rato había una investigación judicial que lo apuntaba.
De hecho, no fue designado como funcionario del nuevo Gobierno provincial porque el fiscal Guillermo González les avisó a las autoridades sobre los contundentes testimonios en contra del comisario.
Uno de ellos es el de la expareja Eva María Molinelli Torres, que hace meses dio una detallada versión sobre el accionar de Folli.
Allí revela, si sus dichos son confirmados por la Justicia, una trama de corrupción político-policial diseñada desde hace al menos 20 años en la dirección de Bomberos con sobreprecios en compras de insumos y vehículos, coimas para habilitaciones fraudulentas, utilización de dineros públicos para gastos particulares, uso de bienes estatales para cuestiones personales, además de una minuciosa descripción de abusos de poder y de todo tipo de violencia.
La mujer describió cómo Folli se las ingeniaba para dejar todo armado cuando dejaba un área para pasar a otra o cómo seguía teniendo influencia sobre la cúpula policial aún después de haberse ido de la fuerza.
Hay cada vez más cosas sobre las cuales la exjefa Liliana Zárate Belletti deberá dar explicaciones.
Cada vez más casos
Además de toda la trama de corrupción, se suma otro caso de hombres encausados por usar su poder para someter a mujeres subordinadas con prácticas violentas de funestas consecuencias. Diego Concha, durante años funcionario provincial; Alfonso Mosquera, exministro y exlegislador; Folli, exsubjefe y exfuncionario provincial, son apenas tres casos muy resonantes, que están en etapa de investigación, pero que tampoco parecen ser casos aislados sino casi sistémicos dentro de esa institución.
Mientras tanto, la política sigue jugando a hacerse la distraída con todo. Lo que en la Policía era un extendido comentario respecto a la ostentación patrimonial que hacía Folli, ¿no llegó a oídos de los que le dieron un cargo de semejante responsabilidad municipal en 2019 y en el que lo sostuvieron cuatro años?
Es ahí cuando cobra fuerza la idea de que es el sistema y no de casos individuales.
Podrá argumentarse que las instituciones funcionaron y que hay una investigación en marcha con una decena de detenidos. Pero mientras tanto, pasaron 20 años de presuntos abusos de poder y actos de corrupción ante la pasividad y complicidad de las principales cabezas.
También vale preguntarse sobre esos tiempos de la Justicia acordados con el poder político y la que parece una decisión de trazar una raya en las pesquisas de modo tal de nunca avanzar para arriba.
