Tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de anular el fallo y poder competir en las próximas elecciones.
La estrategia, confirmada por su abogado Carlos Beraldi, busca obtener una medida cautelar que le permita ser candidata y, crucialmente, permanecer en libertad para hacer campaña.
Según publica TN, dos abogados de un prestigioso estudio jurídico norteamericano ya visitaron la sede de la CIDH en Washington, a escasos metros de la Casa Blanca, para tantear los detalles de la presentación.
El precedente clave para Cristina
El argumento central de la defensa de Kirchner se apoya en el caso de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia.
Cristina y sus abogados invocarán una medida cautelar que la CIDH concedió en favor de Petro y que, posteriormente, fue confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El historial de Petro es un antecedente directo para la petición de Cristina:
En 2012, Petro fue electo alcalde de Bogotá y un año después, fue destituido e inhabilitado por 15 años por irregularidades en su gestión, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Constitucional colombiano.
Sin embargo, en marzo de 2014, la CIDH dictó una medida cautelar que ordenó a Colombia respetar el derecho de Petro a ser candidato, al considerar que su inhabilitación violaba el artículo 23 de la Convención Interamericana, que garantiza el derecho a votar y a ser elegido.
En julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó la medida, contando entre sus jueces con Eugenio Zaffaroni, un ferviente kirchnerista postulado por el Gobierno argentino.
Gracias a esta intervención, Petro, a pesar de haber sido inhabilitado, logró ser candidato y, eventualmente, presidente de Colombia.
Los argumentos de la defensa d Cristina
Cristina Fernpandez de Kirchner sostendrá que la Justicia argentina violó su derecho de defensa y que nadie puede privarla de ser elegida en comicios libres.
Por ello, pedirá a la CIDH que suspenda el fallo de la Corte argentina que la inhabilitó. La expresidenta asegura que la Corte la “proscribió”.
No obstante, las fuentes remarcan que el caso de Cristina no es “exactamente idéntico” al de Petro ya que la exmandataria argentina fue investigada por un delito de corrupción.
A diferencia de un solo año en el caso Petro, su caso recorrió todas las instancias judiciales durante diecisiete años.
Además, pudo ejercer, de manera completa, su derecho de defensa y presentar pruebas en su descargo.
Los plazos, una clave
La jugada de la expresidenta es inminente ya que necesita que la CIDH se pronuncie y que su solicitud prospere antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, de las que ella quedó excluida.
Si su carta resulta ganadora, no solo podría presentarse como candidata, sino que también debería permanecer en libertad para participar activamente en la campaña electoral.