El gobernador electo, Martín Llaryora, lo definió como el “segundo tiempo”. En otras palabras, el complemento de la dura faena electoral del 25 de junio que lo puso al frente del poder provincial en la elección más compleja que debió afrontar el peronismo desde 2007.
Los comicios capitalinos del 23 de julio adquirieron, tras el ajustado resultado provincial, una importancia aún mayor de la que tienen por su propio peso específico.
Sucede que del desenlace que arroje esa elección dependerá la reconfiguración de otra parte significativa del esquema de poder cordobés de los próximos años. Es muy determinante para lo que viene, tanto para el oficialismo como para la oposición.
La falta de mayoría legislativa y el no control del Tribunal de Cuentas provincial es una merma de poder ostensible, nunca vivida por el peronismo y un desafío con el que deberá lidiar Llaryora, al que hay que reconocerle habilidad para moverse entre alambres de púas.
Esa reducción del poder real tallado por el voto de los cordobeses encontraría un respiro si quien lo sucede en la Municipalidad de Córdoba es Daniel Passerini, a quien considera su garante en el municipio.
En cambio, si quien se termina sentando en el principal sillón del Palacio 6 de Julio es el radical Rodrigo de Loredo, los límites de maniobra de Llaryora serán todavía más acotados.
Si el oficialismo se acostó la noche previa a la elección provincial sin la certeza de triunfo, para el capítulo capitalino la incertidumbre es todavía mayor. Todos los sondeos que tienen Llaryora y Juan Schiaretti marcan esa preocupación.
Un consultor porteño pronosticó casi al dedillo el resultado provincial. Sus informes sobre la Capital son esperados con desesperación por la cúpula de Hacemos Unidos por Córdoba.
Es por este inquietante escenario que el nuevo gobernador electo se aboca de lleno a potenciar a Passerini.
Sobre la base de los resultados capitalinos de la elección provincial, el peronismo tiene identificado cada uno de los votos que necesita. El detalle es casi quirúrgico.
El oficialismo sabe perfectamente cuántos votos debe reunir para ganar. Tiene estimado, además, el nivel de participación que mejor le calza a las chances de Passerini. Si vota poca gente, en torno del 60%, las posibilidades del hoy viceintendente crecen significativamente. Eso sucede porque se hace más grande el peso de la estructura y del voto duro del PJ, concentrado principalmente en las barriadas más populosas y humildes de la ciudad.
Voceros del municipio se encargaron de recordar en los últimos días que la Junta Electoral estará imposibilitada de multar económicamente y de sancionar a quienes no asistan a sufragar el 23. Desalentar el principal ejercicio democrático, parece el mensaje.
Pese a que los votantes de clase media alta y alta eligieron mayoritariamente a Juntos por el Cambio, el oficialismo intenta no dejar nada librado al azar. Hay un trabajo fino en countries y barrios cerrados, con reuniones y juntadas para presentar a Passerini. La intención en esos sectores es que la diferencia que Luis Juez le hizo a Llaryora no crezca a favor de De Loredo y en desmedro del candidato oficialista.
El desafío de la oposición
Juntos por el Cambio cuenta 33 butacas propias en la Unicameral y casi que no lo puede creer. La cosecha legislativa estuvo por encima de todos sus cálculos, especialmente por el aporte de los 13 departamentales.
Ese bloque ya es toda una obsesión para el oficialismo, que no esperará hasta el 10 de diciembre para pergeñar maneras de comenzar a introducir tabiques que dividan de algún modo el accionar de los 21 radicales, siete juecistas, cuatro del PRO y el único representante de Lilita Carrió que conforman este empoderado frente opositor.
Esa aparente potencialidad –que habrá que ver en la práctica–, sin embargo, necesitará de un conductor. Casi nadie duda en la oposición que si De Loredo se alza con el triunfo en la Capital será él quien comande desde la Municipalidad ese conglomerado de legisladores que, en su mayoría, le responden.
Llaryora pretende exactamente lo contrario. Sabe que con De Loredo de intendente y líder de la oposición, sus chances de generar grietas en el bloque legislativo de Juntos por el Cambio se achican. Igual lo intentará. Del resultado de esas gestiones dependerán, en buena medida, los avances de “segunda generación” que prometió.
Además, en la puja inminente de la Capital también se juega parte del futuro del principal proyecto reformista de Llaryora: el “partido cordobés”, sustento para la renovación que busca plasmar en el poder.
En el oficialismo hay conciencia de que el escenario será uno u otro si a la Presidencia llega Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Es evidente que en el Panal prefieren el perfil moderado del primero, del que casi fueron socios.
Ayer, y en paralelo a que la Justicia hiciera público el resultado definitivo, la oposición aseguró en un comunicado que no dejará pasar un minuto para impulsar su agenda de propuestas de campaña en la Unicameral. Habló, también, de que está predispuesta al diálogo y al consenso.
Horas antes, sin embargo, Juez había lanzado una advertencia que incluyó una palabra que hacía décadas no se oía en Córdoba: veto. “Si el gobernador quiere vetar (esos proyectos), que lo haga. Allá él”, lanzó tras reconocer con tibieza su derrota ante Llaryora.
Entre tantos cambios e interrogantes por resolver, algo parece claro: al diálogo y al consenso habrá que construirlos.
