La Cámara Nacional Electoral que, en caso de ser aplicada, puede terminar con uno de los métodos tramposos de financiamiento de la política: la utilización para otros fines de los fondos públicos destinados a la impresión de las boletas que se utilizan en las elecciones nacionales.
El financiamiento estatal derivó en una “industria” que tiene su palanca en el sistema de votación: de utilizarse boleta única de papel, en vez de la papeletas de colores, los costos serían tremendamente inferiores, tal como lo dice la propia Cámara Nacional Electoral en la acordada que motiva esta nota.
En otras palabras, se destinan fondos públicos para la supuesta impresión de millones de boletas que luego no están en las urnas, ya sea porque el votante no elige esa opción o, como se supone, porque algunos partidos no las imprimen para quedarse con el dinero.
Ahora, la máxima autoridad electoral del país ordenó a los auditores judiciales que refuercen los controles y dejó en claro que los pagos a las imprentas sólo podrán realizarse por medio de cheque cruzado o mediante transferencia bancaria, sistemas que permiten tener la trazabilidad del dinero. Además, la Cámara solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que preste colaboración para detectar irregularidades.
El incumplimiento de la ley de financiamiento de partidos políticos prevé sanciones que permitirían cortar el flujo de dinero a los que incumplan con la aparente rigurosidad que tendrán los controles financieros desde esta elección.
El antecedente en Córdoba
En el caso de Córdoba, Encuentro Vecinal puso sobre la mesa el descontrol en la impresión de las boletas y sus costos: en las Paso de 2021, el conjunto de listas que participaron de la primaria recibió fondos para imprimir 290 millones de boletas, pero la Justicia electoral exige 25 millones de votos impresos; todo sobre un padrón de 3 millones de personas. El despropósito salta a la vista.
En esa elección, el caso emblemático fue el de Unión Popular Federal, que recibió 48 millones de pesos sobre los 123 millones que se distribuyeron todas las listas. Esto desató un escándalo en esa agrupación que lidera Mario Peral.
El cálculo de la Cámara Nacional Electoral en ese elección, hace dos años, fue que la impresión de cada boleta (diputados y senadores) debería pagarse 2,66 pesos, por lo que cada lista recibió 7,9 millones de pesos. Pero Encuentro Vecinal restituyó al Ministerio del Interior 6.605.698,46 pesos y puso en crisis la cuenta hecha por el Gobierno nacional: el partido que lidera Aurelio García Elorrio pagó por cada voto 0,63 pesos, es decir 2,03 pesos menos de lo estimado por las autoridades electorales. Imprimieron 2.100.000 votos.
Para dimensionar esta “industria”: un cálculo realizado por La Voz indica que el costo que tuvo que voto que obtuvo Unión Popular en esa elección primaria fue de 1.233 pesos, 46.353 por ciento más.
Como lo dice la propia Cámara Nacional Electoral en su acordada, “la problemática aludida deriva del sistema de boletas impresión de boletas de votación”; y da cuenta que hay al menos siete fallos (desde 2008) y dos acordadas que exponen el despilfarro. Lo curioso es que el uso de la boleta única de papel en elecciones nacionales está restringido a las cárceles.
Ante el escándalo ocasionado en Córdoba en la elección 2021, algunos partidos reintegraron el excedente de los fondos públicos para impresión, aunque siguieron pagando más de lo que pagó Encuentro Vecinal a su imprentero.
