La Cámara de Diputados debatía anoche el proyecto de ley que tiende a la paridad de géneros en medios de comunicación públicos y la promueve en los privados audiovisuales. La iniciativa ya fue votada en el Senado, donde contó con el apoyo mayoritario del Frente de Todos.
La iniciativa apunta a promover la igualdad de derechos y oportunidades en dichos medios, en el acceso y en la permanencia. El texto aclara que los medios de comunicación del Estado deberán adecuar su selección de personal, pero no se afectarán los cargos originados “ni los concursos convocados” con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
De acuerdo con el artículo 1 del proyecto, “el objeto es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada”.
El artículo 2 dice que quedan alcanzados todos los medios de comunicación, sean estatales o gestionados por prestadores privados (por lo que se entiende que abarca sólo a emisoras de radio y televisión), sólo que los manejados por el Estado se regirán con un “régimen obligatorio”, mientras que los privados quedan sujetos a “un régimen de promoción”.
La senadora nacional Norma Durango, del Frente de Todos de La Pampa, es la autora del proyecto, que en su paso por el Senado se completó con aportes llegados desde colectivos feministas. La iniciativa encuentra antecedentes en la ley de cupo femenino para la política (1991) y en la ley de paridad de género (2018).
El proyecto también establece que en los medios estatales –aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE y los que se creen en el futuro– “debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad del personal”.
Para los prestadores privados, se propone la creación de un registro implementado por la “autoridad de aplicación” (el texto no la define), que se encargará de garantizar el cumplimiento de la ley y promoverá sus alcances, entre otras obligaciones. Una vez inscriptos en el registro, dichos medios serán evaluados por la autoridad de aplicación respecto de las acciones que lleven adelante, como sus procesos de selección de personal, sus políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y diversidad sexual o las capacitaciones que brinden en temáticas de género.
La autoridad de aplicación otorgará a los prestadores privados un “certificado de equidad”, que determinará la “preferencia en la asignación de publicidad oficial”.
Sobre la iniciativa, tres asociaciones que reúnen a medios privados plantearon su “coincidencia con los objetivos de la iniciativa”, por considerar “pertinente incentivar políticas que deriven en una mayor equidad en todos los ámbitos, y especialmente en los medios de comunicación”.
En una carta enviada a los diputados nacionales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radios Privadas Argentinas expresaron el compromiso de sus asociados en “promover una agenda de diversidad tanto en términos de contenidos como de políticas organizacionales”.
Plantearon, no obstante, reparos respecto del artículo 8, “que busca asociar la promoción de la equidad de género con la distribución de la pauta publicitaria oficial en servicios de comunicación” privados. Indicaron que, de acuerdo con principios del sistema interamericano, los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a ponderaciones extrañas a la propia dinámica del mensaje por comunicar y de la audiencia a la que se debe llegar.
Reparos de Adepa. La entidad que aglutina a las entidades periodísticas advirtió que el proyecto busca asociar la promoción de la equidad de género con la distribución de la pauta publicitaria oficial en servicios de comunicación.
