El escenario político argentino asiste a una coordinada embestida de los gobernadores contra las políticas del gobierno de Javier Milei, materializada en la presentación de dos ambiciosos proyectos de ley en el Congreso de la Nación.
Estas iniciativas, que cuentan con el respaldo unánime de los mandatarios de todas las provincias y del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ya habían avisado que irían al Congreso), buscan redefinir el mapa de la distribución de recursos federales, poniendo fin a mecanismos discrecionales y garantizando una mayor autonomía financiera para las jurisdicciones subnacionales.
La propuesta legislativa, que ingresó por el Senado el miércoles por la noche, tiene como objetivo explícito fortalecer el federalismo y asegurar la sostenibilidad de las finanzas provinciales. Pero además,se erige como una señal contundente del poder territorial frente a la administración nacional.
Redefinición del Impuesto a los Combustibles
Uno de los proyectos centrales propone modificaciones sustanciales a la Ley N° 23.966, que regula el Impuesto a los Combustibles Líquidos, así como la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales. Estas estructuras, que históricamente han manejado recursos de manera centralizada y discrecional, son el foco de la reforma impulsada por las provincias.
El artículo 1° del proyecto establece la eliminación de los siguientes instrumentos financieros:
- El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001).
- El Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Decreto 976/2001).
- El Fideicomiso Sistema Vial Integrado (Decreto 1377/2002).
- El Fondo Compensador del Transporte (Decreto 652/2002).
- El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (Ley 15.336).
- El Fondo Nacional de la Vivienda (Ley 21.581).
La iniciativa postula que los recursos que hasta ahora se asignaban a estos fideicomisos y fondos (on la única excepción de aquellos previstos específicamente en la Ley 23.966 para el Impuesto a los Combustibles Líquidos) serán distribuidos de conformidad con los artículos 3° y 4° de la Ley 23.548, que rige el régimen de coparticipación federal, considerando los porcentajes reconocidos a cada provincia y a Caba.
La modificación más significativa recae sobre la distribución del propio Impuesto a los Combustibles Líquidos. El artículo 2° del proyecto de ley sustituye el artículo 19 de la Ley 23.966, estableciendo un nuevo esquema de reparto del producido de este impuesto:
- 14,29% será destinado al Tesoro Nacional.
- 57,02% irá directamente a las provincias.
- 28,69% se asignará al Sistema Único de Seguridad Social.
En cuanto a la distribución entre las provincias, se detalla que el 25% de los fondos correspondientes a las provincias se distribuirá en partes iguales entre todas ellas y Caba. El 75% restante se asignará según los índices de participación establecidos en los artículos 3° y 4° de la Ley 23.548, incorporando la distribución prorrateada para Caba y las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los fundamentos de esta propuesta, emanada de la iniciativa de los gobernadores, radican en la necesidad de una transferencia directa y automática de recursos que actualmente financian responsabilidades y funciones que ya han sido asumidas por las administraciones provinciales, o que son compartidas con los municipios bajo su jurisdicción.
Los promotores aseguran que este cambio normativo no afectará las finanzas públicas nacionales.
El proyecto se alinea con la disposición del Poder Ejecutivo de eliminar entes que operan por fuera del presupuesto general del Estado, lo que facilitaría su seguimiento y control en el marco de un proceso de reforma estatal.
Además, se argumenta que el actual mecanismo de distribución obliga a la Nación a centralizar recursos para atender responsabilidades “indelelegables” de las provincias, como educación, salud, seguridad y justicia, que fueron transferidas hace tiempo.
La propuesta, al vincular la asignación de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos al régimen general de coparticipación, busca fortalecer el federalismo y garantizar la sostenibilidad financiera de las provincias.
El ATN al Fondo de Coparticipación
El segundo proyecto de ley se enfoca en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo que ha sido históricamente objeto de controversias por su carácter discrecional en el reparto de fondos a las provincias.
La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo a la Ley N° 11.672, buscando transformar radicalmente la operatoria del ATN.
La reforma establece que los ATN se redistribuirán de forma diaria y automática.
El proyecto invita explícitamente a las provincias y a Caba a adherir a esta nueva modalidad de distribución.
Los fundamentos de esta propuesta argumentan que el actual contexto económico no justifica la continuidad de un fondo destinado a “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de manera discrecional. La modificación busca, por el contrario, garantizar el abordaje inmediato de las situaciones financieras provinciales, al asegurar un flujo de recursos previsible y automático.
Se destaca en los fundamentos que la modalidad actual de distribución del Fondo ATN “en la actualidad prácticamente no se ejecuta”, lo que implica una ineficiencia o, peor aún, una parálisis en el mecanismo de asistencia.
Se recuerdan, además, antecedentes similares en los que se suspendió temporalmente la distribución, estableciendo fondos fijos de prorrateo de la recaudación (mencionando las Leyes 25235 y 25400). Al igual que con el Impuesto a los Combustibles, esta propuesta de modificación legislativa busca fortalecer el federalismo y la sostenibilidad de las finanzas, tanto nacionales como provinciales.
Ambos proyectos de ley, avalados por las firmas de diversos senadores, representan un frente unificado y coordinado de las provincias argentinas para reclamar una mayor previsibilidad y autonomía en el manejo de sus recursos
Esta ofensiva legislativa marca un hito en la relación fiscal entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales, buscando redefinir las bases del federalismo argentino y asegurar un reparto más equitativo y menos discrecional de la “torta” fiscal.
Firmas
Estos proyectos de ley cuentan con el respaldo y las firmas de un amplio grupo de senadores. Entre los legisladores que suscribieron ambas iniciativas (tanto la eliminación de fideicomisos y reforma del Impuesto a los Combustibles como la del ATN) se encuentran Daniel Bensusán, Juliana di Tullio, Fernando Salino, José Mayans, Carolina Moisés, Eduardo Vischi, Edith Elizabeth Terenzi, Carlos Espinola, Sandra Mendoza, Alfredo Deangelis y Mónica Silva.
Adicionalmente, el proyecto sobre el Impuesto a los Combustibles fue firmado por Florencia López, mientras que María Teresa All firmó ambos proyectos.
