A través de un duro comunicado, la Asociación de Fiscales cruzó al Gobierno por la marcha contra la Corte Suprema convocada para el martes por dirigentes del kirchnerismo y apoyada por funcionarios nacionales. En el escrito, reclamó que se respete la división de poderes.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno y por el apoyo a la convocatoria que tiene como objetivo echar a los jueces del máximo tribunal del país.
Marcha contra la Corte Suprema
En el texto, los fiscales le piden “al poder político a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
Advierten, además, que “la independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”.
“En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”, finaliza el comunicado.
El texto lleva las firmas de Carlos Rivolo (presidente). Ricardo Toranzos (vicepresidente primero), Maria Fernanda Fernanda Poggi (vicepresidenta segunda), Carina Jaime (vicepresidenta por los funcionarios) y Susana Pernas (secretaria general”.
La marcha para “echar” a la Corte Suprema que convocan sectores alineados con el Gobierno tuvo apoyo de algunos funcionarios nacionales como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, o Jorge Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Martín Mena, secretario de Justicia, opinó en sintonía y dijo que le “parece sano y necesario que la gente se pronuncie”.
El propio presidente Alberto Fernández fue muy duro con el máximo tribunal y sus miembros. “La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, cuestionó el jefe de Estado.
La marcha contra la Corte Suprema la lideran en redes sociales dirigentes ultrakirchneristas como Luis D’Elía, pero quien la ideó fue el juez nacional Juan María Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, todos miembros de la agrupación K Justicia Legítima, cuya presidenta es Cristina Caamaño, actual titular de la AFI.
El comunicado de la Asociación de Fiscales se suma a las críticas lanzadas desde la oposición y también desde distintos sectores de la Justicia y el Derecho, que convocaron a una marcha en defensa de la Corte.
El comunicado completo de los fiscales
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación manifiesta su profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por ello, exhorta al poder político a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial.
La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado.
Más voces en contra de la marcha
El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) ya se había expresado en contra de la manifestación promovida por el gobierno nacional, especialmente por el ala kirchnerista.
“El ataque sistemático al Poder Judicial resulta un evidente artilugio demagógico para sembrar la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura”, reza el párrafo más fuerte del comunicado publicado la semana pasada.
Desde la oposición también cuestionaron la iniciativa que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires este 1 de febrero.
