En el Tribunal Oral Federal N°2 de la ciudad de Buenos Aires comenzó el juicio oral contra dos expresidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y tres productores audiovisuales acusados de haber defraudado al organismo entre 2002 y 2013.
Los dos principales acusados son Jorge Armando Álvarez y Liliana Amalia Mazure. Ambos llegaron a juicio en libertad acusados de ser coautores del presunto delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, según informó el Ministerio Público Fiscal.
El cordobés Jorge Álvarez fue durante varios años funcionario del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
De hecho, estuvo al frente del Polo Audiovisual de donde fue apartado posteriormente tras cuestionamientos. Su cargo fue ocupado por Nora Bedano.
Álvarez volvió en los últimos tiempos a la acción política de gestión en Córdoba.
Por un lado, se ha desempeñado como asesor directo en la Municipalidad de Estación Juárez Celman que conduce Fabián Reschia, un continuador de la gestión de la exintendenta de esa ciudad y actual gobernadora Myrian Prunotto.
Asimismo, Álvarez está al frente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Unquillo, en Sierras Chicas.
En sede judicial, Álvarez ha negado las acusaciones en su contra.
La Voz lo consultó sobre el juicio. “La Justicia federal ya ha resuelto anteriormente que los hechos en los que se basa este juicio no constituyen delito… Sorprende que esta causa ya lleva 18 años de manipulación mediática - judicial", expresó.
Causa judicial en Comodoro Py
Volviendo al juicio que arrancó en los Tribunales Federales de Comodoro Py, al banquillo de los acusados llegaron los productores Pablo Luis Rovito, Fernando Rubén Sokolowicz y Alejandro Juan Tossenberger, quienes fueron acusados de ser partícipes necesarios de presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Jorge Coscia, titular del organismo entre 2002 y 2005, también se encontraba entre los imputados, pero murió en 2021.
Desde el MPF se indicó que en la investigación se detectaron casos donde “el Incaa aportó un porcentaje significativamente mayor a lo que se había firmado a través de los convenios permitidos por la ley”. Todas las maniobras habrían ocasionado un daño patrimonial aproximado en ese momento de $16.637.423,34, más lo que corresponda en concepto de actualización de capital e intereses.
La acusación de defraudación en el Incaa
De acuerdo con la pesquisa realizada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre 2002 y 2013 “se perjudicaron las arcas del Incaa” a partir de la suscripción de convenios regulados por la ley 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica nacional.
Esa norma es la que faculta al director nacional de Cine y Artes Audiovisuales a realizar y convenir producciones de películas de interés para el fomento de la industria cinematográfica nacional y donde se especifica que el Instituto puede aportar hasta un 70% del monto presupuestado para el proyecto.
“Los nombrados, como funcionarios y máximas autoridades del Incaa tenían el deber de revisar la pertinencia real y corrección formal de los gastos rendidos a las productoras y de realizar las observaciones adecuadas a fin de impugnar las cuentas presentadas y así proteger la integridad del patrimonio público confiado”, resaltó el fiscal.
“Se investigó la liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del Incaa, sin que se haya comprobado la efectiva progresión de la obra ni la pertinencia real o corrección formal de las rendiciones parciales de gastos presentadas por las productoras, y sin que se previera la rendición sobre el total de los costos incurridos”, se indicó en el requerimiento de elevación a juicio.
Se detectaron casos donde el Incaa aportó un porcentaje “significativamente mayor al convenido sin que se hayan efectuado las acciones tendientes a recuperar lo indebidamente erogado por el organismo”.
En otros, se dictaron adendas a los convenios originales que “modificaban los porcentajes de participación del Instituto y adecuándolos al costo definitivo de producción”. Incluso se verificaron situaciones en donde no se entregaron las películas objeto del convenio.
Maniobra bajo la lupa
En el requerimiento, según el MPF, se marcó que los contratos no exigían a las productoras rendir los costos por la totalidad de los gastos producidos, sino que sólo debían presentar rendiciones respecto de lo aportado por el Incaa.
“Ello impedía verificar el porcentaje real de participación del Instituto sobre el costo definitivo de la película, lo que resultaba fundamental para calcular la distribución de los beneficios provenientes de la comercialización”, se explicó.
Esa situación habría dado lugar a una falta de control real por parte de las autoridades al momento de liberar las cuotas siguientes a la firma del acuerdo.
“En la mayoría de los casos, los aportes del Incaa a las coproducciones fueron realizados sin considerar las rendiciones de los montos previamente abonados, es decir, que el Instituto abonaba las cuotas pertinentes sin darse cumplimiento a las cuotas anteriores”, se estableció en uno de los peritajes contables, según la causa.
“Se investigó la liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del Incaa, sin que se haya comprobado la efectiva progresión de la obra ni la pertinencia real o corrección formal de las rendiciones parciales de gastos presentadas por las productoras”, se indicó en el requerimiento de elevación a juicio.
El debate oral se realiza en el TOF 2 de Buenos Aires ante los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.
El fiscal acusador es Diego Luciani.
El juicio se reanudará este 12 de junio, oportunidad en la que el Ministerio Público Fiscal contestará las cuestiones preliminares que fueron planteadas por las defensas.
Concluida dicha instancia, los imputados tendrán la posibilidad de declarar si así lo desean para luego continuar con la etapa de las declaraciones testimoniales.
Días atrás, en la primera audiencia ante los jueces se leyó la acusación donde se especifica que los expresidentes del INCAA Jorge Armando Álvarez y Liliana Amalia Mazure llegaron a juicio acusados de ser coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
