En el régimen presidencialista argentino el jefe de Estado, que también es jefe de Gobierno, se reserva para sí la decisión de la formación de su gabinete de colaboradores.
Los cambios de gabinete son, desde siempre, tema de debate para la política, pero también para la sociedad.
Como todos sus predecesores, Alberto Fernández nombró a su gabinete por decreto. El No. 50/2019 invoca en sus considerandos los principios de racionalidad y eficiencia.
Un recién asumido Presidente integró su equipo con políticos de trayectoria y algunas caras nuevas, que conformaron un gabinete, que, si bien no es paritario, resulta más inclusivo de mujeres en cargos de alta responsabilidad.
De hecho, la primera ministra que se va, es mujer.
Un año y poco después, el contexto que afronta Alberto Fernández y su gobierno es líquido.
Luego de protagonizar un encendido discurso en la asamblea legislativa 139, y dejar claro en ella que tanto la economía como la Justicia iban a ser los ejes centrales de la política del frente de todos para el resto del año, a la semana de esas definiciones se produce el alejamiento de la ministra Marcela Losardo.
Algunas cuestiones que podemos señalar, son: la falta de un manejo adecuado de los tiempos, la ausencia de una argumentación convincente para explicar la salida de la funcionaria y no tener un nombre definido en su relevo.
Estas cuestiones ponen en relieve que se trata de un momento precario de la política argentina y de su gobierno.
No porque tengan ausencia de políticas para el ámbito de la Justicia. Simplemente porque las idas y venidas, señalan una ausencia de consensos, fundamentalmente internos en el propio Gobierno nacional.
Este es el contexto liquido con el que deberá lidiar el gobierno y su nuevo ministro de Justicia.
Un contexto que, además, tiene muchas urgencias y expectativas electorales, teniendo en cuenta que se trata de un año de comicios intermedios para la gestión nacional.
*Politóloga, Zuban-Córdoba
