Un clima de moderado optimismo generó el resultado de la audiencia que se realizó este miércoles en la Cámara de Apelaciones de Nueva York donde se discutió el fallo que condenó al país a pagar U$S 16.000 millones por la nacionalización de la petrolera YPF.
La defensa de la Argentina argumentó que la justicia de los Estados Unidos no es el ámbito para que se tramite una demanda de este estilo y pidió que se revierta el fallo.
A lo largo de la audiencia, al menos dos jueces de los tres que integran el tribunal hicieron hincapié en ese foco e indagaron a los abogados defensores de los beneficiarios de la sentencia de la jueza Loretta Preska para que expongan sus fundamentos.
“Si sos el beneficiario de un fallo de U$S 16,100 millones, tenes que esperar que la Corte de Apelaciones desafíe tus argumentos y eso fue lo que pasó”, señaló el especialista Sebastián Maril en diálogo con La Voz.
Maril afirmó que “los tres jueces fueron mucho más agresivos en las preguntas formuladas a los beneficiarios del fallo que a la República Argentina”.
No obstante, advirtió que “ningún juez va a revelar su opinión durante los argumentos orales sino siempre lo van a hacer cuando publiquen el fallo”.
Sin embargo, consideró que “se puede ser optimista en base a lo que vimos porque fue un ‘ataque’ de preguntas a los beneficiarios del fallo y no tanto a la República Argentina”
“Pero hay que tener cuidado y no caer en la tentación de que esto realmente va a ser terminar siendo favorable a la Argentina”, concluyó.
La primera reacción se vio en los mercados. La acción de Burford Capital tuvo una baja de hasta 15%, a poco más de 30 minutos de haberse conocido la sentencia.
Desde la Procuración del Tesoro se destacó que la defensa apuntó “a la responsabilidad de la Cámara de Apelaciones de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino”.
“La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”, indicaron.
Los abogados de la República enfatizaron que “este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”.
Luego insistieron con el argumento de que Burford compró el derecho a litigar de una empresa en quiebra en España y luego, con el argumento de la cotización bursátil, fue a litigar a Nueva York.
“Los demandantes no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”, señalaron los defensores.
Añadieron que Burford Capital está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de U$S 16.100 millones (que hoy asciende a unos U$S 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina.
“La República Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”, señaló la Procuración.
La decisión del tribunal se conocería recién en la primera mitad de 2026.
Mike Fragoso, abogado de los demandantes opinó lo contrario: “El gobierno de Argentina, a través de sus apelaciones, ha dejado claro que sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones —que causaron pérdidas por miles de millones de dólares a inversores y acreedores y que siguen sin ser saldadas hasta el día de hoy. El fallo de Preska es sólido”.
Chats y mails
Como derivada de la causa madre, la jueza Loretta Preska avanza en la búsqueda de activos argentinos para hacer cumplir su condena. En ese marco, había solicitado que funcionarios y exfuncionarios argentinos entregaran chats y mails para intentar establecer vínculos entre la República e YPF y de esta forma embargar activos del país.
En las últimas horas, la Argentina pidió que el plazo para la presentación de estos chats –que incluyen a funcionarios como el ministro Luis Caputo y su predecesor, Sergio Massa- hasta el 21 de noviembre.
Al mismo tiempo, dijo que “cooperará” para solicitarles a unos 37 funcionarios acepten entregar esta información.
