La jueza Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Manhattan, en Estados Unidos, lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF. Este jueves, informó ratificó uno de sus fallos anteriores y determinó que a partir de hoy Argentina puede recibir pedidos de embargos por parte de los querellantes en la causa.
En 2023, la magistrada determinó que el Estado argentino era culpable de haber expropiado mal la petrolera de bandera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta, y lo condenó a pagar el resarcimiento máximo establecido: U$S 16.000 millones.
El bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos de litigio de dos exaccionistas minoritarios de YPF, es el ganador del juicio y es quien podría disparar los pedidos de embargos.
Presentación de avales por parte de Argentina
Hasta el miércoles, la magistrada le había dado tiempo a Argentina para que presente avales que eviten los embargos. Sin embargo, eso no ocurrió.
En su escrito, la jueza expuso que “empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país”, pero le “recomienda” al Gobierno preparar una hoja de ruta para terminar con el caso por la expropiación de YPF.
Días atrás, ante un nuevo pedido de prórroga, el abogado querellante Randy Matro, del estudio King and Spalding, envió a la magistrada estadounidense un escrito de dos páginas en el que indicaba que “nada en la ley estipula que esta Corte sólo puede definir una fecha bajo la presencia de activos embargables”.
De esta forma, Mastro respondió de manera negativa al planteo efectuado por la Argentina, para que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.
Sobre el juicio por la nacionalización de YPF
En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de U$S 16.000 millones a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.
El pedido presentado por la Argentina obligaba a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo del país, siempre y cuando la Argentina no presentase las garantías solicitadas.
“Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”, sostenía el texto presentado a Preska por el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al país.
Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa. En diciembre último, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio.
