Este miércoles, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo que nuclea a los abogados del Estado argentino, anunció una profunda reestructuración institucional que incluye el despido de más de 60 funcionarios y una drástica reducción de áreas técnicas. Esta medida se produce en medio de fuertes sospechas de venta y filtración de información por parte de empleados en el marco crucial juicio por la expropiación de YPF, que se cursa en Estados Unidos.
El organismo, presidido por Santiago Castro Videla, destacó en un comunicado que la reestructuración busca “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, en el marco de los lineamientos de la Ley Bases.
Evitaron referirse a las sospechas por las filtraciones y, en cambio, destacaron que La Procuración redujo su personal en más de un 20% desde la llegada de la actual gestión en febrero de 2025. Como parte de los cambios, la PTN pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La tarea de capacitación será asumida por un nuevo centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Los cambios, que serán oficializados este jueves en el Boletín Oficial, también implican una reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas.
Evitaron referirse a las sospechas
Aunque la Procuración del Tesoro no confirmó directamente las acusaciones de filtraciones, Clarín mencionó que desde la Casa Rosada dejaron trascender las fuertes sospechas y un sector del Ejecutivo indicó que “claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”. Estas fugas de información, se sospecha, pudieron haber intentado beneficiar al fondo Burford, que encabeza la demanda contra Argentina por la estatización de YPF en 2013.
El juicio, que se lleva a cabo en Nueva York, es el más grande que afronta el Estado argentino, con una suma en juego de 16 mil millones de dólares. Recientemente, la jueza neoyorquina Loretta Preska había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes. Sin embargo, el Gobierno logró este martes, justo antes del anuncio de la reestructuración, que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendiera preventivamente esta orden de entrega de las acciones. Adicionalmente, el Departamento de Justicia estadounidense volvió a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino.
Con información de Clarín
