El Presidente Alberto Fernández y al menos 11 gobernadores acordaron impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo acusa a quienes ocupan la cabeza de uno de los poderes republicanos por “mal desempeño”.
No está muy claro cuándo el texto que pide el inicio del procedimiento de enjuiciamiento será girado a la Comisión de Juicio Político que funciona en la Cámara de Diputados. Si bien se especuló que podría ocurrir este miércoles, fuentes de Presidencia indicaron a este diario que será “en los próximos días”. Antes, aclaró, la misma fuente, el Presidente Fernández debe convocar a sesiones extraordinarias.
En un principio, de acuerdo al comunicado de Presidencia, el pedido de juicio político contaba con el aval de 12 gobernadores. Sin embargo, el gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que no apoyaba. Fuentes de Casa Rosada dijeron a este medio que se esperaba sumar a otros gobernadores.
La semana pasada, las provincias peronistas o aliadas al Gobierno nacional como San Luis, San Juan, Salta y Misiones apoyaron al Ejecutivo en la controversia con CABA por fondos nacionales coparticipables. Los mismo ocurrió con los distritos de Neuquén y Río Negro: sin ser aliados del Frente de Todos, se alinearon con la Casa Rosada en la puja donde la Corte Suprema falló a favor de una cautelar del gobierno porteño. Los peronistas Omar Perotti y Juan Schiaretti, en cambio, tomaron distancia del conflicto desde un principio.
La posición de Bordet trajo inquietud en el FdT: la titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gaillard, responde al gobernador de Entre Ríos. Iguales especulaciones se disparan respecto al voto de los diputados de los distritos cuyos gobernadores no avalan por ahora el pedido de juicio político.
El bloque oficialista podría aspirar a un dictamen de mayoría en la comisión porque cuenta con 16 de los 31 miembros. En el recinto los números no dan. Se necesitan dos tercios de los votos. “Vamos a ver cómo transcurre el juicio; cuando se trató el Presupuesto también se decía que no nos daban los números”, recordó este lunes el gobernador Kicillof.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, dice el texto de pedido de juicio.
Son varias las causales que invocan el Gobierno nacional y casi la mitad de los gobernadores para impulsar el juicio político. Se habla, por ejemplo, “del grave ataque que los magistrados han asestado al sistema federal, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Puntualmente al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se lo cuestiona por considerar “como una amenaza y condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales” el que haya advertido que cualquier reforma judicial debe tener “un acuerdo previo” de la Corte.
Rosatti también es cuestionado por los recientes chats publicados entre un funcionario judicial de su confianza y el ministro porteño (ahora con liciencia), Marcelo D’Alessandro. “Consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.
La Corte en pleno, de acuerdo al texto de pedido de juicio político, es cuestionada por dos fallos. Se califica como “asalto al Consejo de la Magistratura” al fallo que restauró la ley derogada por el Congreso sobre la conformación del organismo que selecciona y remueve jueces. El otro fallo cuestionado es el que habilitó la cautelar presentada por el gobierno porteño en la pulseada con el Gobierno sobre fondos coparticipables.
D’Alessandro pidió licencia y habló de operación infame
El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tomó una licencia en su cargo luego de la filtración de supuestos chats que lo tendrían como protagonista. La decisión también habría sido influenciada por su presunta participación en un viaje a Bariloche junto a jueces federales y directivos del Grupo Clarín.
“Necesito tomarme una licencia temporaria, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos”, dijo D’Alessandro en conferencia de prensa, donde anunció los datos del mapa del delito porteño, que quedaron en un segundo plano por el impacto del corrimiento del funcionario.
En ese marco, dijo estar “más firme que nunca” y aclaró que será “una licencia temporal”, por lo cual no será designado un reemplazante a su cargo, sino que el área de Seguridad quedará bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Felipe Miguel.
“Somos objeto de una operación de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad y después montan situaciones que no son reales, las editan queriendo instalar crisis institucionales”, remarcó.
La semana pasada, D’Alessandro negó la veracidad de los chats difundidos en los que se observan presuntos diálogos con Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante, a cargo de la concesión del sistema de acarreo de vehículos en la Ciudad hasta hace pocas semanas.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a respaldar a D’Alessandro, quien tuvo palabras de agradecimiento para una de las fundadoras de Juntos por el Cambio durante su discurso. “No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter.
El funcionario a cargo de la Seguridad en el distrito porteño estaría también implicado en una primera publicación de chats con jueces federales, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques y directivos del Grupo Clarín para acordar una estrategia de encubrimiento por un viaje realizado a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido, Bariloche.
La situación del ministro fue analizada el viernes pasado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una reunión a través de la plataforma Zoom que mantuvo con funcionarios de su confianza, en la cual acordaron mantener en su cargo a D’Alessandro.
