Los defensores del secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y a su antecesor, Gabriel Suárez, pidieron enérgicamente este viernes su absolución por los graves delitos de presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de millonarios fondos del sindicato en perjuicio de los afiliados.
La penúltima audiencia del debate se desarrolla, como desde el inicio, en la sala de juicio del Tribunal Oral Federal (TOF2) de Córdoba, que, por sus escasas dimensiones, se limita solo a la presencia de los imputados, defensores, fiscales, personal judicial, prensa y jueces.
Los familiares de los acusados y querellantes siguen las alternativas a través del circuito cerrado instalado en una sala contigua de la vieja casona de estilo afrancesada de Nueva Córdoba.
El juicio a la cúpula de Luz y Fuerza
Los dos referentes sindicales están siendo juzgados aquí junto a otros siete imputados por maniobras vinculadas a la presunta defraudación por administración fraudulenta de millones de pesos de fondos que habrían librado mediante cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con los imputados.
El dinero luego habría retornado a Molina Herrera, Suárez y el entonces secretario de Finanzas del gremio (hoy, secretario de Vivienda y Obras), Fernando Navarro, también investigados por lavado de activos de grandes caudales de dinero con la compra de fichas en casinos, vehículos, propiedades y viajes por el mundo, según el caso.
La mecánica defraudatoria habría contado con las complicidades de Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas), Roque Daniel Tapia (actual secretario adjunto, exsecretario de Previsión Social), Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo (apoderado gremial), José Ramón Galván (apoderado sindical) y Martín López (empleado de limpieza), todos acusados en el debate.
Los imputados habían ofrecido, antes de iniciar el juicio, 198.433.940 de pesos como reparación del daño para evitar el proceso y ser el sobreseídos, lo que fue rechazado por el fiscal general, Carlos Casas Nóblega, y el tribunal, integrado por Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y José Asís.
Pedido de penas
Durante sus alegatos, el fiscal había arremetido contra la cúpula por haberse “valido de recursos materiales” (“una montruosa cantidad de cheque librados”) y “humanos (personal de menor jerarquía del gremio o eslabones)” para sus presuntos fines ilegales.
Respecto al pedido de penas, había solicitado al tribunal condenar a 10 años de prisión a Suárez y nueve años y medio de prisión a Molina Herrera y a Navarro como presuntos jefes de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.
También había pedido cinco años y seis meses para Lozano (defraudación por administración fraudulenta); cinco años para Tapia (defraudación), Fidelbo (asociación ilícita como miembro defraudación) y Galván (asociación ilícita como miembro y defraudación); tres años condicional para Victoria Molina (defraudación; y absolución por otro hecho); y un año para López (defraudación; 3 años en total al unificarse con una condena previa).
El representante del Ministerio Público además pidió inhabilitaciones especiales de varios años para que no vuelvan a ocupar cargos gremiales.
Por su parte, la querellante Mabel Sessa, en representación de los empleados y jubilados de Epec, solicitó seis años de cárcel para Molina Herrera y Navarro e inhabilitaciones.
El turno de las defensas
En esta penúltima audiencia, el defensor Iván Mochkofsky (por Fidelbo, Galván y López) solicitó aplicar para López la misma pena pedida por el fiscal.
Sin embargo, discrepó respecto a Fidelbo y Galván al sostener que no se pudo probar la hipótesis acusatoria. “No se ha logrado demostrar una conducta específica o puntual sobre ellos, no genérica. Ni los propios gendarmes contadores interventores (en el gremio) pudieron llegar a demostrar una conducta de defraudación”, añadió y restó importancia a los informes contables de Gendarmería, valorados por los fiscales.
Sobre este punto afirmó que si ni la contadora interventora pudo llegar a una conclusión de defraudación, “menos el fiscal”. Al mismo tiempo dedicó un párrafo al señalar que el análisis de los cheques realizado en la investigación no debió ser por “muestreo” (el análisis de un período para utilizarlo como elemento probatorio para establecer luego un patrón de conducta delictiva y adjudicar un reproche penal) sino total y “serio” del lapso evaluado.
Puntualizó que los cheques librados por la cúpula -que Fidelbo y Galván utilizaban como apoderados para endosarlos a otras personas- tenían como finalidad hacer frente al pago de servicios a proveedores y que el que fueran de montos de hasta $ 50 mil “redondos” respondía al límite bancario impuesto por el Banco Central. “Era una operatoria con cheques totalmente documentada y habitual del sindicato”, indicó.
El penalista además cuestionó al “único testigo” de la fiscalía, el imprentero Darío Cipollini. Éste había afirmado que la cúpula “normalmente” fraccionaba “el total de la operación” de “pago” por un “servicio” en “varios cheques”, que eran endosados y volvían a los imputados. También refirió que la cúpula pagaba servicios con sobreprecios.
Mochkofsky descalificó su valor testimonial por sus antecedentes penales (por haber sido el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba) y por tener un temperamento “violento” y “psicópata”. En consecuencia, pidió absolver a Galván y Fidelbo.
La defensa de la cúpula
Por su parte, los defensores Ernesto y Tristán Gavier, en representación de Suárez, Molina Herrera y su hija, Navarro, Tapia y Lozano, pidieron absolver a todos.
Al referirse a la presunta defraudación de fondos de la obra social, Ernesto Gavier afirmó que Molina Herrera y Navarro no cometieron delitos. “No hubo desvíos de fondos”, agregó y pidió la absolución para ambos respecto a esos hechos.
En tanto, sobre el supuesto desvío de millones del Fondo Compensador, maniobras por las que están acusadas Victoria Molina, Tapia, Lozano y Navarro, negó ilicitudes y direccionó la atención a lo que le pareció un “festejo” de los interventores del gremio, que declararon haber logrado “ahorrar” 1.800 millones de pesos para poder librar pagos a los pasivos.
“Con ‘lápiz rojo’ deshumanizaron a los afiliados. No pagaban Caruso ni colchones antiescara y sillas de ruedas. Se dejó de gastar en los viejos. El derecho penal no está para ‘congelar’ la distribución de los fondos de una organización sindical cuando se usan con fines lícitos“, añadió y solicitó la absolución de Navarro, Lozano, Tapia y la hija de Molina Herrera.
Respecto a esta última, el defensor sostuvo que al trabajar en Recursos Humano de Epec -y luego como subsecretaria de Acción Social- debía acercar a Tapia datos de afiliados. “Pero no tenía permiso gremial ni firma. No tenía poder de decisión sobre los cheques. Nunca manejó fondos. Nunca tuvo intervención en algún hecho”, dijo. “Lo que la condenó a llegar a estar sentada como acusada es su apellido. Solamente eso”, indicó.
En consoncia con apuntado por Mochkofsky, “el que los cheques fueran y volvieran” desde el gremio, lo que los fiscales consideran defraudación, “tiene un significado y es que los retiros por caja tenían un límite de $ 50 mil impuesto por el Banco Central. Por eso un pago a un proveedor por $ 400 mil tenía que dividirse en ocho cheques”, ejemplificó Gavier.
A su turno, Tristán Gavier pidió nuevamente la nulidad de los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a la millonaria compra de fichas que hizo Molina Herrera porque consideró que no utilizarse como prueba sino como “guía”. Al ser empleados por los fiscales durante la causa, afirmó que se violó el derecho de defensa y proceso.
El contrapunto fue contestado por el fiscal Casas Nóblega, con adhesión de la querellante Sessa: “Esto ya fue debatido y declarada la nulidad por el tribunal. No hay una lesión constitucional. Es una prueba válida y no se entiende el perjuicio que se quiere invocar”, indicó el acusador.
Luego consideró que la causa penal en contra de la cúpula comenzó por “una cuestión política dentro del sindicato” luego de que se reprimiera una protesta de Luz y Fuerza en 2019 y fuera detenido Héctor Tosco, hijo del histórico dirigente del gremio Agustín Tosco.
Sostuvo que Tosco quedó libre y tanto él, como Gustavo Aimino (querellante actualmente), presentaron denuncias contra la cúpula. Dijo además que seis meses después, con motivo de las elecciones en el gremio, Tosco “no salió segundo, salió tercero” detrás de Suárez (reelecto) y Tomás Di Toffino, lo que habría motivado la frustración del hijo del recordado líder. “Un Tosco que perdió una elección...de eso nunca se recuperó”, opinó.
Yendo a la cuestión técnica de la acusación, el abogado remarcó estratégicamente que tanto Molina Herrera, Suárez y Navarro fueron elevados a juicio como organizadores de asociación ilícita y luego, en los alegatos de los fiscales, se los catalogó como “jefes”, lo cual desde su óptica afectaba el principio de congruencia en ambas instancias.
En la misma línea, atacó la utilización de la figura de asociación ilícita (la más grave de las imputaciones) cuando, de acuerdo a la acusación, debería reducirse a una discusión sobre defraudación. Fundó su postura al sostener que no se daban los requisitos del tipo penal para alegar una asociación ilícita (permanencia, habitualidad y maniobras delictivas o un número indeterminado de delitos).
Así, buscó establecer que la acusación, tal como está planteada en la descripción, sólo muestra “una sola maniobra delictiva: la defraudación”. Y profundizó en la “confusión” del Ministerio Público, querellantes y de “algunos jueces” entre la asociación ilícita (que nace ilícitamente para cometer delitos indeterminados) y la asociación ilícita en una asociación lícita (un gremio, por ejemplo).
“El tribunal debe separar permanencia democrática (en alusión a la elección democrática de los representantes gremiales) de permanencia delictiva”, añadió, siendo la primera lícita. “Acá no se puede demostrar de ninguna manera la asociación ilícita por atipicidad y no hay alarma pública, sino en el sindicato. Yo ni me enteré en su momento de la causa”, agregó en referencia a que la supuesta asociación ilícita no tuvo eco en la vida pública, generando zozobra.
¿Y el lavado?
En la parte final de su alegato, Gavier buscó desmontar la figura acusatoria del lavado endilgado a Suárez, Molina Herrera y Navarro. Tras considerar que los $ 13,5 millones utilizados por Molina Herrera para comprar fichas en casinos “son un sueldo para algunos”, admitió que el gremialista es “un jugador, un apostador” pero apartado de cualquier conducta delictiva.
“La compra de fichas para jugar es consumo, no lavado de dinero. Los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) de los casinos (emitidos contra Molina Herrera) son operaciones sospechosas, pero no quiere decir que es un delito”, dijo, pero no mencionó cómo Molina Herrera obtuvo el dinero para adquirir los 13,5 millones.
Y agregó, como ejemplo, que si no se pueden justificar los fondos para adquirir fichas, en todo caso, es “compra de fichas con lo robado, pero no lavado”.
Para sostener su análisis, señaló que el Ministerio Público usó la figura del lavado cuando, de acuerdo a las fechas de los hechos, la compra de fichas fue anterior al presunto desvío de fondos gremiales a través del libramiento de cheques que habrían “retornado” a la cúpula. “¿O sea el lavado es anterior a la defraudación?”, se preguntó.
“Acepto utilizar el muestreo (tomar un período para probar la repetición de maniobras) para explicar la maniobra (de defraudación) para adelante, pero no tiene un efecto retroactivo porque es inconstitucional al no haber un juicio previo ni imputación. Acá no se hizo una mínima descripción del delito precedente al lavado. Mínimamente una descripción, algo”, se quejó.
Al referirse a Suárez -sospechado por la compra de una propiedad en un fideicomiso, valuada en más de $ 3 millones (a precios de años anteriores)- y a Navarro –por la adquisición de un auto y dos departamentos-, utilizó el mismo razonamiento que sobre Molina Herrera. Afirmó que “hay una contradicción temporal” ya que el lavado no puede ser anterior a la defraudación sino a la inversa e insistió en rechazar la utilización del muestreo de forma “retroactiva” sin base descriptiva acusatoria.
“No es veraz decir que Suárez ganaba un sueldo. Ganaba el sueldo, el BAE de Epec, viáticos y por representación ante la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza. ¿No va a poder comprar un departamento de $ 3 millones? Se demuestra enfáticamente el origen de los fondos en sus declaraciones juradas”, amplió y solicitó las absoluciones de sus defendidos por asociación ilícita (en calidad de organizadores y miembros) y por lavado en caso de Molina Herrera, Suárez y Navarro.
Párrafo aparte, se registró un cruce entre Tristán Gavier y la querellante Sessa (pareja de Tosco) cuando el defensor dijo que el hijo del referente sindical había sacado préstamos en Luz y Fuerza para vacaciones en las sierras y costa argentina (cuando se hablaba de la “ayuda social” a los afiliados con fondos gremiales, punto achacado por la acusación como desvío de fondos) e irónicamente dijo: “Quisiera saber si le tocaron días soleados”.
Eso generó la reacción de Sessa que expresó airadamente su enojo y la jueza del tribunal debió intervenir para retar a ambos: a la querellante para recordarle que podía ejercer en todo caso su derecho de réplica luego y a Gavier para que fuera respetuoso con su colega. Finalmente, Sessa expresó su malestar por haber sido tratada como “la mujer de Tosco” buscando desprestigiarla como querellante en representación de jubilados y pensionados (denunciantes en la causa) cuando los acusados son los gremialistas.
En la última audiencia, prevista para el martes, los imputados tendrán la posibilidad de emitir la última palabra y luego el tribunal pasará a un cuarto a intermedio para deliberar y dar conocer el veredicto.
Acuerdos con los “coleros”
Si bien nueve acusados principales llegaron finalmente a juicio, otros nueve también fueron imputados. Los “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario acordaron con el fiscal Casas Nóblega indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco, lo que les permitió evitar sentarse en el banquillo.
El mismo tribunal homologó el acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) en favor de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).
