El Frente de Todos volvió a imponer su mayoría numérica en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de las pruebas contra los cuatro jueces de la Corte Suprema y una ronda testimonial que comenzará el jueves próximo con la citación a dos jueces federales y media docena de funcionarios del máximo tribunal.
En la cuarta jornada de la comisión, donde volvieron los cruces, el oficialismo anunció que comenzará a librar los oficios a las distintas dependencias para reunir una abultada cantidad de medidas de prueba, entre las que figura el listado de llamados entrantes y salientes de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia porteño, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
D’Alessandro y Robles (que serán citados a la comisión en fecha a definir) son protagonistas de los chats filtrados donde se hablaba de los fallos vinculados al Consejo de la Magistratura y a la coparticipación que reclamaba la Ciudad de Buenos Aires. Ambas sentencias forman parte de la acusación contra los jueces de la Corte.
La ronda testimonial comenzará el jueves que viene con varios citados a propuesta del kirchnerista Rodolfo Tailhade. Uno es el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien se declaró incompetente para investigar una denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra Robles y envió el expediente a Comodoro Py.
También llamarán para ese día el juez federal Sebastián Ramos, quien archivó la causa de los chats en plena feria judicial tras el traspaso desde el juzgado de Ariel Lijo, y luego desde el de María Eugenia Capuchetti.
Asimismo, convocarán para más adelante a Juan Ignacio Mahiques, fiscal federal y hermano del procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, por la celebración de su cumpleaños en el Hotel Four Season, de la que participaron Robles y D’Alessandro.
El jueves próximo y el siguiente también darán testimonio numerosos funcionarios y empleados de la Corte.
Medidas de prueba
El oficialismo acusa a los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no solo por mal desempeño, sino también por posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, por más de 60 hechos.
Juntos por el Cambio, en la voz de Pablo Tonelli (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), advirtió que la comisión no tiene facultades para intervenir comunicaciones sin autorización judicial.
“Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional requiere la intervención de un juez”, argumentó López, vicepresidente de la comisión, y aseveró: “Quieren hacer un proceso penal paralelo porque en sede penal no han tenido suerte”.
Sin embargo, el kirchnerista Rodolfo Tailhade aclaró que “no se pide una interceptación, ni siquiera el entrecruzamiento de llamados ni su contenido”, sino un mero listado.
Por su parte, Tonelli sostuvo que “la prueba ofrecida no está destinada a aprobar el mal desempeño que se le atribuye a los jueces, sino a hacer un show, a exponer a los jueces y sus allegados, o a prolongar innecesariamente la investigación”.
El legislador del PRO señaló que “no se puede ni se debe hacer uso” de los chats entre Robles y D’Alessandro, y que tampoco “pueden ser citados como testigos, porque hay causas penales en curso en las que se está investigando si esos supuestos chats constituyen o no un delito”.
En rigor, la citación de Robles y D’Alessandro ya había sido convalidada la semana pasada, cuando el Frente de Todos aprobó la admisibilidad del juicio político y la prueba ofrecida en los 14 expedientes presentados.
“Que vengan y que sean ellos los que digan que no pueden o no quieren declarar porque están imputados”, planteó Tailhade. El jefe del bloque, Germán Martínez, refrendó: “Ni D’Alessandro ni Robles están acusados en este proceso”.
Asimismo, Gaillard intentó llevar tranquilidad: “Esto no es un proceso penal, no tenemos facultades jurisdiccionales. No se va a violar ninguna regla del debido proceso ni de la defensa en juicio”.
Desde el Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez subió la apuesta y propuso convocar como testigo al propio Alberto Fernández, impulsor del juicio contra la Corte. Juntos por el Cambio acompañó la moción, pero el Frente de Todos volvió a imponer su número para desestimar la propuesta.
