Un interesante debate se celebró este martes en la Cámara 4ª del Crimen, donde se constituyó jurado popular para analizar la acusación de “extorsiones reiteradas” que pesa sobre tres exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba durante el inicio de la primera gestión de Ramón Javier Mestre: quien era subsecretario general de Servicios, Mario Ignacio Rey (56); el entonces director de Logística y Seguridad, Héctor Alejandro Resk (57), y el director general de Servicios y Mantenimiento, Guillermo Alejandro Medina (56).
Ante los vocales Luis Nassiz (presidente), María Antonia de la Rúa y Enrique Berger, los tres acusados negaron los hechos y se abstuvieron de declarar.
Previamente, las partes formularon la “presentación del caso” ante el jurado popular, y el fiscal de cámara Marcelo Hidalgo expresó que no es de sostener acusaciones si no hay prueba, pero que lo hará si en el debate se comprueban los tres hechos. Puso énfasis en la importancia que tiene combatir hechos de corrupción en la administración pública.
En el juicio concurren como particulares querellantes quienes eran directivos de la empresa de seguridad Visión Nocturna. Constancia Almada era la presidenta, representada por la abogada Karina Zeverín Alfieri. Cecilia Escribano es la hija del titular de la empresa y presidente sustituto, Alfredo Escribano, ya fallecido.
Zeverín relató que su clienta, después de que hizo la denuncia, perdió su empresa, recibió juicios laborales y comenzó el deterioro en la salud de su marido, Alfredo Escribano. Dirigiéndose al jurado popular, pero mirando a los acusados, expresó: “Están viendo la cara de la traición, la cara de la corrupción”.
En la defensa de los tres exfuncionarios están los abogados Julio Deheza y (su hijo) Juan Deheza. El primero de ellos se puso de pie y atacó con dureza a las empresas denunciantes y al “seudoperiodista” que produjo las cámaras ocultas, Tomás Méndez, y las difundió en su programa ADN. Sobre los empresarios, señaló que son “otra casta que nace al abrigo de la corrupción” y “son parásitos que no sirven para nada”. Sobre Méndez, dijo que fue condenado y que debió irse de Córdoba. “La denuncia se basa en las cámaras de un reconocido apretador, un reconocido extorsionador, como fue Tomás Méndez”, expresó Deheza.
Durante el debate, se espera ver las imágenes que pueden ser claves para probar los hechos.
A la hora de la declaración de las querellantes, sólo lo hizo la viuda de Escribano, Constancia Almada. La mujer relató los hechos como están en la acusación y confirmó todo lo que allí se dice. Le preguntaron por qué recurrió a las cámaras ocultas en lugar de hacer la denuncia, y respondió: “Porque la Justicia es demasiado lenta”. El juicio comenzó después de más de 13 años de ocurridos los hechos.
Los hechos
Visión Nocturna prestaba servicios desde 2009 en la gestión de Daniel Giacomino, antecesor de Mestre. Según la acusación, en el despacho de Rey se realizó una reunión inicial (en diciembre de 2011) entre este funcionario y los directivos de la empresa en la cual Rey presentó a sus colaboradores –Rezk y Medina– y les dijo que, para efectivizarles las deudas pendientes de la gestión anterior y continuar con la prestación a futuro, debían abonar diversos porcentajes de los contratos, según los casos. De igual modo, “aprovechándose de los cargos públicos que ejercían”, les indicaron a los empresarios que debían “contener a algunos militantes”, lo que equivalía a contratarlos porque “no todos podían ser nombrados” en la Municipalidad.
En la acusación, se indica que Rey mencionó “que tenía que recuperar los $ 300 mil que había gastado en la elección interna contra Ramón Mestre y en consecuencia le informó sobre el cuadro tarifario de coimas” que Visión Nocturna debía pagarle.
Más adelante, en el hotel Castelar (Alta Córdoba), indicaron a los titulares de la firma que Eduardo Santony (estuvo acusado y falleció) sería “el primero en ingresar a la firma como empleado, pero trabajando en la Municipalidad para seguir de cerca las tareas pertinentes con la empresa y la Municipalidad”.
En la misma reunión, se ratificó el “cuadro tarifario” de coimas y se les indicó a los directivos que “oportunamente” les dirían cuáles serían “los militantes del partido radical para que los contrataran en la empresa”, agregando que, “si no accedía a los pedidos, se les irían cortando todos los servicios hasta quedarse sin nada”.
Luego, en un bar de Ayacucho y Duarte Quirós, Almada entregó a Rezk $ 22 mil y este se los dio a Santony, para llevárselos a Rey, según la acusación.
El segundo hecho, una “tentativa de extorsión”, Santony comunicó a directivos de Visión Nocturna que debían pagar $ 20 mil para “que no se les cayera la compulsa” por un nuevo contrato, más la suma de $ 20 mil todos los meses “para no molestarlos más”.
El tercer hecho, otra acusación de “extorsión”, involucra a la empresa Centinela, radicada en Alta Gracia, cuyos directivos también habrían sufrido similares exigencias de parte de los funcionarios. Señalan estos denunciantes que les pedían coimas y exigían la contratación de militantes políticos dentro de la comuna y en la empresa como vigiladores.
