La sociedad entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo es desde hace un año la gran esperanza opositora en la provincia de Córdoba.
Hoy, también, es el principal motivo de preocupación de Juntos por el Cambio: pasaron de ser “la fórmula más competitiva” en la disputa por el poder provincial y municipal a protagonizar una competencia sin reglas que otra vez vuelve incierto el panorama opositor.
Desde el triunfo del 14 de noviembre de 2021, Juez actúa como si ya fuera el candidato a gobernador. Entiende que ya le ganó a De Loredo en 2019, que mide mejor en las encuestas y que es el candidato más temido por el peronismo cordobés.
Le agrega a esa convicción el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, toda la vehemencia que lo define y un elemento vital que vuelve más determinante aún su pretensión: considera que esta es su última oportunidad de disputar la Gobernación, por lo que habla de “pelear a morir”. El resultado de esa composición no admite otra posibilidad que la candidatura de Juez.
El problema es que De Loredo, que al momento de la constitución de esa sociedad accidental con Juez quería ser candidato a intendente en 2023, ahora considera que sería mejor candidato a gobernador que su socio. Su convicción es mucho mayor desde que reconstruyó su vínculo con el expresidente Mauricio Macri.
Águila en mano
Este lunes, a un año exacto del arrasador triunfo en las legislativas, De Loredo lanza una promocionada serie audiovisual de 10 capítulos en los que se trazan diagnósticos y propuestas para el Gobierno provincial. Fanático de la intriga –una característica que inquieta por igual a juecistas, radicales y miembros del PRO y de la Coalición Cívica– nadie sabe si dirá que quiere ser gobernador.
Lo real es que no hace falta: lo que propone con un águila en el brazo es un plan para la provincia que también quiere gobernar Juez, quien está invitado al lanzamiento.
El resto del radicalismo observa azorado. Mario Negri y Ramón Mestre estaban muy a gusto con la candidatura de Juez, pero De Loredo es radical. Toda la oposición tiene planteada una disputa y no encuentra cómo resolverla: los cordobeses ya lo vivieron varias veces, pero ocurre de nuevo.
Hay un borrador de reglamento que somete a internas abiertas todos los cargos electivos: es impulsado por De Loredo y lo avalaron todos los socios, menos el Frente Cívico. Ahora el reglamento va para la firma a la presidencia de cada partido y el juecismo tampoco lo firmará.
Puede ser apenas una disidencia formal, o puede ser el primer indicio de una ruptura.
Hay tiempismo, hay dos estrategias diferentes en curso y, sobre todo, predomina la desconfianza: el juecismo sostiene que la interna es alentada por el peronismo cordobés, que se mantiene inalterable la vieja relación entre Macri y el gobernador Juan Schiaretti y que De Loredo está siendo funcional a esa jugada, que es la misma de 2019.
El resultado de ese razonamiento es “Juez o traición”: una lógica inaceptable para un sector del radicalismo. Juntos por el Cambio está ingresando en un terreno complicado.
Único alivio oficialista
Que la oposición destine cada vez más energía a su interna sigue siendo un alivio para el peronismo cordobés. Tal vez el único factor esperanzador que encontró el oficialismo en los 15 días febriles que siguieron a la tragedia que protagonizó el legislador Oscar González en las Altas Cumbres.
Tras una primera semana en estado de shock, el Gobierno empezó a controlar los daños el fin de semana pasado con la renuncia de González a la Presidencia provisoria de la Legislatura, y en los últimos días apuró un cierre político del caso.
El miércoles Hacemos por Córdoba terminó de sacar de escena a su hombre fuerte en la Unicameral con una licencia por seis meses: son mínimas las posibilidades de que González regrese, y nulas las chances de que lo haga antes de las elecciones. El vicegobernador Manuel Calvo tendrá que asumir la conducción y exponerse –por primera vez en casi tres años– a algún costo político.
Schiaretti puso en manos del ministro Julián López el cierre institucional de la costosa deriva del choque de González. En los próximos días ingresarán a la Legislatura dos proyectos de ley que apuntan a revertir las dos realidades fuera de cauce que evidenció ese siniestro: el comercio de licencias de conducir por parte de municipios que hasta ahora se negaron a adherir a las leyes de tránsito de la Provincia o de la Nación, y el descontrol reinante en el reparto de autos judicializados por parte del Tribunal Superior de Justicia.
Claro que antes de controlar ese frente, el Gobierno ya tiene frente a sí otro conflicto de proporciones en todos los hospitales públicos de la Provincia.
A primera vista, parece que en las últimas dos semanas el peronismo cordobés no tuvo espacio más que para apagar incendios. Pero esa es una imagen engañosa: el oficialismo tuvo tiempo para reactivar su estrategia de permitir la re-reelección de legisladores e intendentes.
Es probable que en el transcurso del Mundial la Unicameral avance hacia ese objetivo, que ya no tendría tan sonoras objeciones opositoras.
El Panal también se ocupa de impulsar la idea de que el proceso electoral se anticipará. Trascienden supuestas advertencias a los legisladores para que no viajen lejos en enero por si hay que modificar nuevamente la ley, y la Justicia Electoral provincial ya convocó a los docentes que quieran actuar como autoridades de mesa. Al peronismo le urge que la ansiedad opositora escale tanto como la que domina al Gobierno.
