“Están cometiendo los mismos errores que la última vez”. La frase, relativa a la nueva ley “bases”, no surgió precisamente de un opositor, sino de un diputado del PRO de muy buen vínculo con los libertarios. La falta de avances en torno al proyecto insignia de Javier Milei, el anuncio imprevisto sobre las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y el DNU de movilidad jubilatoria no hicieron más que generar desconcierto y sacudir al Congreso.
A varios días de las reuniones desarrolladas en Casa Rosada con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, los diputados de esos bloques no recibieron novedad alguna respecto de la nueva ley “bases” que Milei quiere tener sancionada antes del Pacto del 25 de Mayo. El Gobierno no designó interlocutores y tan solo le sugirió a los legisladores que envíen sus propuestas por WhatsApp, pero no recibieron devoluciones.
Asimismo, la noticia del DNU para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria (se hará por IPC mensual desde abril más un adicional del 12,5%) llegó horas después de que la Comisión de Previsión y Seguridad Social comenzara el tratamiento de 16 proyectos de ley, y los diputados se enteraron por los medios de comunicación.
El propio Milei había descartado la posibilidad del DNU. “Esas cosas no salen por decreto”, había dicho en una entrevista televisiva. Días después, el vocero Manuel Adorni se sumaba a la desmentida, mientras el diputado José Luis Espert se negaba a abrir el debate parlamentario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y llamaba a aguardar la ley “bases”.
Para parte de la oposición, la presión ejercida desde el Congreso dio sus frutos. La Coalición Cívica se adjudicó haber puesto el tema jubilatorio en agenda con la sesión pedida la semana pasada, y la UCR (que no dio quórum) se jactó de haber destrabado el debate en la Comisión de Previsión Social, donde quedó como presidenta la radical Gabriela Brouwer de Koning.
Ambos espacios destacaron que el DNU fue un “avance” para resolver el problema urgente, pero aseguraron que seguirán trabajando para consolidar la fórmula. De hecho, Brouwer de Koning afirmó a este medio que el debate continuará y que respetarán el plan acordado, que apuntaba a llegar a un dictamen en tres o cuatro semanas.
“La fórmula tiene que salir por ley. Obviamente que tenemos tiempos distintos a una decisión unilateral del presidente, pero queremos dar un debate serio y profundo en el tiempo”, destacó Brouwer de Koning. “Vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo. Seguiremos trabajando en el Congreso para consolidar una fórmula y, si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”, manifestó el “lilito” Maximiliano Ferraro.
En Hacemos Coalición Federal recibieron la noticia con resquemores. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para abordar seriamente el tema y buscar dar una solución integral para que ahora salgan livianamente con una idea de DNU que fija la movilidad con IPC pero que el empalme lo hace en febrero, no reconociendo la inflación de enero”, se quejó un diputado de esa bancada.
El DNU jubilatorio fue el segundo anuncio imprevisto e inconsulto de la semana. El primero tuvo que ver con las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para reemplazar a Elena Highton y Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema de Justicia.
Ni la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, quien debería estar al frente de la búsqueda de los votos en el Senado, estaba al tanto del tema, con el agravante de que no apoya a Lijo y prefiere una jueza mujer. Esta fuerte diferenciación podría impactar en la suerte del postulante, que además necesita el aval de 48 de los 72 senadores.
Desconcierto
Con la decisión de desprender el cambio jubilatorio de la ley “bases”, el Gobierno apartó uno de los mayores obstáculos que tenía ese proyecto, del que todavía no hay novedades más allá del borrador difundido hace días. Los dialoguistas advierten sobre una mezcla de “inexperiencia”, “lentitud” y afán por alimentar un “relato” que no se concreta en los hechos.
Esta actitud conspira contra el ánimo colaborativo que muestran el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, bajo la premisa de darle las herramientas a un gobierno que asumió hace solo tres meses. “No aprendieron nada”, se escucha decir en los despachos de la oposición afín tras la experiencia de las sesiones extraordinarias.
En una actitud que nadie puede explicar, el Gobierno tampoco da señales de querer avanzar por ley con el DNU 70/23, recientemente rechazado en el Senado y a tiro de un revés en Diputados. Los dialoguistas presentaron múltiples proyectos para consolidar esas reformas que reúnen consenso, pero el oficialismo se arriesga a mantener el decreto vigente.
Las iniciativas que ya tienen estado parlamentario tienen que ver con la derogación de la ley de alquileres, la prohibición de los aportes obligatorios a sindicatos, la ampliación del período de prueba laboral, la declaración de servicios esenciales para limitar el derecho a huelga y las sociedades anónimas deportivas, entre otras.
