El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, insiste: quiere que la Legislatura discuta una ley “anti-piquetes” en Córdoba para que la Justicia tenga un solo criterio a la hora de enfrentar las protestas sociales.
Lo dijo luego de la polémica por el fallo de la Cámara de Acusación, que cambió una decisión en primera instancia, y sobreseyó a 6 líderes sociales que habían condenados por cortar la calle.
–¿Por qué es necesario tener una ley antipiquetes cuando, por ejemplo, a nivel nacional existe el artículo 194 del Código Penal, que permitiría actuar sobre los cortes de calles?
–Es un reclamo de la sociedad. En Córdoba, desde hace mucho tiempo, tenemos protestas sociales de manera permanente. Y cada vez que hay una marcha en la calle, surge el desafío de compatibilizar dos derechos. Acá, hemos garantizado, y garantizamos de manera permanente, el derecho a protestar y a manifestarse. Por el tema que sea. Pero también tenemos que garantizar el derecho de aquel que no quiere protestar y que necesita circular, llevar a su hijo al colegio, ir al médico o ejercer el comercio. Entre esos dos derechos hay que mediar. Lo que planteo es que no puede ser la Policía, solamente, quien se haga cargo de esa mediación, porque se le estaría asignando una responsabilidad que no le corresponde. Nosotros estábamos trabajando con un “protocolo antipiquetes”, por llamarlo de alguna manera, que se elaboró desde la Justicia luego de un amparo presentado por el Centro Vecinal Centro. Ante cualquier protesta social, se pone en conocimiento de uno de los dos fiscales designados por la Fiscalía General: Guillermo González o Ernesto de Aragón. Y a partir de allí, se siguen directivas. Hoy, lo que pido son reglas claras. Cuando la Cámara de Acusación revocó una resolución de imputación de De Aragón por cortes totales, dijo dos cosas: una, que el derecho a manifestarse no es delito y que no se había cometido un delito; y dos, que hay un vacío legal respecto a las protestas sociales. Por eso insta a la Legislatura a que legisle sobre este tema. Lo que estoy señalando es la inseguridad jurídica que tiene nuestra policía porque además la Cámara habla del “límite de lo tolerable”.
–“Restricciones tolerables”, dice el fallo. ¿Quién define eso? ¿Hasta qué punto se puede llamar tolerable una protesta?
–Puedo decirle quién no lo tiene que definir: el policía que está actuando en la calle. Tengo 400 policías controlando una marcha. Imagínese si a cada uno le pregunto qué es lo tolerable: uno me va a decir una cosa, otro otra, y todo dependerá del lugar en el que esté.
–¿Pero no habrá siempre un espacio que deberá ser llenado por las autoridades en la práctica? El fallo dice que no todo corte es nocivo para la sociedad. ¿Quién lo determina?
–En cualquier manifestación, y aun sin intervención fiscal, ante un delito en flagrancia se actúa de manera inmediata, sin pedir permiso. El policía tiene que prevenir el delito o intervenir cuando lo está observando. Pero si tenemos un fallo de un fiscal imputando a seis personas y luego una Cámara de Acusación que sostiene que no fue delito, entonces... si ni siquiera hay acuerdo allí, imagínese cómo le puedo trasladar esa responsabilidad a la Policía. Para combatir la inseguridad o los hechos que afectan al orden público, necesitamos una política articulada entre los tres poderes del Estado: el Legislativo haciendo leyes, el Ejecutivo utilizando a la Policía para mantener el orden público, y la Justicia actuando en consecuencia. Pero la Justicia también tiene que unificar criterios. No nos pidan a nosotros que unifiquemos criterios. Porque, ¿quiénes terminan imputados? Los policías.
–El año pasado dio la sensación de que el protocolo que menciona funcionaba bien. Y se marcaba una diferencia con Buenos Aires.
–Y le digo más: después de ese fallo, habíamos trabajado bien, sin tener inconvenientes en la calle. Lo que estamos pidiendo son reglas claras.
–¿El conflicto empezó con el Suoem?
–No. En mi caso, cualquier conflicto lo tomo con la misma vara. Por supuesto, no es lo mismo una marcha del Suoem que una del SEP, Luz y Fuerza o el Polo Obrero.
–Sobre eso, la Cámara habló de “trato desigual” en relación con las protestas. Dice que el Estado podría estar haciendo foco en un tipo de organización social, como los piqueteros, y no actuar del mismo modo con el SEP.
–¿Se da cuenta por qué queremos legislar? Para evitar todo ese tipo de especulaciones.
–Pero usted acaba de decir que no son iguales.
–No son iguales en la forma de manifestarse. No es que no sean iguales en su tratamiento. En el tratamiento, todas son iguales. En todos los casos, vamos y restablecemos el orden público.
–Usted es partidario de que la movilización se mantenga en movimiento. Algo que, por ejemplo, la Cámara de Comercio no comparte.
–No es un criterio mío, es de los fiscales que intervienen. Muchas veces ordenan cortar toda la calzada para que la marcha se compacte, circule más rápidamente y descongestione antes en el punto al que quiere llegar.
–¿Cuál es su criterio respecto del corte total?
–Que el corte total no se puede permitir. Salvo en circunstancias excepcionales, como un acto. Y habría que evaluarlo. Pero como premisa, el gobernador (Llaryora) ha sido claro: hay que garantizar el derecho a la protesta y el de la libre circulación y el comercio. La primera, segunda y tercera vía que tenemos para eso es el diálogo. Recién después actuamos, con mucha prudencia y mesura. Recorro personalmente cada una de las divisiones de la Policía, sobre todo las unidades especiales que están en la calle y les transmito este concepto. Los preparamos para estar en la calle en estas situaciones. Algo que en muchos casos es muy violento. Hay que estar parado, como lo está la Guardia de Infantería, tres, cuatro horas recibiendo agresiones, insultos y, en muchos casos, ataques físicos.
–Se deduce que la Ciudad de Buenos Aires y lo que hace Patricia Bullrich no es el modelo.
–Yo hablo del modelo Córdoba, que es el que aplicamos aquí. Y que representa la decisión política que debe tomar el Gobierno de Córdoba. Cada uno se hace cargo de su jurisdicción.
Policías
–El otro tema candente fueron las agresiones que se han ido repitiendo en los últimos días. ¿Qué van a hacer para proteger más a la fuerza?
–Venimos de días en los que hubo agresiones casi cotidianas al personal policial, ya sea de Caminera o en comisarías. Por ejemplo, en Ciudad de Mis Sueños, en una detención, se arrestó a una persona e inmediatamente los vecinos del sector agredieron al móvil policial. Se llevaron al detenido, y no conformes con eso, van a la comisaría y la apedrean. O en barrio Renacimiento, donde le arrojaron una bomba molotov a un vehículo de un oficial, que era su auto particular. Tenía todos los dedos quemados porque, al intentar sacar la bomba, el fuego le quedó pegado. Cuando revisamos los domos para identificar a los responsables, detuvimos a tres menores de edad, de 14 y 15 años, que ya habían cometido un hecho tres días antes, y otro más, dos días antes, en un robo a un Uber. Uno ve la impotencia del personal policial que cumple con su deber y se enfrenta cada vez a más situaciones de este tipo. Lo que estoy alertando es que hay un deterioro social que se exterioriza en estas acciones. Cuando yo era chico había lugares donde, por los famosos “códigos”, que no me gusta llamarlos así, de la delincuencia no se entraba ni a colegios ni a hospitales. Cuando hablo de la falta de respeto a la autoridad no me refiero solo a la Policía, sino también a docentes y médicos. El ministro (de Salud) Pieckenstainer me llama permanente para pedirme adicionales en distintos hospitales de zonas urbanas marginales, porque se están desbordando de violencia. Estamos en un nivel tal que algo hay que hacer. Porque creer que esto lo va a solucionar solo el accionar policial es no entender de qué se trata.
–Hay un proyecto en la Legislatura que propone el agravamiento de penas por agresiones a la Policía. ¿Le parece importante?
–Promuevo una reforma del Código de fondo, no del de Convivencia. En el Código Penal, el artículo 41 establece las pautas de mensuración de las penas. Propongo que se incluya que todo delito contra personal de una fuerza de seguridad tenga una penalidad agravada.
–¿Es necesaria la baja de imputabilidad?
–Estoy absolutamente de acuerdo con la baja de imputabilidad. Lo he hablado con la Ministra (Bullrich) en reiteradas oportunidades. De hecho, los diputados de Córdoba que representan al oficialismo aprobaron el despacho en comisión. No nos quedemos en el título de bajar la imputabilidad a los 14 años. Se trata de todo un régimen juvenil. Y que hay que acompañar con respuestas para esos chicos. ¿Eso qué requiere? Un Estado presente. Por eso, el gobernador de Córdoba que sus prioridades son seguridad, salud y educación. Y los cordobeses no se van a quedar sin eso.
