La motosierra libertaria les acaba de llegar a los intendentes. Y no vía recorte de coparticipación o aportes directos del Tesoro. Ahora pretende impedirles que se “cuelguen” a las boletas de los servicios públicos esenciales, que la gente paga sí o sí, agregándole tasas o impuestos varios a lo que se cobra por el consumo. Como esos conceptos la gente los puede pedalear, cargaban la mochila en carro ajeno y se aseguraban la caja.
Pero eso ahora está en duda y, en algunos ítems, se abre una disputa jurídica de proporciones.
La mano viene así: la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación prohibió en septiembre pasado, a través de la resolución 267, que las empresas que facturan servicios públicos cobraran tasas, impuestos y adicionales.
Este lunes, en virtud de esa norma, multó a 97 empresas y cooperativas de todo el país por haber incluido en las boletas tasas o cargos ajenos al contrato preexistente entre el proveedor y el consumidor. El Gobierno nacional alega que la Ley de Defensa del Consumidor es muy clara respecto de la naturaleza del contrato entre las partes para el suministro de bienes y servicios específicos, y que al agregar otros conceptos se termina violando la naturaleza del contrato inicial.
Se abrieron 244 expedientes luego de recibir más de 2.700 reclamos. Diecisiete proveedores son cordobeses: Epec, Aguas Cordobesas, Ecogas y 14 cooperativas. Las compañías tienen cinco días hábiles para hacer su descargo. Las multas, en total, alcanzan los $ 2.130 millones, a razón de $ 8 millones por expediente. Hay compañías que tienen más de un expediente, porque cobraban más de una tasa adicional.
De todo, como en botica
Hay casos insólitos. Un usuario de Edesa, la distribuidora de energía de Salta, paga $ 7.946 en concepto de energía, incluyendo el IVA, sobre una boleta total de $ 54.940, por apenas 63 kWh al mes. El resto son agregados de la Municipalidad de Salta: alumbrado público, mantenimiento del alumbrado, el Inmobiliario, tasas municipales y hasta un ítem “protección de bienes y personas”. Hay de todo: aporte a los bomberos, ayuda al hospital del pueblo, cuota social de la cooperativa, el cable, la telefonía, el cementerio y hasta el servicio de sepelio.
Esta discusión ya se dio en Córdoba en marzo de 2018, cuando la Legislatura dispuso un límite a las 205 cooperativas de la provincia que prestan más de un servicio en su zona. La ley dispuso que en la energía sólo pueden cobrar hasta un 10% en concepto de tasa por alumbrado público, o un 15% en las localidades de menos de 50 mil habitantes. Todo lo extra debe ir en boleta separada, con cálculo separado, y el consumidor tiene que tener la chance de pagar sólo la energía y no lo demás.
Eran momentos de suba acelerada de tarifas (desde Nación, con Mauricio Macri, y la propia Epec) y las culpas ante una boleta tan abultada se cargaban sobre la Provincia, cuando ahí había de todo.
Se obligó entonces al “desmalezamiento” de conceptos que no atañen al servicio en sí. Hoy, en la provincia de Córdoba y con algunas excepciones, va todo por separado excepto un ítem: el famoso cargo OIM, que es lo que dispone la ordenanza impositiva municipal. El municipio de la Capital provincial carga 10% en la boleta de Epec, 10% en la boleta de Ecogas y 10% en la de Aguas Cordobesas. No cobra más porque la ley provincial limitó a los intendentes, pero ahora es la Nación la que dice que no deben cobrar nada.
¿Cuestión de competencias?
Las autoridades analizan el tema. Sostienen que es una cuestión de competencias y que, al ser cooperativas reguladas por el Ersep (o los municipios, en algunos casos) y bajo órbita provincial, puede el Ejecutivo provincial autorizar a los intendentes el cobro de tasas específicas. “Prohibir eso es una exageración; hay una jurisdicción provincial que autoriza a las prestatarias a cobrar hasta un 10% en nombre de un municipio”, analizaban en el ente de control. “¿Por qué no cuestionamos el IVA? ¿La Nación puede y los municipios no?”, decían en otro despacho.
Sin embargo, la biblioteca no es unidireccional: están quienes dicen que no, que el consumidor le paga a Epec o a la cooperativa por la electricidad que consume, por lo cual el alumbrado hay que pagarlo con la contribución sobre los inmuebles. ¿Y la tasa sobre el agua, para qué es? ¿Y la del gas? Si es mantenimiento del servicio, eso ya está en la tarifa, que ha triplicado en promedio sus valores respecto de la inflación. Si son inversiones, también ahora están contempladas en la tarifa. Y si así no fuera, ¿qué inversiones? ¿Se rinden cuentas por eso? ¿No es confundir al usuario con una tarifa que sí detalla el consumo, pero con una tasa que no describe en qué se gasta con exactitud?
Es probable que esta cruzada apunte a activar trincheras en los municipios del conurbano bonaerense, comandados por intendentes kirchneristas que han aumentado a diestra y siniestra la presión impositiva. El hambre de plata no tiene límite. Hasta el Banco Nación evaluó irse de La Plata porque el intendente Julio Alak (exministro de Cristina Fernández) subió la tasa de Seguridad e Higiene del 5% al 7,5% para la actividad financiera.
Pero lo cierto es que se trata de una caja generosa para los intendentes (10% de algo que triplicó su valor les activa los jugos gástricos a varios), automática (llega derechito, sin mover un pelo) y, sobre todo, invisible: ¿qué consumidor sabe que detrás de siglas como OIM o CFIS hay un intendente con cuchillo y tenedor?
