El Indec publicó el pasado viernes los datos de inflación del mes de septiembre del presente año. La inflación en todo el país fue de 6,2%, con lo que acumula un 83% de suba interanual y, de mantenerse en estos niveles, cerrará el año con niveles cercanos al 100%.
Tras seis meses de la declaración de la “guerra contra la inflación” por parte del presidente de la Nación, los resultados no son alentadores.
La inflación mensual se ha mantenido alrededor del 6% durante todo el semestre, mientras que la inflación interanual no ha parado de escalar. El Gobierno intenta combatir la inflación, pero los instrumentos utilizados no están funcionando.
Precios relativos distorsionados
Uno de los problemas que provoca la elevada inflación es que no todos los precios de los distintos productos y servicios suben de igual manera, y los ciudadanos pierden la noción de cuánto valen las cosas.
Esto causa que la variación en el nivel general de precios se vuelva poco representativa. Y la situación se agrava aún más cuando el Estado interviene regulando determinados sectores de la economía.
Algunos de los sectores más regulados por el Estado, como las comunicaciones, la electricidad, el gas y otros combustibles tuvieron aumentos interanuales del 41% y el 59%, respectivamente. Ambos muy por debajo del 83% observado en el nivel general. Esto es provocado por los fuertes congelamientos de tarifas y subsidios mantenidos en dichos sectores.
Una situación similar se mantiene en el transporte público, donde el aumento ha sido del 76% en el último año, sosteniéndose con un inequitativo esquema, en términos federales, de subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Mientras tanto, aquellos sectores en los que el Estado no se entromete han aumentado considerablemente por encima del nivel general. Prendas de vestir, por ejemplo, un sector dependiente de insumos importados, aumentó un 118% en el último año, y el costo del consumo en restaurantes y hoteles se duplicó.
Estas grandes diferencias entre sectores generan que se acumulen cada vez más distorsiones y que los precios sean menos homogéneos. Lo cual dificulta la función del dinero como unidad de cuenta para comparar precios relativos entre bienes y servicios.
Las medidas antiinflacionarias que alientan la inflación
Las medidas que ha intentado tomar el Gobierno son múltiples y diversas, van desde controles de precios hasta la introducción de nuevos regímenes cambiarios, como el dólar soja y el dólar Qatar, para sostener el impacto del atraso cambiario en los precios.
En el caso de controles de precios, las medidas no atacan a la suba sostenida de todos los precios, sólo contienen la suba de una cesta de bienes de forma temporal, por lo que no funcionan como una política antiinflacionaria consistente.
El ejemplo más claro es en alimentos y bebidas, donde a pesar de la implementación de los Precios Cuidados y su riguroso esfuerzo para controlar el cumplimiento, se observa 6,7% de aumento de precios sólo en septiembre (87% en el último año), y siempre por encima del nivel general.
La situación más contradictoria ocurre en el caso de la energía. Las propias regulaciones del Estado destinadas a apaciguar el aumento de los precios en las tarifas terminan retroalimentando las causas de la inflación.
La licuación en el costo de las tarifas de energía requiere que el Estado salga a subsidiar a las empresas proveedoras. Esto implica un aumento del déficit público y de la emisión para financiarlo.
Ninguna de las medidas ha logrado frenar la galopante inflación, puesto que no solucionan el problema de fondo, sino que, paradójicamente, agravan la situación que buscan erróneamente recomponer y generan graves distorsiones a la economía.
Para bajar la inflación, hay que ordenar el Estado
En el contexto actual, la causa última de la inflación es el exceso de gasto del Estado nacional sobre sus ingresos, que no logra cubrir con deuda captada de forma voluntaria. Esto genera una masiva emisión monetaria que, al no ser demandada por la población, termina presionando sobre los precios.
Como el Gobierno percibe ese rechazo, apela a moderar el impacto de la emisión sobre los precios utilizando las Leliq del Banco Central. Con este instrumento, el Estado logra retirar parte de los pesos emitidos en exceso y diferir la suba de precios en el corto plazo, pero debe pagar cada vez más caro, y con nueva emisión, el costo de gastar por encima de los ingresos que recauda.
La solución no pasa por aplicar controles de precios ni por regular arbitrariamente a diferentes sectores, sino por realizar un ordenamiento integral del gasto del Estado.
