Los despachantes de Aduana enfrentan una situación de “incertidumbre” e “intranquilidad” sobre la continuidad de su profesión a raíz de las modificaciones en el Código Aduanero dispuestas por el Gobierno nacional en el Decreto 70/2023, reglamentado el viernes.
A causa de esto, el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) decidió ir a la justicia con una acción de amparo y medida cautelar.
La presentación es contra el apartado de Comercio Exterior (Título V) del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, el cual, aducen desde el CDA, se presenta una “paradoja de la desregulación” de la actividad del Despachante de Aduana, una situación que en la Argentina afecta a más de 5.000 profesionales que desarrollan esta actividad.
Cuestionamientos al DNU
El DNU “invoca varios objetivos loables, pero concretamente respecto de los Despachantes de Aduana no dice qué es lo que su régimen tal como estaba resulta perjudicial, y mucho menos su urgencia de cambio”.
Ello implica “una gran indefensión, pues no elimina su profesión, ni su carácter de Auxiliar del Servicio Aduanero (mantiene el art. 36 del Cód. Aduanero), pero reduce la actividad a su mínima expresión y lo deja como un título vacío”, advirtieron el presidente del CDA, Héctor Gerardo Pardal, y el secretario de la entidad, Facundo Manuel Álvarez.
En diálogo con Télam, la vicepresidenta del CDA, Andrea Coscarello, dijo que la intención del Gobierno es “modificar el comercio exterior” con esta normativa.
Si bien reconoció la necesidad de actualizar el Código Aduanero -ya que la normativa vigente es del año 1982-, Coscarello sostuvo que el eje “no debería ser sin la figura del Despachante de Aduana”.
“Ante todo, somos auxiliares del servicio aduanero y estamos en el artículo 36 del Código Aduanero. En el artículo 37, lo que se quiere hacer es el agregado de una persona física, jurídica, autorizada por un importador, ergo, se agregaría en ese artículo un ‘autorizado’”, se explayó Coscarello.
Y advirtió que “para ese ‘autorizado’ no hay condiciones y hoy nosotros sí las tenemos, como ser mayores de edad, tener un título de capacitación, estar inscriptos en la Inspección General de Justicia, llevar libros de comercio, somos responsables ante la Unidad de Información Financiera, que es fundamental por el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
“¿Adherimos a la facilitación? Totalmente, eso es indiscutible porque sí o sí necesitamos la facilitación de todo lo que sea el comercio exterior, pero no a través de una figura que va a ser un ‘autorizado’, va a tener que saber hacer el trabajo, clasificar, valorar, si esa mercadería tiene fraude marcario. O sea, no va a tener control la mercadería que ingrese o que egrese”, planteó la profesional.
Por su parte, Raúl Vázquez y Matías Duarte, secretario general y tesorero de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA), respectivamente, manifestaron en diálogo con Télam, que el Gobierno busca “desregularizar la actividad, sacar el llenado de profesionalismo al despachante de aduana”.
Concretamente, “fomentar las operaciones de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, sin ninguna vinculación con un nivel profesional como el del despachante de aduana”, enfatizaron los directivos de AEDA.
Advertencia por el DNU
Duarte dijo que con esta medida “corre en riesgo el puesto de trabajo de más de cuarenta mil familias que dependen de la actividad nacional del comercio exterior que regulan los despachantes”.
De todas maneras, Vázquez aclaró que pese a la publicación del DNU 70/2023, “por el momento está todo igual ya que la operatividad sigue funcionando y la gente está trabajando”, con lo cual “este DNU todavía no está teniendo ninguna consecuencia” practica.
Sobre este punto, Duarte consideró que el DNU “no tiene régimen de reestructuración”. “Ellos sacaron el DNU pero ahora viene la otra parte, que es rearmar la estructura, si lo ponen en vigencia o no”, advirtió Duarte.
Por otra parte, a partir de lo establecido en el DNU, dicen desde el CDA, se está “perdiendo una oportunidad de insertarnos en el mundo en tanto comercio internacional porque ningún país del mundo es libre por completo para sus negocios internacionales”.
“Todos protegen; si creemos que Estados Unidos, Europa, China o Chile no protegen, es mentira”, confiaron desde la entidad a Télam. En esta línea, recalcaron: “Somos facilitadores, estamos para facilitar el comercio y agilizar todo lo que sea el comercio internacional”.
Asimismo, contemplaron que la figura del Despachante de Aduana “en Uruguay es obligatorio, en Chile son ministros de Fe, en España son recaudadores de impuestos”.
“El 5% de las operaciones comerciales del mundo pasan por manos de despachantes de aduana o agentes aduaneros porque el privado elige tener la confianza de un despachante de aduana porque da certeza, agilidad, condiciones claras de trabajo y previsibilidad”, sumaron.
Para la CDA, los despachantes de aduana son “puentes con el mundo” porque “a la gente o empresas que no pueden salir al mundo, el despachante les hace el puente para que se salgan”.
“Somos la herramienta que necesitan para salir al mundo y la oficina de comercio exterior de todas ellas, las pymes, las micropymes, las unipersonales, inclusive de grandes empresas donde el despachante trabaja en coordinación con el departamento de exportación o importación de la empresa para llevar adelante sus operaciones”, sostuvo una alta fuente de la entidad.
“Las empresas nos consideran una herramienta fundamental para el progreso del comercio exterior”, concluyó.
En medio de la preocupación en el sector, las autoridades del CDA se reunieron la última semana con la flamante directora General de Aduanas, Rosana Lodovico, y el subdirector general de Control Aduanero, Diego Carlos Figueroa.
En ese marco, la CDA transmitió la “preocupación compartida por ambas partes respecto a la reciente publicación de un decreto de relevancia para el sector”, según un comunicado de la entidad.
“Expresamos nuestras inquietudes resaltando como las más llamativas la poca capacidad de control que va existir sobre los actores, la falta de información de los mismos, la no validación de idoneidad y el posible descontrol sobre las operaciones, entre otros”, ahondó Figueroa.
