Alberto Fernández sumó una nueva complicación judicial este miércoles. Es que, luego de los dichos de quien fuera su primer ministro de Economía durante su gestión, Martín Guzmán, el fiscal Carlos Stornelli lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la extensa cuarentena declarada por la pandemia de Covid-19 en la Argentina.
Esta medida se tomó en el marco de una presentación judicial que encabezó el diputado porteño Yamil Santoro, quien denunció penalmente al exmandatario tras viralizarse el testimonio de Guzmán en un programa de streaming.
Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, plantea que se investigarán “las posibles conductas delictivas” de Fernández.
El expresidente está acusado de “extender por razones indebidas” las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico.
“Conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que ‘(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido’ y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de ‘bandera más política’, ya que le estaba yendo ‘bien con la sociedad’ y que ‘la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno’. El nombrado incluso habría referido: ‘Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’”, remarcó el fiscal Stornelli en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.
Estas declaraciones hacen referencia a la entrevista que brindó Guzmán al canal de streaming Cenital.
En ese marco, entre las disposición para avanzar con la investigación, el fiscal ordenó recabar todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer limitaciones en la cuarentena.
También se pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que brinde información estadística sobre las medidas sanitarias que tomaron otros países en la pandemia, especificando su extensión e implicancias en las libertades de los ciudadanos.
En tanto, se le pidió al gobierno de Javier Milei que brinde, en caso de existir, documentos sobre posibles encuestas que la anterior gestión pudo haber solicitado para conocer la opinión de las personas sobre la cuarentena.
Además, el fiscal pidió que se cite a prestar declaración testimonial a economistas y representantes de las principales cámaras empresariales para detallar los efectos que provocaron en sus rubros las restricciones impuestas por Fernández.
Con información de Clarín
