La legisladora Brenda Austin (UCR) presentará este lunes un proyecto para una nueva ley de acceso a la información pública en Córdoba, “alineada a los estándares nacionales e internacionales y que garantice la transparencia de la gestión pública provincial”, según señaló la legisladora radical.
La iniciativa surgió en respuesta a las crecientes dificultades para acceder a la información sobre el manejo de los recursos del Estado provincial, puestas en evidencia con el reciente escándalo de los contratados en la Legislatura.
“Esta es una vieja deuda que tiene Córdoba en relación con la transparencia, un tema que una y otra vez vuelve al centro de la escena respecto de la información sobre gastos públicos o decisiones del Estado. De hecho, hasta hoy ha habido varios proyectos que se presentaron y nunca se discutieron en la Legislatura, impulsados por organizaciones de la sociedad civil que empujan la agenda de la transparencia”, señaló Austin.
En este sentido, remarcó que, si bien Córdoba tuvo en 1999 “una ley que supo ser pionera en la materia”, lo cierto es que, a la luz de los estándares internacionales y a la Ley Nacional de Acceso a la Información, “ha quedado completamente desactualizada”. Más allá de los condicionantes de la propia ley vigente, el Estado provincial suele ignorar los pedidos, que por lo general no son respondidos si el interesado no apela a la Justicia.
De hecho, según el índice de acceso a la información pública provincial (Iaipp) publicado en 2019 por el Banco Mundial, que analiza la calidad normativa en función de un índice global (RTI), Córdoba se ubica por debajo del promedio a nivel nacional, en el puesto 11 considerando a las 19 jurisdicciones con normativa sobre el tema, que es encabezado por Caba y Mendoza.
Entre sus principales puntos, el proyecto busca garantizar que el Estado cumpla el principio de transparencia activa y ponga a disposición toda la información relevante en portales de acceso público, además de mejorar las herramientas para que los ciudadanos puedan requerir información específica.
También propone ampliar el alcance de la ley para incluir no sólo a los funcionarios/as estatales, sino también a todos los actores que manejen fondos públicos, como contratistas del Estado y proveedores de servicios. Aumenta el alcance en relación con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo y también con todas las agencias y entes del Estado. Esta ampliación garantizará que cualquier área que reciba recursos públicos esté obligada a rendir cuentas de manera clara y abierta. La norma alcanza también a municipios y comunas.
El proyecto de ley prevé, dentro del título de “transparencia activa”, que los sujetos obligados deben “facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de sus sitios electrónicos” de modo “comprensible, de acceso fácil y gratuito”.
Dentro de la información que se menciona, obliga al Estado a proveer, entre otros, de “la nómina de autoridades, funcionarios políticos y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, con sus nombres, cargos, deberes y funciones que desempeñan, posición en el escalafón y fecha de ingreso”. También, los gastos, viáticos, declaraciones juradas, agendas de funcionarios con rango superior al de secretario de Estado, la información que dé cuenta del otorgamiento de concesiones, permisos de subsidios, entre otros.
La iniciativa amplía además el alcance de la información, teniendo en cuenta que la normativa actual sólo permite solicitar documentación escrita, lo que limita el acceso a datos fundamentales. El proyecto amplía el concepto para incluir información en todo tipo de formato o soporte que fundamente decisiones estatales.
También se mejoran los tiempos de respuesta y se implementan sanciones para los funcionarios que se nieguen a brindar información.
El proyecto, según indicó Austin, pretende incorporar principios rectores que provienen de la ley nacional y que elevan la rigurosidad en su interpretación, entre ellos el de presunción de publicidad (que fija que toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo excepciones previstas); de transparencia, máxima difusión, premura, no discriminación, gratuidad, alcance limitado de las excepciones, facilitación, buena fe e in dubio pro petitor (es decir, que la interpretación de la norma debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información).
“Córdoba tiene que frenar el deterioro de su calidad institucional. Más de un cuarto de siglo en el poder de la misma fuerza política pareciera estar creando una cultura pseudo institucional de quienes se creen por encima de la ley, creyendo que pueden ocultar decisiones que involucran fondos públicos de todos los ciudadanos. Si no queremos que Córdoba se convierta en un gran nicho de corrupción entre quienes confunden lo propio con lo que es de todos, es urgente mejorar los mecanismos de control y transparencia.”, completó Austin.
El proyecto también crea una Agencia de Acceso a la Información Pública Provincial como autoridad de aplicación de la ley. Establece el criterio de selección, permanencia, funciones y personal de la autoridad de ese organismo.
