El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este lunes al ministro de Salud, Mario Lugones, y dispuso las primeras medidas de prueba en una causa iniciada por la denuncia de Elisa Carrió y Marcela Campagnoli quienes apuntaron contra el fncionario por presunto “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” en la gestión del Hospital Garrahan.
La denuncia, firmada por Carrió y Campagnoli y delegada por el juez federal Sebastián Casanello al fiscal, sostiene que en octubre de 2024, Lugones solicitó la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del hospital.
Esta decisión se considera “arbitraria y contraria a la normativa”. La razón: el Consejo había autorizado la entrega de un bono al personal sin consultar a la cartera de salud.
Este bono, según la denuncia, proviene de un fondo que el consejo administra discrecionalmente, como se ha hecho históricamente y sin necesidad de aprobación ministerial, diferenciándose de la pauta salarial.
Carrió argumentó que la decisión de Lugones fue “claramente arbitraria”, motivada por un “encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo”, posiblemente para “evitar un efecto contagio en los reclamos salariales” por parte de otros hospitales, dado el recorte del presupuesto de salud.
La denuncia añade que el pedido de renuncia busca “amedrentar a toda autoridad administrativa” para que se someta al criterio ministerial, incluso si ello implica actuar “en contra de las normas legalmente vigentes”.
La intervención judicial
Ante esta situación, el fiscal Marijuan ha solicitado al Hospital Garrahan que, en un plazo de cinco días, aporte su organigrama completo y un informe sobre la integración de su Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024.
Además, requirió copias de las resoluciones que validaron la entrega del bono del año pasado.
El conficto en el Garrahan
El caso se enmarca en un contexto de conflicto laboral latente en el Garrahan, con médicos y personal no médico manteniendo una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales.
Aunque el Gobierno había propuesto un aumento que llevaría el ingreso de un residente de primer año a $1,3 millones —combinando una suba del 3,52% en el recibo de ingreso y un bono mensual de $200.000 a $500.000—, esta oferta no se ha formalizado.
Residentes han sostenido que continuarán con el paro “por tiempo indefinido”, mientras que jefes de servicio afirmaron no haber recibido una “propuesta concreta y formal” de diálogo.
La comunicación oficial de la recomposición salarial, que se postergó, ahora se espera que coincida con la implementación del control de presentismo biométrico.
