El Gobierno nacional podría disponer de un gasto total por hasta 600 mil millones de pesos entre las medidas anunciadas antes de las elecciones Paso y las programadas ahora, con el resultado puesto y el objetivo de revertir la reciente derrota electoral en las parlamentarias del 14 noviembre.
¿Alcanza para dar vuelta ese resultado? ¿Todo depende de la economía o hay factores ajenos a ese parámetro en la decisión de los ciudadanos? ¿Es una reacción genuina o simplemente pánico ante la derrota? Son algunas de las preguntas que por estos días se realizan en amplios sectores de la opinión pública.
En rigor, el número fino de los diferentes anuncios producidos en la previa a las Paso, junto con los efectuados en las últimas dos semanas y otros cuya confirmación se produciría la semana próxima “suma un monto base de 457 mil millones de pesos este año, lo que implica un 1,1 por ciento del Producto Bruto Interno”, indica un trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Ese número, sin embargo, podría crecer hasta los 500 mil millones con las medidas pendientes de confirmación pero que el Gobierno ya dejó entrever (1,2% del PBI) y podría llegar inclusive a los 600 mil millones (1,4%) con anuncios que por el momento están en la categoría de “rumor”.
El paquete de 470 mil millones incluye obra pública, incrementos y bonos de planes sociales y jubilaciones, líneas de créditos subsidiadas sin interés e inclusive las amnistías impositivas que plantea el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aclara el economista Fabio Ventre, a cargo del cálculo realizado por el IIE.
Cuando se abren los números de lo anunciado y lo que viene, los montos por ítem llegan hasta las 12 cifras. Van algunos.
En obras públicas, el Gobierno anunció inversiones por 273 mil millones de pesos, en ayuda sociales (planes, apoyo al empleo y similares), entre 68 mil y 113 mil millones; el bono de seis mil pesos a jubilaciones y pensiones con la mínima insumirá 55 mil millones de pesos. Finalmente, la suba del piso del impuesto a las Ganancias (de 150 mil a 175 mil pesos), los créditos a tasa cero y similares demandarán un sacrificio fiscal que va de los 72 mil a los 168 mil millones.
Partida por partida
Dentro de ese esquema, el IIE de la Bolsa puntualizó que 4.300 millones de pesos se destinarán a las “ramificaciones” de la suba del salario mínimo, con aumentos en Potenciar Trabajo, Seguro de Desempleo, Plan Acompañar y la pasividad para desocupados con 30 años de aportes.
El bono Progresar demandará 2.300 millones de pesos, el plan de Transformación Productiva otros 3.000 millones y la suba del piso no imponible en Ganancias entre 4.000 de mínimo y 8.000 millones de pesos de máximo.
Debe contabilizarse, asimismo, el impacto de las medidas aún no anunciadas pero que trascendieron, explica Ventre. La ayuda a los pasivos que cobran la mínima mediante un bono que se pagará en octubre llevará entre 23 mil y 34 mil millones de pesos; el IFE 4, de 30 mil a 45 mil millones de pesos y el bono (aumento) de las asignaciones AUH y AUE, de 27 mil a 55 mil millones de pesos.
¿Por qué hay tanta variación en los montos? “El bono de los jubilados dependerá si se lo dan a los que ganan dos mínimas o si va para todos sin deferencial. En el IFE, se computan a los beneficiarios en una sola ronda. En el caso de la AUH y AUE, el primer número contempla sólo a los que las reciben pero hay que ver si no incluyen a todos los que cobran asignaciones familiares”, explicó Ventre.
Otros 28 mil millones de pesos podrían irse en la condonación de las deudas menores a los 100 mil pesos en la Afip por parte de las Pyme, la medida que impulsa Massa y que debe pasar por el Congreso de la Nación al tratarse de una resignación de un derecho adquirido por parte del fisco.
¿Reacción tardía o gesto oportuno para dar vuelta el voto?
Para el analista político Facundo Nejamkis, semejante paquete de medidas no resulta extraño a la política. “Es entendible que un gobierno que pierde una elección trate de hacer lo posible para recuperar votos, no hay que caerle con un garrote en la cabeza por eso”, expresó ante una consulta de este medio.
Consideró, en consecuencia, positivo que el oficialismo corrija sus decisiones aun cuando se trate “de medidas plenamente electoralistas, que probablemente lo sean”, pero para el titular de la consultora Opina Argentina, también puede caber “que se hayan dado cuenta, por ejemplo, de que mantener las escuelas cerradas tanto tiempo fue un error”.
Nejamkis resaltó, sin embargo, que también “es una simpleza creer que porque redistribuya ingreso durante un mes antes de las elecciones, eso tenga un impacto directo sobre el voto”, dijo.
Para el analista, el votante antes de decidir tiene en cuenta lo ocurrido con anterioridad a estas acciones, “configura los dos años previos y las expectativas de futuro, es muy difícil pensar que va a revertir la elección con eso”, explicó.
A su juicio, el peronismo en el gobierno intentará “salir lo menos herido posible” del proceso electoral, “para poder reconstruir un rumbo más claro y definido de cara a las elecciones de 2023″. Eso sería un buen resultado aunque pierda, juzgó.
Las chances de revertir las Paso son reducidas. “Reconstruir esa mayoría en un mes y medio es ambicioso y muy difícil”, a lo que se agrega que con la pulseada entre Alberto y Cristina Fernández, el oficialismo “ha puesto todas sus internas a flor de piel sobre la mesa”.
El reparto en ciernes por parte del Gobierno no se diferencia demasiado de lo que también hizo Mauricio Macri cuando perdió las Paso de 2019. El entonces presidente anunció un paquete que contemplaba beneficios sociales similares a los conocidos hasta ahora.
En su defensa, desde el Cambiemos señalan que lo hizo sin incrementar el gasto público, sino que terminó su mandato con una baja del déficit fiscal, con endeudamiento para financiarlo. Como resultado, Macri remontó ocho puntos. ¿Es posible que esto suceda ahora?
Elecciones diferentes
Para Laura Rodríguez Machado –ahora cuarta candidata a diputada nacional– existe “una gran diferencia entre una elección presidencial y otra parlamentaria. “No está en discusión ahora quién va a gobernar la Argentina sino si el kirchnerismo debe tener una mayoría absoluta en el Congreso para que se maneje sin consensos”, expresó a La Voz.
“La posibilidad de que alcancen esa mayoría hace percibir a los votantes que el objetivo no es mejorar la calidad de vida de la gente, sino avanzar en un plan de impunidad para Cristina Fernández”, apuntó. “Ya en las actuales condiciones (con cuórum en el Senado y mayoría en Diputados) no se ven leyes que mejoren la calidad de vida, sino al revés”, dijo la actual senadora.
En ese punto, hizo notas que la “mayor parte” de las normas impulsadas desde el kirchernismo “tienen que ver con temas judiciales, como la reforma, el nombramiento de jueces, la reducción de votos necesarios para nombrar al procurador o el movimiento de magistrados en causas contra Cristina”, enumeró.
Para Rodríguez Machado, esta actitud “es la que el ciudadano percibe, así que no creo que el kirchnerismo pueda sacar más votos por repartir, pues eso no cambia la percepción de la elección”, comentó.
El caso de San Luis
En un sentido similar se expresó Claudio Poggi, senador nacional y líder del espacio Unidos por San Luis, adherido a Cambiemos aunque sin la participación del radicalismo. Ese es uno de los pocos distritos del país donde un gobierno provincial consiguió dar vuelta el resultado de una elección Paso.
Fue en 2017. Poggi había resultado primero en agosto pero en octubre la lista encabezada por Adolfo Rodríguez Saá, con el respaldo de su hermano el gobernador Alberto Rodríguez Saá, se impuso por 12 puntos. En La Pampa hubo una experiencia similar.
Para conseguirlo, los Rodríguez Saá salieron a buscar voto por voto en el distrito y aceleraron la distribución de distintos bienes, desde alimentos hasta electrodomésticos, incluso la oposición mencionó dinero en efectivo, para revertir el resultado.
“No va a pasar ahora”, sentencia Poggi. “Hemos capitalizado la experiencia, y el sanluiseño también. (En 2017) teníamos diferentes gobiernos nacionales, ahora ellos son oficialistas kirchneristas. Las críticas a Cristina son un engaño”, resaltó.
Ejemplificó que los diputados y senadores nacionales del oficialismo puntano “responden a Máximo y a Cristina Kirchner. Votan todo. Ahora (los hermanos) ya no están juntos. Y la sociedad también lleva cuatro años de mentiras y promesas incumplidas y eso hace que el ánimo de cambio y final del ciclo esté más vigente que nunca”, analizó Poggi.
Para Poggi, en un contexto de larga crisis económica y caída de los ingresos, la gente va a aceptar “todo lo que se ofrece, lo va a aprovechar porque tiene necesidades y proviene del propio bolsillo del ciudadano, pero eso está lejos de cambiar el voto”. “Estoy convencido que en noviembre la diferencia será mayor”.
¿Y la oposición qué hace?
De cualquier manera, Nejamkis alertó que con pararse al frente del kirchnerismo a la oposición no le alcanzará para garantizar un triunfo. “Le fue muy bien, sobre todo tomando en cuenta la traumática experiencia del fin del gobierno”, pero “no es una performance muy distinta a la de 2019″, remarcó.
“El desafío (de Juntos por el Cambio) es cómo atraer a un votante que normalmente elije opciones peronistas y que cuando no las vota, no concurre a votar, cómo convertís en atractiva su propuesta para esa gente”, interrogó.
Por otro lado, consideró “difícil que de aquí a 2023″ se configure una opción similar a la de Sergio Massa que tuvo dos efectos: primero partió al peronismo en 2015 y luego sumó al triunfo del Frente de Todos en 2019. En ese sentido, el devenir político presenta un enorme interrogante.
