El hallazgo de una persona muerta dentro del hotel La Aldea de El Chaltén, propiedad de la familia Kirchner, volvió a poner bajo la lupa una situación que lleva más de tres años: la ocupación ilegal del establecimiento por unas 130 personas.
Tras el hecho, la Justicia ordenó el desalojo del edificio en un plazo de 60 días, a pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actúa como querellante en la causa, publicó Clarín.
El hotel y su historia
El establecimiento, valuado en $108 millones, pertenece a la inmobiliaria Los Sauces S.A., una de las sociedades investigadas por lavado de dinero en el caso Hoteles K.
Ubicado al pie de la montaña en la localidad santacruceña de El Chaltén, el hotel fue administrado por Lázaro Báez a través de Valle Mitre SRL, la misma empresa que gestionaba el Alto Calafate y Las Dunas. Desde 2016, cuando se inició una obra de ampliación inconclusa, permanece cerrado y en estado de abandono.
Tres años de usurpación
El conflicto comenzó cuando dos familias ingresaron de manera ilegal al edificio. Con el tiempo, la ocupación creció hasta alcanzar a 34 grupos familiares, según un relevamiento judicial reciente. Entre ellos hay 30 niños, niñas y adolescentes, además de personas con problemas de salud y discapacidad.
La Secretaría de Políticas Sociales de El Chaltén advirtió que el municipio no cuenta con espacios para reubicar a las familias, en medio de una emergencia habitacional declarada en 2022 y ratificada en 2024.
Una muerte que encendió las alarmas
Hace pocos días, una persona fue hallada sin vida dentro del hotel, un hecho que aceleró la intervención judicial. Si bien el fallecimiento no estaría vinculado directamente con el conflicto habitacional, para la Justicia representa un síntoma del deterioro y el riesgo que supone la situación.
“Se trata de un escenario delicado, complejo y difícil de regularizar”, reconoció una fuente del juzgado de Carlos Albarracín, quien lleva adelante el expediente.
La orden de desalojo
Tras el pedido del administrador judicial de los bienes de la familia Kirchner, el juez Albarracín resolvió ordenar el desalojo en un plazo de 60 días. La medida fue apelada por los ocupantes, pero el juez de Recursos de Río Gallegos, Nelson Sánchez, ratificó la decisión.
“Procédase en un plazo de 60 días desde su notificación al desalojo de todas las personas que habiten el inmueble”, dice el fallo.
El plazo vence durante la primera quincena de noviembre, aunque el magistrado podría prorrogarlo si se avanza en una salida voluntaria y acordada entre las partes.
Un hotel en decadencia
La Aldea se encuentra deteriorada y sin operar desde hace años. El último administrador, IDEA S.A., empresa vinculada a Osvaldo Sanfelice, hombre de confianza de los Kirchner, reconoció que el lugar no tiene fondos para reparaciones ni para su reapertura. Hoy el edificio muestra signos de abandono, con una ampliación inconclusa y deudas acumuladas.
El trasfondo judicial
El inmueble es parte de los bienes que podrían ser decomisados en la causa Vialidad, y está incluido en las investigaciones por lavado de dinero que involucran a Cristina y Máximo Kirchner, Romina Mercado, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, entre otros. El caso será juzgado el año próximo por el Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5).
