Luis Juez entendió antes que otros que la política del siglo 21 sería por los medios. Por eso hizo de su expulsión de la llamada “Fiscalía Anticorrupción”, firmada por Herman Olivero, por esos días gobernador interino, un hecho mediático: cuando salió del que había sido su despacho durante los últimos meses –hace exactamente 20 años, el 10 de octubre de 2002– y encontró que sólo 200 vecinos se habían concentrado para respaldarlo, dedicó las horas siguientes a un raid mediático desconocido hasta entonces: con decenas de entrevistas y cientos de fotos logró que un desplazamiento administrativo se transformara en una noticia de alcance nacional.
Quizá pensó que su “17 de octubre” sería al día siguiente, el viernes, cuando, organizados, los vecinos acudirían en masa a Colón y General Paz.
Pero eso tampoco ocurrió: apenas 600 personas se congregaron, en un abanico tan amplio y caótico que abarcaba desde Juan Carlos Rabbat –actual rector de la Universidad Siglo 21– hasta la referente de la izquierda local Liliana Olivero y militantes del Polo Obrero; desde Rubén Daniele, el todavía motor del Suoem; hasta Enzo Stivala, el presidente del Colegio de Abogados, quien no participó pero adhirió mediante un comunicado de la entidad.
Con Rabbat, haría su primera alianza electoral; con Daniele, un acuerdo político que perduraría en el tiempo.
Fernando Micca, periodista de La Voz que seguía la novela por esos días, retrató a Juez así: “El fiscal Anticorrupción que hurgaba debajo de la alfombra y potenciaba las denuncias con su estilo campechano y vocación mediática”; aptitud, esta última, en la que no ha deflexionado.
No era el primer cargo de Juez en el Estado. Desde el 17 de agosto de 1994, cuando asumió con diputado provincial, casi no había tenido días desempleado. No sería el último. Luego fue intendente, senador, embajador y funcionario nacional.
La de “fiscal anticorrupción” tampoco era la primera función de Juez en el Gobierno provincial de José Manuel de la Sota –había estado a cargo de una fallida unidad ejecutora para trasladar la Casa de Gobierno al Liceo General Paz, un proyecto que naufragó a los pocos meses–. Sí sería la última.
El archivo, siempre implacable, recuerda que las cartas estaban tiradas desde el domingo anterior, el 7, cuando La Voz publicó que Juez tenía una “bala de plata” contra el gobernador José Manuel de la Sota, de licencia por la primera de sus campañas presidenciales.
Esa mega denuncia sería –se especulaba– el corolario de una sostenida serie de “investigaciones administrativas” contra funcionarios provinciales: desde el sobreprecios de la impresión de bonos Lecor, hecho por el que le apuntaba a Olga Riutort, con quien se aliaría en 2015; hasta supuestos hechos de corrupción pergeñados por Horacio Miró, la otra pata clave de la mesa del primer delasotismo.
El 9 de octubre, el por entonces fiscal Gustavo Aravena imputó a Juez: lo acusaba de haber ejercido como abogado defensor de un policía acusado de homicidio mientras se desempeñaba como vocal de Vialidad Provincial, cargo por el que cobraba un sobresueldo por exclusividad. Se trataba de una maniobra tan burda que los hilos del poder se veían a simple vista.
A las pocas horas, Olivero y Domingo Carbonetti firmaban el decreto 1485, a través del cual cesanteaban a Juez desde el día 10. A las pocas semanas, la Legislatura sancionaría una reforma judicial que le permitiría a Aravena ser ratificado en el cargo que ocupaba de manera interina; un dato de contexto válido para resumir aquellos días. De la imputación, que no prosperaría, lo defendería Carlos Hairabedian, uno de los primeros en subir al arca juecista... y uno de los primeros en bajarse.
El peronismo, descolocado, no lograba reaccionar: De la Sota, todavía de campaña, admitía en Mendoza, en una entrevista con Los Andes, que “tal vez” había “cometido un error” al haber designado a Juez en ese cargo; mientras que Juan Carlos Maqueda –actual ministro de la Corte Suprema, por entonces senador y espada delasotista– acusaba al “Petizo” de “haber propagandizado su imagen”.
En el llano, Juez se transformó en un emblema de un reclamo que había nacido en diciembre de 2001, al calor de las asambleas: que se vayan todos. Un clima de época atravesaría su construcción política, caótica, amateur, asamblearia, que terminaría por copar la Municipalidad de Córdoba casi un año después: el 5 de octubre de 2003, el Partido Nuevo arrasaría en la ciudad y quebraría el bipartidismo, al que Juez definió como “un partido de chinchón: mientras uno roba, el otro espera”, decía del peronismo y sus actuales socios radicales.
El descontento general con Germán Kammerath y el proceso de destitución impulsado por el Suoem serían el fuego sobre el que Juez cocinaría su principal promesa de aquellos días, una que terminaría cumpliendo 19 años después: meter preso al “gordo cachafaz escondido en el (jardín) Botánico”, amenaza que también deslizaba hacia los principales colaboradores del por entonces intendente, algunos de los cuales son sus actuales socios.
El juecismo
Al verlo desguarecido –acababa de nacer su hija Milagros, que requería atención médica compleja, y la cesantía le otorgaba sólo seis meses de cobertura– , los “amigos de toda la vida”, aquellos que se sentían “familia”, se reencontraron con Juez. Un Juez que “no tenía nada, ni estructura ni recursos”, salvo su lengua, que usaba con habilidad “ante cinco personas o antes cinco mil”.
El (ya disuelto)“grupo Liceo” fue la primera tribu juecista, y su reunión inaugural se hizo apenar iniciado el año 2003 en un bar de la avenida Rafael Núñez al 4700. Convergían en él su hermano mellizo, Daniel Juez; Rubén Borello, que sería su mano derecha durante casi una década; Marcelo “Toto” Torres, quien aportó sus vínculos con empresas; y Rodolfo Ramos, quien pese a la cercanía no fue parte de la gestión.
A los pocos días, este grupo comenzó a convivir con el de los “abogados”, un reducto que aún lo acompaña, aunque con algunas bajas en el zigzagueante camino político de Juez. Allí estaban sus colaboradores desde la “Fiscalía Anticorrupción”, José Medina y Marcelo Sat, los socios de su estudio (y actuales vocales del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, Juan Testa y María Fernanda Leiva, y quien se convertiría en la principal espada de Juez, en el hombre que le da legalidad a sus decisiones políticas: Ernesto Martínez.
Contemporáneo, surgió el tercer sistema en orbitar en torno a Juez, los “amigos”, más reciente en el tiempo pero de profundos lazos hace dos décadas: allí estaban el por entonces funcionario judicial Juan Pablo Quinteros, actual concejal de Encuentro Vecinal; el abogado José D’Antona; uno de los compadres de Juez, Walter Montenegro; su cuñado, Claudio Sucheki; y los amigos Guillermo Lucero, Beltrán Corvalán y Daniel Falfan, los últimos cuatro con base operativa en la Afip.
En febrero fue la primera reunión del partido embrionario, del nuevo partido: en “la Canchita de Pedro”, el predio deportivo que Pedro Alcaraz, también familiar de Juez y actual empleado suyo en el Senado, tenía a pocos metros de la Plaza de las Américas. “Fue un asado que habrá costado unos 15 mil pesos a plata de hoy”, dice un testigo de aquellos frenéticos días de fundación del Partido Nuevo.
A las pocas semanas, Luis Juez consiguió los primeros cheques para la campaña que se avecinaba. Con ellos alquiló su primer local partidario, en Duarte Quirós al 930, una casa pequeña en la que ahora funciona una sala velatoria, sin que el dato pretenda esconder ironía alguna. La marquesina tenía una foto de un Juez joven y con bigote junto a un eslogan post 2001: “Se acabó el choreo”.
El sencillo inmueble fue testigo de la ola que llevaría a Juez al Palacio 6 de Julio siete meses después: el día de su inauguración, la marea roja y negra copó la calle, que debió ser cortada al tránsito. Aparecieron cartulinas escritas a pulso, con las primeras consignas del juecismo: “Para tapar un bache no hace falta ideología”, definía la naturaleza de la construcción política; y “Los políticos tienen como cobrar como una docente”, una marca de época que no se cumpliría una vez en el poder.
Para ordenar la caótica marea de vecinos que se acercaba al Partido Nuevo, y encauzar el estado asambleario en el que se debatía, surgieron los “comisiones”, un esquema del que surgieron quienes luego serían funcionarios de la gestión que comenzaría el 10 de diciembre de 2003. “Había que ordenar a gente que no estaba en política, por lo que se necesitaron ideas no políticas”, dice un exjuecista. Convivían técnicos universitarios con vecinos sin estudios; se debatía de un sistema de transporte integral hasta el desagote de pozos negros; un método tan romántico como amateur.
La fórmula
Varios testigos de aquellos días de hace 20 años recuerdan que Juez estaba “obsesionado” con llevar como candidata a viceintendenta a una mujer con inserción en los medios, preferentemente hincha de Belgrano.
Hubo muchos intentos con figuras de la radio y la televisión, pero ninguna quiso dar el paso. Entonces apareció el “plan B”: Daniel Giacomino, un radical que había convivido de estudiante con Juan Testa, actual socio de Juez, y a quien conocía de los días y noches de estudio en el departamento que “Giaco” y Testa –ambos de San Francisco– compartían en Avellaneda y Santa Rosa.
Dos décadas atrás Giacomino administraba el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC y parecía encarar con su rol la máxima de “hacer eficiente lo público”. Además de su amistad con Testa, “Giaco” tenía como terminal a Francisco Delich, el radical que conducía el rectorado.
“Le tuvimos que ir a pedir la mano a Delich”, describe un examigo de Juez que estuvo en las negociaciones de última hora, cuando el acto de lanzamiento en el desaparecido Orfeo Superdomo estaba en el horizonte.
El grueso del primer juecismo conoció a quien sería viceintendente en ese evento, en la presentación de la fórmula de los amigos de toda la vida que luego se pelearían para siempre. Con “Giaco” llegó Walter Nostrala, actual integrante del Parlasur, quien eligió el rincón de Juez en la pelea entre los dos intendentes.
Esa “avalancha caótica” y la propia inseguridad respecto de sus chances para doblegar a Unión por Córdoba hicieron que Juez “vendiera a cada socio” como un “número 1″, lo que implicaba “subirles el precio y pagarles de más”.
En ese marco, los peronistas desplazados de Unión por Córdoba y los filo radicales de Carlos Rossi (excluido del partido por haberle sido funcional a Germán Kammertah en 1999, bloqueando el triunfo de Mario Negri para la intendencia) vieron que el “fenómeno Juez” les regalaba una oportunidad.
Aunque Luis Juez tenía buenos vínculos políticos con Humberto Roggero, cacique del peronismo en Río Cuarto y uno de los primeros schiarettistas, fue Ernesto Martínez quien acercó a Gumersindo Alonso, quien llegó acompañado de Alfonso Mosquera. El exministro de Seguridad fue electo legislador provincial por el Partido Nuevo.
Otro grupo peronista fue Megafon, una agrupación ecléctica en la que convivían, entre otros, la actual legisladora de Hacemos por Córdoba Nadia Fernández y el actual secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad, Juan Domingo Viola.
Desde el radicalismo, el aporte lo haría la estructura que hasta cuatro años atrás le había respondido a Rubén Martí: confluyeron en el juecismo el reciente vecinalista Carlos Rossi y los exfuncionarios municipales Guillermo Marianacci (actual subsecretario de Gestión de Gabinete de la Municipalidad) y Carlos Funes, experto en Transporte y exfuncionario de Martí. Además, Delich ofrecía tropa morada.
Pero ese “grupo de vecinos” necesitaba emblema, y Juez lo encontró en Héctor “Pichi” Campana, el ídolo deportivo al que convenció de liderar la lista de concejales: “Triple de Juez”, tituló La Voz tras la cena que mantuvieron ambos para cerrar el ingreso a la política de Campana, actual titular de la Agencia Córdoba Deportes y el primer vicegobernador que tuvo Juan Schiaretti.
Juez ¿sin juecismo?
La politóloga Virginia Tomassini, en su tesis de doctorado, aborda el embrión del juecismo y cómo el propio Juez y sus relaciones con el poder “fortalecieron y debilitaron” al Partido Nuevo y su continuidad, el Frente Cívico; estructuras “carismáticas” dependientes del líder y sus decisiones, generalmente inconsultas, alejadas de prácticas colectivas, dinámica que se plasma en su construcción, alianzas y peleas.
Parafeseando a Tomassini, el juecismo se construyó en base a un antagonismo en el que los únicos honestos son quienes siguen ciegamente a Juez. “Los sectores heterogéneos que conformaron el momento embrionario del juecismo y su posterior desarrollo provincial se articularon sobre todo a través de dos cuestiones centrales: la creencia en Juez como líder de los distintos sectores y la lucha contra ‘la corrupción de los partidos tradicionales’”, dice Tomassini, en su tesis.
Aunque el desgranamiento de dirigentes nunca se detuvo, la derrota de 2011 –Juez perdió la gobernación contra De la Sota por casi 12 puntos– generó un éxodo de aquel primer grupo, de los fundadores. La de 2013 fue la última elección con Juez en el esquema progresista. Luego, doblaría sin guiño hacia Cambiemos, desde donde ahora proyecta buscar la gobernación.
Uno de los primeros juecistas, alejado para siempre de Juez, dice que fue en 2015 cuando el juecismo embrionario desapareció como tal: el fundador del Partido Nuevo, ya socio de Cambiemos, cerró un acuerdo con Riutort para disputar la Municipalidad. “Nos metimos en política para luchar contra lo que ella representaba; cómo íbamos a aliarnos con ella, cómo no iba a explicarnos por qué lo hacía”, dice un testigo de aquellas primeras mesas, cuando el ismo de Juez aún no tenía nombre ni sello y aún así quebró al bipartidismo.
