La administración del presidente Javier Milei no ha dado una cifra precisa, pero sí ratificó esta semana que a fines de marzo caerá una cifra aún no definida de contratos de empleados del Estado nacional que fueron extendidos en enero por sólo tres meses. Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el país, la cifra podría alcanzar los 70 mil cesanteados, un 30% de los más de 200 mil que conforman el plantel estatal de la administración nacional.
En Córdoba, el número de despedidos por la caída de esos vínculos laborales podría ser de varios centenares e incluso superar el millar. En la delegación local de ATE hay cautela por estimar un número y mucha preocupación por una realidad inédita, “nunca vista”, como la califican. “Serán unos centenares los contratos que se caerán la semana que viene. El panorama es desolador”, planteó Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.
El achique del plantel estatal se enmarca en el denominado plan “motosierra” que prometió Milei en campaña y que desde que asumió está ejecutando bajo la premisa de reducir al máximo el peso del Estado como una manera de alcanzar el equilibrio fiscal. Además, para el jefe del Estado, la reducción del staff de agentes públicos es una forma de terminar con nichos de “dirigencia política rentada durante el kirchnerismo”.
En toda la provincia, hay aproximadamente unos 10 mil trabajadores estatales nacionales. Están distribuidos en las empresas que dependen de la Casa Rosada con base en Córdoba. En ese grupo están Fadea, Fabricaciones Militares (Río Tercero y Villa María), la Conae y Dioxitek, entre las principales. A eso se suman las delegaciones locales de organismos como Anses, Pami, Renaper, Senasa, Conicet, Ministerio de Trabajo, Anac, Inta, Enacom, Inti y Migraciones.
El 30% del total de estatales cordobeses es contratado, copiando la proporción nacional. En ATE están en estado de “alerta máxima” porque descuentan que el recorte más fuerte e inmediato afectará a estos trabajadores que no son parte de la planta permanente estatal y que en varios casos tienen contratos mayores a los 20 años. Cobran sus sueldos y gozan de los beneficios de los efectivizados, pero sin la estabilidad laboral.
“Creemos que las no renovaciones se comunicarán entre martes y miércoles de la semana próxima. Hay mucha angustia”, dijo Giuliani sobre la situación.
Aunque no hay definición todavía, hay un grupo de trabajadores que podría quedar al margen del tijeretazo nacional. Se trata de aquellos que se desempeñan en las empresas estatales. Ese grupo de administraciones quedaron por fuera del paquete de firmas del Estado que serán privatizadas. Forman parte del acuerdo político al que habían llegado el gobernador Martín Llaryora y la Nación en la negociación de la fallida ley “bases” y que luego del feriado de Semana Santa volvería a ser tratada por el Congreso.
Son unos 3 mil trabajadores que, por ahora, conservarían la fuente laboral y están distribuidos en la Capital, Villa María y Río Tercero.
En cambio, el resto de los agentes públicos contratados que está en los organismos públicos del resto de la provincia –concentrados mayoritariamente en la ciudad de Córdoba– pende de un hilo que todo hace indicar que se cortará la semana que viene.
“No mueve el amperímetro”
En ATE hacen foco en dos cuestiones centrales para oponerse al recorte que ya comenzó y que se profundizará en las próximas semanas. Por un lado, se señala que el achique no es “significativo” para el presupuesto nacional. “Con excepción de Pami y Anses que cobran algo más, en el resto de los organismos nacionales los sueldos están entre “380 mil y 400 mil pesos” dependiendo de la antigüedad. “No mueven el amperímetro”, dicen los estatales nacionales, a diferencia de lo que plantea Milei en pos de equilibrar las cuentas públicas.
“Nosotros no somos la casta. Si tienen que ajustar que lo hagan arriba, los políticos y la casta rentada. Nosotros trabajamos, somos la mayoría profesionales”, afirma Giuliani.
El otro aspecto que se señala es que hay una decisión “selectiva” y “unitaria” del gobierno de Milei sobre dónde recortar. “Están cerrando y despidiendo personal del interior. Es una mirada bien unitaria. Hay un abandono del Estado de servicios que son muy importantes en el interior”, agrega Giuliani, que, además, asegura que en la media de la región, Argentina está “por debajo del promedio de cantidad de estatales”. “No es cierto que hay demasiados agentes; nosotros creemos que debería haber más, porque son necesarios”, refuerza en defensa de los intereses de ATE.
Martes, fecha clave
Los estatales agrupados en ATE decidieron el viernes una medida de fuerza para este martes 26. Paralizarán la actividad tanto de los organismos centralizados de la administración como de los descentralizados. La fecha elegida no es casual. En los últimos días circuló un instructivo entre los directores de área del Estado nacional que tendrán la responsabilidad de comunicar la desvinculación a los trabajadores. Como se viene un fin de semana largo, la recomendación sería comunicar el despido de manera oral el martes.
Son alrededor de 70 mil contratos laborales de los denominados Artículo 9 de la Administración Pública Nacional y otros 6 mil de los conocidos como 1.109, entre empleados transitorios y contratados.
En el Ejecutivo evitan precisar cifras y se señala, de acuerdo a trascendidos, que la reducción alcanzaría entre el 20 y el 30 por ciento de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14 mil y 21 mil a fin de mes, inferior al número que denuncian los sindicatos.
Cambios en la ley “bases”
En el borrado que difundió el oficialismo de la nueva ley “bases” se replica el contenido de la versión original. Allí se busca reformar aspectos legales del empleo público. Entre los aspectos centrales, se fijan las limitaciones en la participación de los trabajadores en la actividad política y gremial, el descuento de las jornadas de paro y se establecen diversos pasos para la relocalización de los contratos estatales, incluso a otros poderes y jurisdicciones nacionales, convenios mediante. Asimismo, avanza sobre los descuentos de la cuota sindical solidaria a la que los gremios se oponen tajantemente.
Por ejemplo, el capítulo IV de la nueva plantea una serie de reformas a la Ley de Empleo Público. Con la sustitución del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164, fija que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses”.
