Gustavo Lázzari, empresario y referente de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), elevó una fuerte advertencia sobre la situación económica de Argentina, señalando que la falta de reformas integrales pone en riesgo la capacidad productiva del país. El especialista remarcó que las empresas están “corriendo contra reloj” en un contexto de economía abierta, pero con “grilletes” que impiden la inversión y la generación de empleo.
Identificó al sistema impositivo y a la legislación laboral como los principales obstáculos.
Lázzari enfatizó que las reformas son la “condición necesaria” para que la economía pueda circular. Lamentó que se note una “suerte de dilación” en el debate sobre la reforma laboral y la impositiva, preocupándose por el “tema de los tiempos”.
Celebró la intención de provincias como Córdoba de bajar impuestos, pero enfatizó que se requiere una reforma “integral” del sistema fiscal argentino.
El cáncer impositivo y la competitividad
El economista sostuvo que el problema de fondo es que Argentina “cobra mal los impuestos”. Explicó que los tres niveles de gobierno —Nación, Provincia y Municipio— gravan simultáneamente las mismas bases (ventas, ganancias, propiedad y trabajo) con tasas altas, lo que genera una distorsión.
Apuntó a Ingresos Brutos como un problema central. Dio un ejemplo gráfico sobre las retenciones: una empresa de yerba en Corrientes ve cómo Misiones le retiene permanentemente capital. Lazzari calculó que a tasa cero de interés, esa empresa tardaría “300 años en recuperarla” al ritmo de venta actual.
Esta presión drena el capital de trabajo. Lazzari sostuvo que, en este contexto, las Pymes no pueden competir. El problema no es que el “competidor chino” sea más eficiente, sino que a la empresa argentina “lo afanan en cada una de las provincias” con impuestos que son “siniestros”.
Juicios laborales: el pasivo indeterminado
El segundo gran obstáculo para emprender es la legislación laboral, especialmente la “industria de juicio”. Para una Pyme, un litigio laboral es un “pasivo contingente indeterminado”.
Esta indeterminación es grave porque los jueces de cada juzgado (sea Morón, Córdoba o Catamarca) fijan su propia tasa de ajuste de sentencia, lo que significa que un reclamo inicial de 5 millones de pesos puede terminar costando hasta “100 palos” (millones).
Al no saber con qué monto final saldrá del litigio, los bancos evitan dar crédito a largo plazo. “Es lógico que los bancos no le den préstamos al tipo con pasivo contingente indeterminado”, sentenció Lazzari.
Límites para encarrilar la Justicia
Para limitar este riesgo, Lazzari sugirió establecer un límite al monto indemnizatorio, proponiendo un tope de diez meses de compensación para “cumplir con la Constitución” sin “romper la empresa”.
También es vital poner un límite al interés de ajuste que el juez puede aplicar, considerando razonable una tasa de inflación más un 3%.
Además, urgió a un “blanqueo de la realidad” para aclarar las zonas grises en la contratación de servicios externos (monotributistas, pintores, cosechadores). Si no se establece que el tipo es un proveedor, “te puede hacer un juicio”. La mejor protección ante estas probabilidades de judicialización es “no contratar”, lo que ralentiza la actividad económica.
Competencia global sin grilletes
Sobre la llegada de plataformas como Shein o Amazon, el economista afirmó que el cambio tecnológico es “inexorable” y que la regulación es muy complicada. La respuesta para las Pymes debe ser trabajar “tranqueras adentro” para ser lo más eficientes posible y diferenciarse, pero esto es inviable con los “grilletes” actuales.
Lázzari concluyó que si el gobierno nacional y los gobernadores logran sentarse para establecer un nuevo criterio impositivo y laboral, la productividad argentina es tan grande que el país “vuela”.
