Según datos de Centro Cívico, más de 300 intendentes ya firmaron el programa de Guardias Locales de Prevención y Convivencia. El programa que implementa el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, es uno de los que más impulso tiene en la gestión del gobernador Martín Llaryora.
El esquema fue creado a partir de la nueva ley 10.954, de Seguridad Pública y Ciudadana, que brinda el marco legal para el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana que llegó a los municipios.
Aunque el tema por ahora sólo se comenta por lo bajo entre los intendentes —entre ellos, algunos peronistas—, el programa estaría trayendo “más problemas que beneficios”, según admiten en privado varios jefes municipales.
“Es cierto que la Provincia aporta los móviles y la capacitación, pero la realidad es que el mantenimiento y el gasto de personal es una carga económica más para los municipios. Aunque hay dos problemas más importantes que el económico: en los pueblos, los vecinos creen que los guardias locales ‘son vagos que no hacen nada’ y los policías sienten que ahora tienen menos responsabilidades y no actúan. Puede ser que en algunos lugares funcione, pero la mayoría de mis colegas con los que hablo me repiten que este programa nos trajo más problemas que soluciones. Además, la gente nos culpa a los intendentes por la inseguridad. Terminamos compartiendo el problema de la inseguridad con el Gobierno provincial”, se sinceró un intendente del sur provincial, que no es radical.
No obstante, cada semana, en el Ministerio de Seguridad contabilizan los intendentes que se van sumando al programa. Para el ministro Quinteros, es uno de los “éxitos” de su gestión.
La interna radical “Capital” y la del interior
La interna radical entró en ebullición ante la posibilidad de que el diputado nacional Rodrigo de Loredo concrete un acuerdo electoral con los libertarios en Córdoba, de cara a los comicios legislativos de octubre.
De Loredo se muestra hermético y bajó el perfil en los últimos días, precisamente para no hablar de esta posibilidad. Sin embargo, dirigentes como Ramón Mestre y Carlos Becerra salieron a cuestionar este eventual acuerdo.
Por su parte, los intendentes radicales hoy están más preocupados por sus gestiones que en pensar en las elecciones legislativas. Sin embargo, en una reunión reservada que se realizó la semana pasada en el interior para tratar temas de gestión, se coló la cuestión política.
En ese asado que se realizó en una localidad del departamento Río Cuarto, a la cual asistieron más de 30 intendentes radicales, la mayoría se mostró a favor de un acuerdo con los libertarios. La conclusión general fue que, especialmente en los pueblos, el radicalismo “comparte” electorado con La Libertad Avanza.
“Lo que pasa es que siempre se habla de la interna radical que sucede en Córdoba, entre dirigentes capitalinos. En el interior no hay resistencia entre los radicales a compartir espacio con La Libertad Avanza. Más bien, diría que hay consenso en ir juntos”, admitió un intendente radical del interior que hoy no está cerca de De Loredo, pero tampoco del mestrismo.
El control del PRO provincial, en manos de la jueza Servini
En el mundo PRO esperan la resolución del contencioso abierto en la Justicia Federal porteña por la intervención del partido en Córdoba, dispuesta por Mauricio Macri.
El expediente está en el despacho del fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, quien debe dar su opinión a la jueza María Romilda Servini de Cubría, “la Chuchi”.
La histórica magistrada espera el escrito del representante del Ministerio Público Fiscal, pero sobre todo espera la elección porteña del próximo 18 de mayo, cuando el PRO puede perder la elección en su bastión y darle a Macri una piña en el mentón.
Servini puede convalidar la intervención de Macri o retrotraer lo actuado y regresar el sello del PRO a Oscar Agost Carreño, el diputado nacional que pertenece al bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.
Aunque no hay fechas ni plazos fatales, se especula que la resolución judicial será antes de que termine el semestre, justo cuando se defina el futuro electoral del PRO en Córdoba. ¿Será el PRO parte de la alianza que procura Rodrigo de Loredo con los libertarios y otros sectores no peronistas?
Llaryora se acerca a los evangélicos
Aunque faltan casi seis meses para las elecciones legislativas, se están acelerando los armados políticos. Uno de ellos es el que impulsa el gobernador Martín Llaryora con sectores evangélicos de Córdoba.
La semana pasada, el mandatario se reunió con el intendente de Santiago Temple, Marcos Ferace y Gabriel Larrahona, director ejecutivo de la Oficina de Culto Intermunicipal de la Provincia. Ambos están fuertemente ligados a “Parlamento y Fe”, el movimiento evangélico mundial que promueve el diálogo político.
La idea no es “cerrar” un acuerdo con sectores evangélicos, sino construir puentes con representantes políticos de esa religión que han ganado elecciones.
“Son evangélicos que tienen otro chip. Están bien vistos por los ‘pesos pesados’ de Córdoba y tienen el aval para ser un nexo. Es un fenómeno distinto, un ‘proto’ poder que se está formando”, explicó alguien que sigue de cerca las negociaciones.
En esa reunión, aseguran, Llaryora entronizó a Ferace como la voz de Hacemos Unidos para esa construcción.
En la misma línea se inscribió la visita del gobernador a Río Segundo días atrás, donde presentó un decreto de subvención a la escuela Theda Krieger, una prestigiosa institución evangélica que obtuvo el 100% del financiamiento para el funcionamiento del nivel inicial (cargos directivos y docentes). Hasta ahora era de gestión privada, pero pasa a ser de gestión mixta.
En ese acto, Llaryora estuvo acompañado por los mencionados Ferace y Larrahona, con quienes el año pasado había participado en CABA del “Desayuno Anual de Oración” junto a referentes de iglesias de toda la Argentina. En esa ocasión también estuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
