Cuando las expectativas del gobernador Martín Llaryora están concentradas en la aprobación del presupuesto provincial y en las negociaciones con la Casa Rosada por el presupuesto nacional del año próximo, en las calles se mueve otro pulso político: los gremios estatales cordobeses volvieron a marchar para exigir el fin de la emergencia previsional, mientras que otros sindicatos reclaman reabrir la discusión paritaria.
Cuatro de los gremios estatales más poderosos –judiciales provinciales, La Bancaria, Suoem y Luz y Fuerza– ocuparon este miércoles el centro de la escena al movilizarse por el centro de la ciudad Córdoba, hasta la sede de la Caja de Jubilaciones.
Allí, exigieron al Gobierno provincial derogar la ley de emergencia previsional, sancionada en diciembre de 2023, que elevó cuatro puntos los aportes de los empleados estatales.
A la misma hora en que estos gremios pedían eliminar el aporte adicional para financiar parte del déficit de la Caja, otros sindicatos estatales -entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y la Unión Personal Superior (UPS), que nuclea al personal jerárquico- solicitaron formalmente la reapertura de las paritarias, acordada hasta febrero de 2026.
Aunque por ahora solo cuatro gremios acordaron reclamar el fin de la emergencia previsional, la movilización de este miércoles mostró la presencia de otros sindicatos y el respaldo explícito de la CGT Córdoba, un dato político que no pasó inadvertido.
El reclamo gremial apunta a eliminar los aportes jubilatorios extraordinarios, poner fin al diferimiento de los haberes, suprimir el gravamen al doble beneficio previsional —previsto en el artículo 58 de la ley 10.694—, que impide cobrar dos haberes completos, y sumar representantes sindicales al directorio de la Caja de Jubilaciones.
La ley de emergencia fue el primer movimiento fuerte de Llaryora en materia previsional. En diciembre de 2023, recién asumido, envió un proyecto de emergencia previsional a la Legislatura, justificándolo en los reiterados incumplimientos del Gobierno nacional para girar fondos actualizados a la Caja de Jubilaciones. Para los estatales, el resultado fue inmediato: los aportes personales aumentaron cuatro puntos.
El impacto se sintió especialmente en los gremios de mayores salarios: judiciales, bancarios, Luz y Fuerza y Suoem, que pasaron de aportar el 18% al 22% de sus sueldos.
Tras más de un año sin recibir un solo peso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en esta gestión libertaria, el 14 de mayo pasado, el gobernador Llaryora firmó un acuerdo provisorio con la Nación en la sede de la Corte Suprema de Justicia.
En ese marco, la Anses se comprometió a transferir 60 mil millones de pesos, en 12 cuotas mensuales de cinco mil millones.
Ese flujo “a cuenta” forma parte de dos juicios en curso ante la Corte, y se complementa con otro compromiso: conciliar las auditorías del período 2019-2024 antes de marzo del próximo año.
Con ese ingreso mensual, Llaryora anunció un aumento cercano al 80% para los 5.600 jubilados que perciben la mínima, que no perciban otro haber. De este modo, pasaron a cobrar 700 mil pesos.
Negociación y reclamo
El nuevo capítulo del conflicto gremial se desarrolla en paralelo al tratamiento del presupuesto provincial y a la negociación -clave para la Casa Rosada- del presupuesto nacional.
Desde el Centro Cívico recuerdan algo que Llaryora ya había anticipado en mayo pasado: “La mejora para los jubilados provinciales está supeditada a un eventual acuerdo con el Gobierno nacional”.
En otras palabras, la ley de emergencia seguirá vigente, al menos, hasta marzo del año próximo, cuando vuelva a abrirse la instancia de negociación con la Casa Rosada.
El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, insiste en que la solución de fondo depende de un acuerdo sobre la deuda que surja de las auditorías del período 2019-2024.
En el Centro Cívico estiman que la deuda de la Anses con la Caja supera los 1.200 millones de pesos.
Pero los funcionarios llaryoristas dan por hecho que esa cifra no llegará en fondos frescos, sino que se integrará al régimen de compensación de deudas entre Nación y provincias.
El verdadero debate, advierten, se dará después del verano: definir el “flujo mensual” que la Anses enviará a la Caja de Jubilaciones.
La aspiración provincial es triplicar el monto actual –de cinco mil a 15 mil millones de pesos– para garantizar un piso de previsibilidad.
Solo entonces –aseguran en el Centro Cívico– se evaluará una mejora integral para los jubilados, que podría incluir revisar los aportes extraordinarios de los trabajadores y el diferimiento en el cobro de aumentos para el sector pasivo, los dos principales reclamos de los gremios estatales, que volvieron a reclamar en las calles.
